Los fuertes incendios que han afectado a muchas familias en el sur de Chile nos hacen reflexionar sobre qué deben hacer las familias, las instituciones y el Estado cuando algo así sucede, pero por sobre todo, cómo saber actuar con niños o niñas en una situación de emergencia.

Desde World Vision llevamos casi 40 años poniendo foco en la promoción de los derechos de la niñez y la prevención de vulneraciones en situaciones de emergencia. Una catástrofe como la provocada por los incendios del sur, normalmente genera múltiples reacciones masivas de ayuda y acción social, pero en muchas instancias esto conlleva dejar de ver a los niños, niñas y adolescentes, quienes son los más afectados. Al mirar el territorio de los incendios, creemos que las consideraciones de género, ruralidad y pertenencia étnica o migración son claves para agudizar nuestra mirada de protección y prevención de vulneraciones.

Niños, niñas y adolescentes corren múltiples riesgos ante un abrupto cambio tras el desastre, con riesgos biológicos, psicológicos o relacionales, ya que muchas veces se tienen que separar de su familia debido a la dinámica de la emergencia y pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual, pierden los espacios físicos significativos (casa, colegio, plazas, etc.), sufren daños psicológicos que alteran su desarrollo emocional producto de la incertidumbre del escenario actual.

Por lo anterior, consideramos clave tener en cuenta que, independiente de la edad, las niñas, niños y adolescentes manejan información de lo que está ocurriendo; las experiencias deben mirarse desde sus ojos y desde sus necesidades; se debe tener siempre en cuenta las diferencias por su etapa de desarrollo y tenemos que darles la oportunidad de hablar sobre lo que pasaron; animarlos a compartir sus preocupaciones y a hacer preguntas, respondiéndoles sinceramente y con información certera y que les dé seguridad

Debemos limitar su exposición a la cobertura de los medios de comunicación sobre el desastre y sus consecuencias, pues los niños que hayan estado directamente expuestos a un desastre pueden volver a sentirse mal si ven o escuchan algo que les recuerde lo que pasó. Evitar sobre todo noticias falsas y alarmistas. Y si es necesario, corregir la información errónea que ellos tengan del evento.

Consideramos clave animarlos a ayudar a otros después de un desastre, al ofrecerse como voluntarios para ayudar a la comunidad o a los miembros de la familia en un ambiente seguro. Pero por razones de salud y seguridad, los niños, niñas y adolescentes no deben participar en actividades de limpieza después de un desastre.

Hoy llamamos a no olvidar a los niños, niñas y adolescentes, siendo clave tener información rápida, precisa y detallada de su situación, y que quienes trabajen en la emergencia cumplan los estándares internacionales de protección a la niñez en emergencia. Todas y todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, tenemos que velar por la seguridad, integridad y respeto por los derechos de todas y todos los niños, niñas y adolescentes que sufren por esta emergencia.

Hemos presentado una demanda en contra de BancoEstado tras detectar una serie de incumplimientos relacionados con la ley anti Fraudes.

El objetivo de esta demanda es que BancoEstado cancele los cargos mal cobrados o restituya el dinero reclamado a todos los consumidores que hayan sido afectados por operaciones no reconocidas en sus medios de pago, habiendo dado aviso de su extravío, hurto, robo o fraude.

Además, buscamos que compense a todos los consumidores que fueron afectados y que seguirían siendo afectados, especialmente a las personas más vulnerables, como son los adultos mayores, quienes muchas veces no saben cómo enfrentar este tipo de situaciones.

Esta demanda la presentamos luego de buscar, a través de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con BancoEstado, una solución expedita que beneficiara a los consumidores afectados, pero esta institución no entregó una propuesta suficiente.

Entre los hallazgos detectamos que BancoEstado no efectuó, ni estaría efectuando, debiendo hacerlo, la cancelación de los cargos mal cobrados o la restitución de los fondos correspondientes a operaciones financieras fraudulentas desconocidas por los consumidores.

Tampoco efectuó ni estaría efectuando la restitución del dinero a los consumidores que desconocieron las operaciones dentro de los plazos establecido por la ley.

Hay casos en que BancoEstado rechazó las restituciones de dinero argumentando eventuales responsabilidades de los consumidores, pero no realizó la denuncia o querella ante la justicia, como lo exige la ley.

Estas conductas han provocado un grave perjuicio económico a los consumidores afectados, que en promedio superan los $500 mil. Incluso una persona fue defraudada con más de 28 millones de pesos.

Recordemos que la ley señala que las entidades financieras deberán cancelar los cargos o restituir el dinero a los consumidores afectados en un plazo de 5 días hábiles, cuando el monto desconocido sea igual o inferior a 35 UF, esto es, cerca de 1 millón 235 mil pesos; y en 7 días hábiles adicionales para el monto restante si la cantidad total defraudada es superior.

Es importante señalar también que este tipo de delitos son cada vez más sofisticados, por lo que las instituciones financieras en su deber de profesionalidad que les exige la ley deben estar un paso adelante. Esto implica que deben invertir en seguridad, informar a sus clientes y tomar todos los resguardos, porque aquí está en juego la confianza que es la base de su negocio.

Como SERNAC seguiremos monitoreando el mercado, y en caso de detectar otros incumplimientos a la ley por parte de otras instituciones financieras, tomaremos las acciones pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores.

Gonzalo Rivera Cortés,

Abogado Regional Del Sernac

Hace algunas semanas, un informe de Libertad y Desarrollo advirtió que 2022 se convirtió en uno de los años con más delitos violentos registrados en el país. Esto, ya que se reportaron cifras altamente preocupantes en cuanto a homicidios, robo violento de vehículos motorizados, violaciones, entre otros.

De acuerdo a los datos entregados por el Centro de Estudios, en el territorio nacional hubo un promedio diario de dos homicidios, ocho violaciones, 35 "portonazos" o "encerronas" y 88 robos de vehículos, realidad que no es ajena a la región de Tarapacá, donde el número de asesinatos y de ilícitos cometidos con armas de fuego parece continuar incrementándose, esto pese a todas las medidas que la autoridad política viene anunciando.

Desde distintos organismos y especialmente desde el Ministerio Público han sido claros en manifestar que el crimen organizado y el poder de fuego de las bandas delictuales ha ido en aumento, por lo que se necesitan más recursos en materia de seguridad pública. No se trata de una alternativa, sino que de una clara urgencia donde las soluciones evidentemente no avanzan a la velocidad que se requiere.

No existen dudas de los esfuerzos que están realizando las policías y los persecutores penales, sin embargo, la situación continúa siendo crítica y cada semana se conocen nuevas víctimas de estos hechos, lo que eleva la sensación de inseguridad que hoy se extiende por los distintos sectores de la región. Esto incluso ha provocado que sean los mismos vecinos quienes levanten la voz, lo que da cuenta que las medidas todavía no arrojan los resultados esperados.

En ese sentido, los datos de Carabineros son elocuentes, ya que en 2022, por ejemplo, en la Región del Tarapacá -una de las más afectadas por la creciente criminalidad- presentó una tasa de 10,3 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, más que dobló al promedio nacional. Desafortunadamente, este año la situación sigue siendo compleja y hasta ayer se contabilizan 12 asesinatos, alarmante cifra para una zona que no posee mucha población

Todo lo anterior demanda que las acciones para combatir esta nueva criminalidad también se modernicen y se generen los recursos adecuados. La Macrozona Norte lleva mucho tiempo esperando y el problema no terminará solo con leves y estacionales incrementos en la dotación policial.