La visita del Papa a Cuba se decidió el pasado viernes -penúltimo día de 1988- en La Habana durante un encuentro entre Fidel Castro y el cardenal francés Roger Etchegaray, presidente de la Comisión Justicia y Paz, considerado como embajador itinerante de la Santa Sede ante los países de América Latina y el Tercer Mundo.
Según informaciones de la prensa norteamericana, el Gobierno de Washington, en lo que parece ser un cambio de política ha dejado de apoyar al Sha y también está pidiendo al emperador que se vaya cuanto antes del país. Pero oficialmente, los diplomáticos estadounidenses en Irán siguen apoyando al Sha.
El Presidente Gabriel Boric ha justificado el indulto otorgado al exfrentista Jorge Mateluna señalando: "Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que se me haya ocurrido de manera individual, sino que es la opinión del exdecano de la Facultad de Derecho Davor Harasic y de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso".Me pregunto si el Presidente habrá reparado que su argumento es precisamente el que invalida numerosos juicios contra exmilitares hoy condenados injustamente por la justicia, como lo ha demostrado el jurista Adolfo Paúl Latorre en cartas, columnas y libros publicados. Recomiendo en especial la lectura del texto "Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades" (Editorial El Roble, Santiago, tercera edición, 2015, 761 páginas).
Debiera el Presidente informarse al respecto y preparar los correspondientes indultos.
Francisco Bartolucci Johnston
Diversas personas opinan que la institución del indulto es un resabio monárquico que no se justifica en una democracia representativa como la nuestra.
Pienso que la facultad que tradicionalmente ha tenido el Presidente de la República para otorgar indultos particulares (art. 32 n° 14° de la Constitución Política de la República) debe ser mantenida no solo por razones humanitarias y a fin de abrir espacio a la clemencia y a la misericordia, sino que también para dejar sin efecto las penas establecidas en sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes.
Adolfo Paúl Latorre
La propuesta de algunos parlamentarios oficialistas, acogida por el Ejecutivo, de un proyecto de cárcel especial para internos de pueblos originarios, muestra una desconexión de parte de la clase política frente a las urgencias sociales y la realidad carcelaria del país. Por un lado, porque las prioridades no se condicen con la realidad. Por otro, porque se asemeja a la fallida propuesta de la Convención Constitucional que planteaba sistemas de justicia diferenciados, lo que fue ampliamente rechazado por la ciudadanía.
Desde un punto de vista histórico, los penales siempre han sido foco de críticas por las condiciones en que se vive dentro de ellos, lo que sigue vigente en nuestros días, según consigna un informe del INDH presentado en enero de 2022. Al mismo tiempo, la aplicación de las penas no siempre ha dado los resultados esperados, que son la rehabilitación y reinserción social de los internos.
Por esto, llama la atención la actitud de la ministra Ríos, quien hizo énfasis en que el objetivo central era cumplir con estándares necesarios "en materia de interculturalidad o en materia de seguridad".
La realidad carcelaria es lamentable y los internos viven en condiciones paupérrimas. Por esto, antes que la creación de una cárcel especial para internos de pueblos originarios, urge que las instituciones encargadas cuenten con los recursos y herramientas necesarias para mantener los estándares mínimos de higiene, alojamiento y alimentación, entre otros, para todos los privados de libertad por igual.
Monserrat Risco Parada Investigadora Faro UDD
Compartiendo plenamente la alegría y orgullo por la botadura y lanzamiento del rompehielos "Almirante Viel", planteada por el Sr. Gustavo Astorquiza en su carta del 29 de diciembre, quisiera destacar la relevancia de lo expuesto en cuanto a que la construcción naval nacional requiere un plan estratégico gubernamental que sea continuo y de largo plazo.
Afortunadamente, la Política Oceánica Nacional vigente en su área sectorial "Desarrollo Económico" contiene un acápite especial bajo el título de "Industria Naval", explicitando que ella es "determinante en el desarrollo económico de un país oceánico como Chile", estableciendo junto a esta aseveración los objetivos y acciones específicas para el potenciamiento y desarrollo de la industria naval.
Esperamos que el Programa Oceánico Nacional, recientemente aprobado pero aún no publicado y el cual fue concebido para la implementación y seguimiento de una política pública como lo es la Política Oceánica Nacional, considere dentro de sus iniciativas la importancia explicitada en la Política Oceánica para la Industria Naval.
Carlos Fanta De la Vega