Con frecuencia somos testigos de los hechos violentos que ocurren en los llamados liceos emblemáticos del Gran Santiago. Estudiantes levantando barricadas y lanzando bombas incendiarias a buses del transporte público y a la fuerzas policiales son escenas que se repiten.

Desde Carabineros informaron que este año han detenido a 108 jóvenes alumnos por estos actos de violencia.

En la región la situación ha tendido a controlarse después de episodios complicados de agresiones, amenazas de bomba y hasta porte de armas de fuego dentro y fuera de las unidades educativas. Cada vez son menores, pero existe la preocupación que en cualquier momento haya un rebrote, principalmente, ahora que se acerca el fin de año.

Las protestas, en nuestra zona, han estado siempre ligadas al déficit de infraestructura existente en los recintos que en su momento impedía mantener el distanciamiento social y otras de mayor complejidad como la falta de salas y talleres acondicionados para las actuales necesidades.

No obstante, hay un alto porcentaje de hechos violentos que no se explican bajo una demanda de mejoras. Son más situaciones de ira, necesidad de imponerse por la fuerza o la falta de tolerancia en este nuevo relacionamiento entre la comunidad escolar.

De hecho, el juzgado de la Familia de Antofagasta dictaminó la instalación de detectores de metales y cámaras de vigilancia, como una medida de control de la violencia y evitar que el daño a la integridad física de las personas sea mayor.

Fue el mismo magistrado, Jorge Saavedra, en conversación con El Mercurio de Calama, que respaldó su resolución y manifestó que hoy son muchos los factores que inciden en las demostraciones de violencia en la educación. Entre ellos, la alta migración, el acceso a las drogas y la falta de legitimidad de las autoridades, partiendo por los padres pasando por profesores, carabineros hasta los pertenecientes al más alto poder político.

Además de las consecuencias propias de la extensa pandemia y sus confinamientos.

Y como el problema es multifactorial la salida también requerirá de una labor en la que se involucren diversos actores de la sociedad. Ello para retomar la armonía en las unidades educativas.

El desafío antes del fin del año lectivo debieran estar en sentar las bases de: cómo se mejora la infraestructura escolar y cómo se forman instancias multidisciplinarias de solución a la violencia.

Esta semana, el ministro Marco Antonio Ávila sorprendió a todos al entregar una cifra que nos había sido esquiva: hoy en Chile 227 mil niños, niñas y jóvenes están fuera del sistema escolar. Antes de la pandemia, el número superaba los 186 excluidos; en 2021, supimos que la pandemia había impedido a otros 40 mil volver a clases. Y ahora sabemos que en 2022, 50 mil no regresaron.

Hay un quinto más de adolescentes pateando piedras en las esquinas de las poblaciones más vulnerables, cuidando a sus hermanos o abuelos, trabajando de manera informal y precaria, o atrapados por las nefastas redes del narco o de la delincuencia común que en 2019.

Fundación Súmate trabaja por disminuir ese número, pero no es fácil. Está la dificultad de reencantar a estudiantes en su mayoría en situación de pobreza que han sido apartados por un sistema educativo rígido que no tolera las diferencias y los problemas de todo tipo que esta población enfrenta.

El Estado cuenta con dos dispositivos que se hacen cargo de estos niños y niñas: la EPJA (Educación para Jóvenes y adultos), dirigida a jóvenes y adultos que desean iniciar o completar estudios. Su diseño técnico se orienta a los mayores de 18 años y excepcionalmente de los de 15 en adelante. Es decir, su foco son adultos y está mucho más dedicada a la inserción laboral que a la continuación de estudios, pese a que el 60 por ciento de quienes la usan tienen entre 12 y 21 años. Y los fondos de reinserción y las aulas de reingreso, que a diferencia de la EPJA, focalizan la atención en la población de entre 10 y 21 años. Acá el financiamiento se otorga a instituciones de la sociedad civil y/o establecimientos educativos que hacen un trabajo integral de reparación y recuperación de las trayectorias educativas de los excluidos.

Nosotros somos parte de esta segunda modalidad y, año a año, padecemos el calvario de conseguir financiamiento, ya que éste se ve sometido a las necesidades y criterios políticos del momento, sin pensar que un trabajo reparatorio tan delicado e importante requiere estabilidad económica para funcionar.

Aunque parece evidente que el costo por estudiante de reingreso debiera ser más alto que el promedio de la educación regular, el Estado aporta sólo 75 mil pesos por alumno. Para saldar la diferencia, los últimos años hemos contado con un aporte promedio adicional de 64 mil pesos mensuales por alumno atendido de Fundación Huneeus. Ambas cifras están por debajo de los 100 mil pesos mensuales de copago promedio que una familia aporta a la educación de sus hijos en la educación particular subvencionada. Y están muy por debajo de lo que el Estudio de Modelo de Reingreso 2019 plantea: el gasto 500 mil pesos mensuales por niño, niña o joven que busca recuperar sus estudios truncos y está rezagado y desescolarizado.

Es paradojal que los más vulnerables y excluidos del sistema escolar sean los que menos recursos reciben del Estado cuando quieren volver a estudiar. Para hacerles justicia y avanzar con urgencia y eficiencia en políticas de revinculación y reingreso, se requiere terminar con presupuestos mezquinos e inestables y con una política de reingreso ad hoc y permanente.