Dos personas murieron ayer en una protesta en la ciudad de Ayacucho, en el sur de Perú, cuando trataron de tomar el aeropuerto de la localidad, con lo que la cifra de muertes subió a 14 desde el domingo en las manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente, luego del intento fallido de autogolpe del depuesto presidente Pedro Castillo.
Ayer, además, el exmandatario se enfrentó, al cierre de esta edición, a una audiencia en la que fue revisada la medida de prisión preventiva mientras se investiga su actuar cuando intentó disolver el Parlamento. Un juez supremo decidió extender por 18 meses más esta cautelar.
"Tras el fallecimiento de dos personas y decenas de personas heridas durante intento de toma del aeropuerto por parte de manifestantes, exigimos al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros", pidió la Defensoría del Pueblo en Twitter.
Poco antes, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ayacucho detalló en un comunicado el fallecimiento de la primera víctima, que murió como "consecuencia de los enfrentamientos que se registran en las inmediaciones del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte".
Anteriormente, medios locales reportaron que los manifestantes habían tratado de tomar el aeropuerto y que la Policía Nacional de Perú junto a las Fuerzas Armadas les hicieron retroceder. Fuentes policiales incluso denunciaron que los manifestantes habían disparado contra el aeropuerto.
La Diresa de Ayacucho también confirmó que diez personas resultaron heridas y fueron atendidas en el Centro de Salud de Conchopata y en el Hospital Regional.
Anoche, el Gobierno peruano ordenó un toque de queda nocturno en 15 provincias ubicadas en ocho departamentos de los 24 que tiene el país, tras una jornada en la que murieron muerto al menos seis manifestantes antigubernamentales, lo que elevó la cifra de fallecidos a 14 desde el pasado domingo.
Acciones pro castillo
Durante la tarde, mientras se desarrollaba la audiencia judicial por la prisión preventiva para Castillo, decenas de manifestantes -la mayoría de bases sindicales de docentes-pedían su liberación en las afueras de la Dinoes, donde el exmandatario está recluido.
Al mismo tiempo, más de mil agentes policiales y Ejército estaban desplegados en el centro de Lima. Por su parte, la Confederación General de Trabajadores del Perú, principal agrupación sindical del país, pidió ayer la renuncia "inmediata" de la presidenta del país, Dina Boluarte, como la mejor opción para salir de la crisis política y social que atraviesa el territorio".
Estado de Emergencia
En medio del caos que reina a pesar del decreto de estado de Emergencia que emitió el Gobierno de Boluarte el miércoles, la Cancillería chilena señaló que se mantienen en "alerta y actuando coordinadamente para dar respuesta a las consultas y solicitudes recibidas por parte de connacionales chilenos ubicados en diversos puntos del territorio peruano", especialmente en Lima y Tacna, donde existen legaciones nacionales.
Asimismo, autoridades francesas recomendaron ayer a sus ciudadanos que restrinjan sus viajes por Perú y que se desplacen con prudencia ante el riesgo para su integridad a causa de las manifestaciones.
En esa misma línea, el Gobierno portugués informó ayer que cuarenta de sus nacionales retenidos en Perú por el cierre de aeropuertos y carreteras se encuentran "seguros" y en contacto con su Embajada en Lima para abandonar el país en cuanto sea posible, un llamado similar al que realizó a inicios de esta semana Estados Unidos.
Prisión preventiva
Al cierre de esta edición, el juez supremo Juan Carlos Checkley accedió a ordenar la prisión preventiva de 18 meses para el destituido expresidente Castillo, como pidió la Fiscalía, mientras que para el exprimer ministro Aníbal Torres dictó solo arraigo y comparecencia con restricciones.
A Castillo se le imputan los presuntos delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad y la Fiscalía estima que enfrenta posible condena que superará los cuatro años de cárcel y que puede llegar hasta 10 años, por intentar un autogolpe de Estado.
El juez estimó que en el caso de Castillo existe un peligro de fuga, debido a que mantiene diversas investigaciones en su contra, lo que hizo que se inclinara por los 18 meses de prisión preventiva solicitados por la Fiscalía, al considerarla una medida "razonable y proporcional".
