Luis Grandón

Representantes de las comunidades indígenas de Atacama la Grande destacaron el inicio de las acciones que permitirán abordar la demanda territorial de los pueblos originarios en la provincia El Loa, específicamente en la comuna de San Pedro de Atacama. Esto en el marco de la visita de la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, quien lideró la primera sesión de la "Mesa de Desarrollo Territorial del Área de Desarrollo Indígena Atacama La Grande".

Desde el Consejo de Pueblos Atacameños Lickanantay (CPA), manifestaron que instancias como ésta permiten acercar posiciones frente a una demanda que mantienen los pueblos originarios, no sólo de San Pedro de Atacama, sino que de todo el país.

Es así que, desde la Unidad Jurídica del CPA, destacaron que en la instancia se pudo exponer el acta de acuerdos adoptados en la comunidad de Río Grande, para la instalación de la primera mesa de Gobernanza Territorial, como plataforma de unidad de todos sus habitantes para demandar al Estado la transferencia de la tierra Atacameña, comprometida en el artículo 3 transitorio de la Ley 19.253.

DEMANDA

Al respecto, el expresidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Manuel Salvatierra, relevó estas instancias, que de acuerdo a sus palabras son acciones que se dan tras un largo proceso, el cual se inició con la instalación del nuevo Gobierno, al cual hicimos presente nuestro reclamo de años, por obtener el reconocimiento y restitución de tierras que históricamente nos pertenecen.

"En su oportunidad y también a fines de 2022, siendo representantes del CPA tuvimos la oportunidad de manifestar nuestra postura al respecto a lo establecido en la Ley Indígena, que establece el reconocimiento de la ocupación del territorio ancestral y a la vez permitiría el poder restituir tierras a los pueblos originarios del país, en esta caso a los pueblos Atacameños Lickanantay", sostuvo Manuel Salvatierra.

COMPROMISO

En este sentido, Salvatierra relevó el hecho de que como representantes de las comunidades de Atacama La Grande se insistió a las nuevas autoridades para dar curso al compromiso establecido en la Ley Indígena y establecer las acciones que permitan avanzar formalizar este requerimiento de años que mantienen los pueblos de la precordillera de la Región de Antofagasta.

"Nuestra del Área de Desarrollo Indígena (ADI) Atacama La Grande Nos vemos enfrentados a distintas situaciones, entre éstas el turismo, que claro, cada comunidad administra sus propios lugares de visitación, pero a su vez es imprescindible que, pese a que existan iniciativas que generen ciertos beneficios a los pueblos originarios, debemos trabajar, todos los actores involucrados, en avanzar hacia el reconocimiento de la ocupación de los territorios y dar pie al proceso de restitución territorial , que sabemos será un proceso largo en el cual se deben adoptar acuerdos, pero con la esperanza de que estos se cumplan en el transcurso del actual Gobierno", precisó el expresidente del CPA.

DEUDA

En este sentido, desde el Consejo de Pueblos Atacameños, explicaron que además de la gobernanza, este tipo de instancias tienen por principal objetivo resolver la deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo Atacameño-Lickanantay, en cuanto a tierras y agua, por lo que es necesario establecer planes y acciones claras para así definir un plan de administración y conservación del territorio.

Así también, en relación al proceso de instalación de esta mesa de Gobernanza Territorial, y los alcances que pudiera tener en otros temas, desde la Unidad Jurídica del CPA indicaron que "la mesa tuvo su primer impulso en diciembre del 2022, y que se trata de un proceso de deliberación que tomará su tiempo al ritmo propio de las organizaciones y representantes, junto a los demás actores que participan en ella.

Funcionarios de la PDI y de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol de Santiago detuvieron en Antofagasta a un sujeto identificado como Jorge Zamora Vásquez de 26 años, quien era buscado internacionalmente por la policía colombiana por encargos vigentes en su país, relacionados con delitos de homicidio, tráfico de armas, drogas y otros relacionados con el crimen organizado transnacional. El delincuente, de 26 años y de origen colombiano, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía hoy para la correspondiente audiencia de control de detención, de acuerdo a la orden y decreto emanada de la Corte Suprema de Justica, en virtud a los tratados y acuerdos vigentes entre los países.

ingreso ilegal

Según el subprefecto Cristian Serón Leal, jefe nacional subrogante de Cooperación Internacional de la PDI, el detenido "no registra movimientos migratorios por pasos habilitados y controlados por la PDI", por lo que se presume que habría ingresado al país ilegalmente. "Esto es una nueva muestra de la cooperación policial internacional, encabezada efectivamente por la OCN Interpol de Santiago, a través de otros equipos multidisciplinarios de la PDI de Chile, que logró este exitoso resultado, también en cooperación y coordinación con la Policía Nacional de Colombia", dijo Serón.

El funcionario también explicó que en este tipo de casos, que requieren cooperación internacional, " se inicia con el encargo judicial respectivo en el país de origen, el que es remitido a la OCN de ese país, en este caso de Colombia; y luego se transmite a través de mensaje oficial, a las OCN donde esa oficina de origen, piensa o cree que puede estar el blanco de investigación". Además, en la base de datos de Interpol, según dijo, "está disponible las 24 horas los encargos de todos los prófugos de la justicia a nivel internacional, quienes tienen este tipo de alerta denominada 'Difusión Roja'".

Así, Serón señaló que los detectives, "al percatarse de la presencia de un sospechoso que ha sido buscado a nivel internacional, revisan los antecedentes en la base de datos de Interpol y la OCN Santiago se articula con otras unidades de la PDI a nivel territorial, dependiendo la zona geográfica donde se presume que se encuentra esta persona con el objetivo de lograr el resultado que se obtuvo en este caso".

Fiscalía

La Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la prisión preventiva del imputado a fin de asegurar su comparecencia a los actos del procedimiento por los delitos de receptación y uso de placa patente falsa, y además, en su condición de prófugo de la justicia colombiana quede disponible para los actos procesales de la extradición dispuesta por el estado de ese país y que debe ser tramitada ante la Corte Suprema, tiempo en que quedará detenido a la espera de los que se resuelva en definitiva ante el máximo Tribunal.

El Juzgado de Garantía de la ciudad dispuso la prisión preventiva del imputado.