Jonathan Villella C.

Cerca de un 50% aumentaron las ocupaciones irregulares en el borde costero de Tocopilla, desde el 2020. Así lo expuso la alcaldesa de dicha ciudad Ljubica Kurtovic, quien además señaló que la mayoría de los ocupantes desde entonces (poco más de 1.100 personas), son en su mayoría familias de la misma comuna o provenientes de Calama.

La situación, que según explicó, se debió principalmente a la pandemia "ya que muchas familias buscaron alejarse de las multitudes", se ha vuelto un fenómeno transversal en todas las caletas, situación por la cual han comenzado a realizar diversos levantamientos de información, a fin de fiscalizar la situación.

"Esto no es nuevo, las tomas en estas caletas provienen desde los años 90's, cuando comenzaron las construcciones de segundas viviendas; no obstante, este fenómeno se intensificó por el tema de la pandemia del covid, especialmente cuando entregaron los 10%, ya que mucha gente empezó a construir", enfatizó.

Agregó que "la mayoría de estos de estas 'segundas casas', son personas, vecinos del Tocopilla, y en algunas caletas, también gente de Calama, personas que llegaron y no se fueron más (...) sabemos que la delegación presidencial regional está trabajando junto con carabineros y la Armada, sacando rucos de extranjeros y aquellos informales, pero todo eso tiene que moderarse y establecerse por parte del gobierno y de Bienes Nacionales, con quienes desde 2020, hemos tenido apenas una reunión para hablar del tema".

La alcaldesa comentó además que producto de lo anterior (inacción de las entidades gubernamentales regionales), el municipio comenzó un levantamiento de información a fin de establecer datos como la cantidad de personas en tomas y otros antecedentes.

Catastro

Al respecto, el director de la Secretaria Comunal de Planificación, de la municipalidad de Tocopilla, Pablo Oyarzún, explicó que desde octubre del año pasado, comenzaron un catastro en los distintos campamentos, a fin de ver posibles soluciones.

"Hemos hecho un trabajo en terreno, juntándonos con agrupaciones y vecinos que poblaban el borde costero, para visualizar qué es lo que necesitan (...) el año pasado comenzamos con un levantamiento de información en conjunto con Dideco, para saber los porcentajes de espacios ocupados en el territorio, la cantidad de habitantes que tenemos, poder diferenciar los habitantes por grupos etarios, ocupación, etc., pero es un proceso que aun no terminamos de cuantificar, debido a lo complejo del fenómeno". Según Oyarzún la tarea se ve dificultada porque la toma de terrenos no ha cesado.

Oyarzún comentó además que fue gracias a este levantamiento de información, que se logró determinar que entre el 2020 y el primer semestre del año en curso, poco más de 1.170 personas viven en segundas casas en tomas rurales, en el borde costero.

"En el sector norte de la ciudad tenemos 892 asentamientos, en el sector sur, 1.450. La mitad de estas personas llegaron con la pandemia, gracias a los 10%, bonos y ayudas que dio el gobierno. Fue con ese dinero que se construyeron estas cabañas (...) actualmente hay una desaceleración del fenómeno, respecto a la toma de terrenos desde el inicio del segundo semestre, creemos, motivado por el escenario económico actual, el hecho que no hay retiros y los materiales están mucho más caros. Hoy la gente gasta en su primera vivienda", dijo.

Apoyo

Consultado por las acciones que tomará el municipio, para subsanar la situación de la toma irregular, el director explicó que "vamos a apoyar a las comunidades a que puedan regularizar sus propiedades, evidentemente partiendo del criterio de que el primero a regular es el trabajador de mar, ya que en realidad es una ocupación del territorio que tiene que ver con su ocupación laboral. Ese sería el primer criterio y de ahí vamos a darle privilegios a los otros grupos, son diferentes grupos conviviendo en un mismo territorio. Son pocos los asentamientos que tienen un grupo único, por ejemplo, que sean solamente segundas viviendas o solamente pesqueros".

Llamado

Sobre el punto, y en una entrevista anterior a este medio, la seremi de Bienes Nacionales, explicó que "es importante que las personas en el borde costero de Tocopilla, no sigan tomándose los terrenos, porque vamos a llegar hasta allá. Ya sabemos sobre estas ocupaciones, y la idea es trabajar con las caletas, pero con las familias que han vivido por generaciones y desarrollan su actividad laboral dentro de los 80 metros. No trabajaremos con los camping, con los balnearios, ni segundas viviendas, como hemos visto".

"La idea es trabajar con las familias, no con los camping, los balnearios o las segundas viviendas. Por eso la idea es que no se sigan tomando estos terrenos".

Angelique Araya, Seremi de BBNN

Luego de cuatro días de juicio, el Tribunal Oral en Lo Penal de Antofagasta condenó por homicidio calificado a los tres involucrados en el crimen del joven camionero Byron Castillo, quien murió tras ser lanzado desde un paso nivel en la Ruta 1 luego de un altercado con un grupo de venezolanos.

El hecho ocurrió el pasado 10 de febrero y conmocionó a la comunidad debido a la brutalidad del crimen. En el juicio, testigos, peritos y los mismos condenados, dieron testimonio de lo que ocurrió ese día.

Finalmente ayer, tras los alegatos de clausura tanto de la Fiscalía, querellantes y defensas, el tribunal por unanimidad decidió condenar a Edgardo Siso Mosqueda, Víctor Alfredo Arcilla Arambule y un menor de edad identificado como J.R.

Los años de condena serán dados a conocer el próximo 26 de noviembre. La Fiscalía pidió 20 años de presidio en su grado mayor y la defensa solicitó 15.

Los hechos

El tribunal -integrado por los magistrados Llilian Durán Barrera (presidenta), Álvaro Lezama Orellana y Patricia Alvarado Padilla (redactora), arribó a la convicción, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente al mediodía del 10 de febrero de 2022, "(…) comenzó a desarrollarse un altercado en la Ruta A-1, a la altura del kilómetro 29.400, comuna de Antofagasta, en el sector donde se encuentra un paso superior a la línea férrea, entre choferes de camiones y un grupo de personas que transitaba por la ruta, entre los cuales se encontraban los acusados Edgardo Rafael Siso Mosquera, Víctor Alfredo Arcilla Arambule y J.D.R.Z. Momentos después de concluido dicho altercado, la víctima de iniciales BLCH se encontraba sola en el paso sobre nivel referido, en proceso de retirarse del lugar, dado que los otros camioneros ya se habían marchado".

En dicho contexto, "los tres acusados, de forma deliberada y con la intención de matar a la víctima, se acercaron a esta por la espalda, de modo que no pudiera verlos, y, aprovechando su superioridad numérica, lo empujaron por la barrera del paso sobre nivel hacia el vacío cayendo desde una altura aproximada de 9 metros. Producto de lo anterior, la víctima falleció en el lugar. Por su parte, los acusados huyeron del sitio del suceso.