Conectados a su propósito y los desafíos que presenta el área mina, Radomiro Tomic se sigue transformando hacia una cultura orientada a la mejora continua. Desde el 2021, Codelco se encuentra implementando la metodología Should Cost ("debe costar" traducido del inglés) del sistema de gestión C+, con el objetivo de determinar el costo óptimo de las operaciones, en la búsqueda de entregar la mayor cantidad de excedentes al Estado.

Pionera en aquella implementación, el área mina de Radomiro Tomic junto a la Dirección de Excelencia Operacional se reunieron para reformular las palancas de eficiencia en gastos.

Mediante un "Taller de Palancas" -liderado por el área de Presupuesto y Control de Gestión de la Corporación-, un equipo multidisciplinario de la Gerencia Mina de RT estableció causas raíces de las principales brechas detectadas tanto en la línea base de gastos obtenida en el período 2018-2022, como por el estudio comparativo frente a otras operaciones similares (benchmark).

Evans Díaz, superintendente de Ingeniería y Control Procesos Mina de DRT, destacó la relevancia de este proceso porque "no solo nos permite entender las brechas desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de gastos, servicios a terceros y materiales, que hoy nos impactan directamente en el costo de la operación mina".

Para la superintendenta de Perforación, Tronadura y Chancado Primario de DRT, Ivonne Fuentes, esta "es una tremenda oportunidad de integración de los equipos para trabajar en conjunto nuestras brechas, analizarlas objetivamente y encontrar todas las oportunidades de trabajo para enfrentar las metas del 2023".

Luego de discutir e identificar las causas raíces, los participantes trabajaron en equipo en la definición y priorización de palancas clave de eficiencia en gastos y sus KPI (del inglés Key Performance Indicador, indicadores claves de un negocio) que, posteriormente, comenzarán a ser valorizadas para establecer su consolidación.

El superintendente de Planificación Mantenimiento Mina de DRT, Andrés Huerta, valoró la oportunidad del taller: "ha sido una jornada muy participativa, con distintas miradas y propuestas de palancas. Tenemos que mejorar muchos indicadores y todo vendrá producto de una operación eficiente".

En tanto, Hellen Arco, operadora Mina de DRT, agradeció haber podido participar de esta instancia, ya que "es interesante saber cómo se toman decisiones y los puntos que se están tratando. Como aprendizaje es positivo porque cada uno entrega su punto de vista y su experiencia en cuanto a lo que vive en sus labores".

"Ha sido una jornada muy participativa, con distintas miradas y propuestas de palancas. Tenemos que mejorar muchos indicadores ".

Andrés Huerta, Superintendente

Claudio Cerda Santander

La contracción económica que enfrenta el país, sumado al impacto de arrastre causado primero por el estallido social y luego la pandemia, han derivado en un complejo panorama para el sector comercio debido al riesgo de insolvencia que arriesga la continuidad de operaciones.

Según un análisis del grupo defensadeudores.cl, las cifras del Poder Judicial (PJUD) en el primer mes del año evidencian un incremento de un 47% en promedio en las solicitudes de quiebras voluntarias y forzosas de personas y empresas en comparación a igual periodo de 2022. Solo tres Cortes de Apelaciones escaparon de la tendencia: Punta Arenas (con un descenso del 75%), Talca (-16%) y Concepción (no registró variaciones).

Este incremento en los ingresos por quiebras (voluntarias y forzosas), surge como un fenómeno extendido a nivel país. Según este informe el alza en las quiebras ingresadas se situó en 107% en Antofagasta. Elevados registros también presentaron en este indicador Arica (225%), Copiapó (100%), La Serena (80%), Valparaíso (100%), Rancagua (25%), Temuco (275%) y Valdivia (300%).

El abogado Ricardo Ibáñez, quien integra el grupo Defensa Deudores, afirmó que este panorama forma parte de una realidad "absolutamente predecible" y que en los próximos meses se agudizará. "Las cifras hablan del aumento de quiebras de enero 2023 versus enero 2022. Los factores son múltiples, los que tienen que ver con factores internos de nuestra economía como con factores externos. Estos vienen dados básicamente por la contracción de las actividades del comercio, por un lado, y también de la actividad minera por otro, donde las inversiones mineras han disminuido debido a la falta de certezas, tanto económica como política que se ha vivido en el último tiempo. Las variaciones del precio del dólar y también la falta de liquidez en las personas y las empresas ha hecho que estas solicitudes vayan en aumento", afirma.

"Lo que queda por esperar para este año 2023 principalmente en Antofagasta es la eventual quiebra o situaciones de insolvencia de aquellas pequeñas empresas contratistas de la minería y también del pequeño comercio que no pertenece a las grandes tiendas. En ese contexto se prevé un escenario donde deberíamos terminar probablemente el 2023 con un alza por sobre el 50% de los procedimientos concursales, tanto en personas como en pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Antofagasta durante este año; debiendo ser una tendencia que podría durar todo el primer semestre del año 2024, según los índices de morosidad que estamos observando", añade Ibáñez.

De acuerdo a este análisis, mientras las solicitudes de quiebras voluntarias presentaron un aumento del 39%, las solicitudes de liquidaciones forzosas de personas naturales y empresas crecieron en un 173% durante enero en comparación a igual período del 2022. Así, el primer mes del año registró un incremento en la tramitación de recursos por sobreendeudamiento en tribunales de prácticamente todo el país, alcanzado un incremento de hasta un 300% en algunas regiones.

Un panorama financiero que se inserta como consecuencia de la posible recesión en la que entrará la economía nacional durante este año y las modificaciones a la Ley de Quiebra, que facilitarían la presentación de procedimientos de liquidación forzosa. "Hemos anunciado esta situación desde el comienzo de la entrega de bonos y los retiros del 10%, pues sabíamos que se trataba de medidas de apoyo no permanentes. Las cifras anticipan los impactos de la profunda recesión que vamos a experimentar en los próximos dos años. Lo peor aún está por venir, lamentablemente", explica Ibáñez, fundador del estudio jurídico especializado en insolvencia.

"Las cifras del primer mes del año son elocuentes respecto a la dimensión del problema que enfrentamos como país, y las proyecciones económicas y de modificaciones legales que se avecinan hacen prever que, con seguridad, el escenario será incluso peor en los próximos dos o tres años", agrega. En tanto, el aumento de un 173% en las solicitudes de liquidaciones forzosas a nivel país prácticamente triplica lo registrado por el PJUD en diciembre de 2022.

Podrían duplicarse

Ibáñez precisa que el actual escenario en materia de quiebras y liquidaciones forzosas surge como resultado del mal enfoque de las ayudas económicas que se entregaron a la población principalmente a raíz de la pandemia. "Esto generó la inflación de la que hoy todos somos víctimas. Si bien es cierto que los retiros de fondos previsionales fueron una suerte de paracetamol en la crisis, hoy estamos viviendo el efecto que produjo: ingresos que no subieron acorde al costo de la vida", sostiene Ibáñez.