Crimen organizado: urge política nacional
"No podemos seguir cediendo espacios de nuestra convivencia a la violencia en sus distintas manifestaciones" . Pedro Araya Guerrero, Senador Región Antofagasta
Como delincuencia globalizada ha sido definido internacionalmente el crimen organizado, ya que se trataría de una de las consecuencias - no deseadas ni esperadas- de este proceso mundial en el que se transmiten ideas, significados e incluso modos de actuar
Nuestro país enfrenta, hoy, sin duda, un momento complejo en términos de seguridad. Si bien las cifras referidas a las mediciones tradicionales del delito, como los de mayor connotación social, no han evidenciado un aumento problemático, sí existen conflictos delictivos asociados a nuevas figuras que, en antaño, carecían de una connotación especial por su baja frecuencia. Justamente entre ellos, se encuentra el crimen organizado.
En Chile, como lo ha señalado el propio Ministerio Público "el crimen organizado no es un delito en sí mismo, se trata de una denominación genérica que se les da a aquellos ilícitos en los que actúan grupos de personas en forma organizada", como es el caso de la asociación ilícita.
Junto a lo anterior, es necesario tener en cuenta que el crimen organizado se desarrolla normalmente con otras actividades como el narcotráfico, la trata de personas -en especial con fines de explotación sexual y trabajos forzados-, el tráfico de migrantes, de armas, el secuestro extorsivo, la prostitución, el sicariato y las pandillas.
Sin embargo, frente a esta realidad sí es posible encontrar ejemplos de buenas prácticas en el combate el crimen organizado como el desarrollado por la Policía Nacional de Colombia que elaboró una Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado con el fin de llevar acabo un modelo de investigación que se basara más en el acopio de información que en el trabajo caso a caso, pudiendo así generar mejores análisis sobre las estructuras de las bandas que operan, su conformación, modus operandi, y entender cómo financian sus ilícitos.
Otro de los aspectos que involucra estos tipos de delitos es la evolución que tienen en sus modus operandi, lo que hace justamente difícil su detección y regulación penal, y que en el último tiempo ha conllevado a incorporar los denominados procesos de tercerización en ciertas actividades, como la vigilancia, por ejemplo, que es entregada a bandas de delincuencia común y hasta a terroristas.
Luego de los procesos vividos en el estallido social, y quizás en algunos casos mucho antes, he insistido en distintos escenarios en la necesidad de fortalecer y cuidar nuestras instituciones y que los cambios necesarios que deban llevarse a cabo - como lo es la nueva constitución- en ningún caso impliquen una merma a la confianza o a la solidez de las estructuras institucionales.
Hoy, urge impulsar una política nacional contra el crimen organizado que implique el trabajo coordinado de distintos actores como policías, fiscales, aduanas, servicio de impuestos internos, Poder Judicial y representantes del poder ejecutivo, tanto a nivel nacional como regional e internacional. En esto último, sería interesante, mirar, escuchar y tomar nota de modelos y experiencias de otros países que, con bastante éxito, han llevado adelante lineamientos para el combate a dicho flagelo. No podemos seguir cediendo espacios de nuestra convivencia a la violencia en sus distintas manifestaciones.