La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en el informe "Proyección de la producción de cobre 2022-2033" destacó que si bien los resultados obtenidos en la proyección de producción esperada de cobre para el periodo 2022-2033 muestran un crecimiento respecto de la producción real de 2021 de 17%, es bastante menor a las proyecciones realizadas en años anteriores.
A un paso de firmar el primer Acuerdo de Producción Limpia (APL) de la construcción está la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta, esto luego de concretar la etapa de validación de la propuesta elaborada en conjunto con representantes del sector público en talleres de diagnóstico realizados durante el año pasado.
La instancia de validación contó con la participación de profesionales de Vivienda, Obras Públicas, Salud, Serviu, Corfo, Municipalidad, y empresas constructoras asociadas a la CChC.
El proceso que inició en marzo de 2022 cuenta con el respaldo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, comité dependiente de Corfo encargado de aprobar y acompañar el desarrollo del APL, que en este caso busca avanzar paulatinamente en la transición hacia la economía circular en el rubro constructor local. Además, cuenta con el apoyo técnico de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, a cargo de la coordinar la elaboración del acuerdo.
"Tenemos un respaldo importante para garantizar la legitimidad de un acuerdo cuya propuesta recoge las opiniones y visiones de una amplia gama de actores del sector público y privado. Desde un inicio sostuvimos que con participación multisectorial era la mejor y única forma de elaborar un documento que estableciera reglas claras y realistas de cumplir", declaró la presidenta de la CChC, Marcela Torres.
La presentación de la nueva directiva de la Asociación de Gobernadores, encabezada por el gobernador regional Ricardo Díaz, tuvo entre sus hitos la firma de un protocolo de acuerdo con el gobierno central que busca profundizar el proceso de descentralización fiscal.
Con ello los gobiernos regionales esperan avanzar a una mayor flexibilidad y autonomía fiscal. Parte de ese propósito será abordado en la etapa de anteproyecto de ley de rentas regionales y descentralización fiscal que se espera discutir este año.
Para la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, el marco acuerdo para la descentralización fiscal "es un proceso gradual, que debe ir avanzando en diversas aristas de manera ordenada. Si otorgamos más recursos, pero no hay traspaso de competencias no será un proceso exitoso. Al revés, si otorgamos más competencias, sin un mayor traspaso de recursos, tampoco lo será. Por eso, desde el Ministerio de Hacienda, estamos legislando el proyecto de royalty que tiene un componente de mayor aporte directo a las regiones. Es necesario también generar mecanismos de responsabilidad fiscal y de rendiciones de cuentas", indica.
¿Cuáles son los principales puntos del proyecto de ley de rentas Regionales y descentralización fiscal?
-Desde el Ejecutivo, creemos que parte del estancamiento productivo que ha tenido nuestro país, pasa por la excesiva centralización de respuestas a diversos problemas. Lo cuál hoy es más complejo a la luz de gobiernos regionales electos. Ante ese diagnóstico, el proyecto de ley se estructura sobre la base de tres ejes. El primero, agrupa las modificaciones necesarias para mejorar la regulación y funcionamiento de las actuales fuentes de ingresos de los gobiernos regionales (como patentes y derechos), y el reconocimiento para generar nuevas fuentes de ingresos propios (como tasas bajo condiciones definidas en la ley). Además, se proponen cambios sustantivos a los actuales fondos y se regulan nuevos instrumentos de compensación y equidad interregional.
El segundo eje apunta a otorgar mayor flexibilidad presupuestaria, de temas en que ya avanzamos en la Ley de Presupuestos 2023 pero pensando en una fórmula más permanente. Finalmente, el tercer eje introduce cambios que buscan compensar la mayor autonomía y flexibilidad fiscal con nuevas y mejores herramientas de responsabilidad y disciplina fiscal que se aplicarán al Gobierno Regional (incluyendo a los consejeros regionales). También incorporaremos mayores exigencias de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y otros mecanismos para resguardar la probidad en la función pública regional.
Desde los Gobiernos Regionales se aboga por la mayor flexibilidad fiscal, pero lo cierto es que bajo el actual modelo, se produjeron hechos como millonarias compras a empresas exprés o se transfirieron millonarias sumas para la compra de cajas de alimentos a empresas que no contaban con respaldo. ¿Qué mecanismos contempla Dipres para compatibilizar flexibilidad con control presupuestario?
-Para los mayores niveles de flexibilidad fiscal, se requieren como contrapartida, herramientas de responsabilidad y disciplina fiscal, siguiendo las mejores prácticas internacionales y prestando mucha atención a los procesos y experiencias comparadas en descentralización fiscal para evitar que estas nuevas facultades y flexibilidad pongan en riesgo la sostenibilidad fiscal.
Por otra parte, para asegurar la probidad en el uso de los recursos públicos en este proyecto de ley incorporamos medidas eficaces que corrijan problemas actuales de la regulación, que precisamente facilitan hechos a los que se hace mención. El proyecto considera nuevas y mejores herramientas en esta dirección, en ámbitos como las compras públicas, la prevención de conflictos de interés y otros asuntos vinculados con el día a día de los Gobiernos Regionales.
Materias como los recursos del 8% para la concursabilidad de fondos, tienen escasa reportabilidad de cuentas, ¿Contempla el nuevo proyecto ajustes en torno a esas materias?
-Efectivamente la reducción de arbitrariedad en la asignación de estos recursos es un asunto muy relevante. Para la Ley de Presupuestos del 2023 se establece que estas asignaciones se efectuarán en forma transparente y competitiva, requiriendo que cada Gobierno Regional emita instructivos sometidos a toma de razón por la Contraloría General. En esos instructivos se deberán establecer los plazos de postulación, los criterios o indicadores a los que se someterán dichas postulaciones y los resultados de las asignaciones de estos recursos, entre otras exigencias. Además, deberán publicarse en la página web del Gobierno Regional respectivo.
Otra de las críticas es la escasa transparencia y rendición de cuentas disponibles para la ciudadanía relacionado con la ejecución y evaluación de iniciativas financiadas por el FNDR. ¿Qué medidas contempla el futuro proyecto al respecto?
-La transparencia en la gestión de los recursos públicos y la rendición de cuentas de las autoridades, en todos los niveles gubernamentales, son pilares fundamentales de cualquier economía desarrollada y también serán parte importante de lo que queremos proponerle al Congreso. Estamos estudiando nuevas obligaciones respecto a la disponibilidad de información y datos que permitan evaluar, comparar y controlar la toma de decisiones y se exigirá que para los procesos de formulación de políticas, planes o programas el Gobierno Regional deba contemplar instancias abiertas de consultas públicas.
Cómo evalúa Dipres la ejecución presupuestaria evidenciada por los GORE del 2022, tomando en cuenta el bajo desempeño durante gran parte del año.
-Creo que, a pesar de un año complejo, cerraron bien la gestión 2022. Cabe señalar que existió un contexto internacional de alza de materiales e inflación y además, un cambio de administración que los hizo cambiar sus contrapartes en la mayoría del Gobierno Central. Por último, la modificación a la estructura presupuestaria de estos (derivada de la Ley de Presupuestos 2022), generó un atraso en el inicio del gasto. Algunos recién pudieron hacerlo a partir de marzo. Siempre hay espacio de mejora, pero para ser el primer año completo de ejecución, creo que fue un primer exitoso año de gestión.
-¿Cuáles son los principales cambios que prepara Dipres de cara al ciclo para la formulación del presupuesto 2024?
-Se considera el fortalecimiento del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) para dar una mayor relevancia a este instrumento de inversión regional. Para lo anterior, este instrumento será incluido -por primera vez- en la etapa de formulación del presupuesto, lo que asegura que se incluirá en las reuniones de discusión presupuestaria lideradas por la Dipres.
Asimismo, se generará una instancia en el último trimestre del año (en 2022 se realizó un piloto) para dirimir las discrepancias existentes entre los ministerios y los GORE respecto del cofinanciamiento de algunos proyectos. De no resolverse en esta instancia, se generará una reunión con la participación de los ministros de Hacienda y de la cartera sectorial (asociada al proyecto) y el gobernador regional correspondiente, junto con la Dirección de Presupuestos.
"Se exigirá que para los procesos de formulación de políticas, planes o programas el Gobierno Regional deba contemplar instancias abiertas de consultas públicas".
"Creemos que parte del estancamiento productivo que ha tenido nuestro país, pasa por la excesiva centralización de respuestas a diversos problemas".