El Consejo de Concesiones rechazó por falta de "interés público" la iniciativa privada que proponía financiar a través de este modelo la ruta que une María Elena con Calama, la "R-24" de una extensión de 102 kilómetros, recorrido que demora alrededor de dos horas y media de viaje. Poco después, la seremi de Obras Públicas anunció que la Dirección de Vialidad implementará cuatro proyectos para esa carretera, la que es fundamental para potenciar el corredor bioceánico frente a Antofagasta.

A raíz de este caso nos parece importante proponernos revisar los criterios con los que se presentan y aceptan iniciativas privadas en el marco de la Ley de Concesiones de Infraestructura Pública. Desde 1992, una de las grandes innovaciones de la ley fue abrir la posibilidad para que privados pudiesen presentar proyectos que, al ser calificados "de interés público", sean asumidos por el Estado como propios. Se reconocía así el hecho que el Estado no siempre puede identificar inversiones que potencien actividades económicas y sociales. Al ser aprobada como tal el proponente era beneficiario de un premio que tenía por propósito incentivar estos aportes.

Sin embargo, en la práctica el curso de las acciones fue otro. Proyectos que naturalmente deberían haber sido parte de una cartera de inversión pública -ejemplos hay varios- comenzaron a presentarse como iniciativas privadas, lo que fue apoyado por el Consejo de Concesiones en su momento. Sería bueno conocer en detalle cuáles fueron las razones que llevaron a modificar la visión original.

A modo de hipótesis, puede ser que las autoridades hayan dejado de pensar en proyectos públicos, dada la falta de convicción del rol que juega la infraestructura en el desarrollo del país. Y que eso haya sido aprovechado por emprendedores visionarios de la consultoría para presentarlos como iniciativas privadas.

Otra posibilidad es que, dada la falta de disposición de los gobiernos para invertir en pre-inversión para formular proyectos, se haya preferido transferir esa responsabilidad a los privados a cambio del reembolso de los estudios y del premio al momento de la adjudicación a un concesionario. De esta forma era posible armar una cartera de obras posibles con una baja inversión pública en la fase de preparación.

La ruta entre María Elena y Calama es un reflejo de alguna de estas dos modalidades que se han desplegado como opción para presentar iniciativas privadas. Dado que ese proyecto está incluido en el Plan Maestro Logístico Zona-Norte, es redundante pensar que pueda ser una "iniciativa privada".

En ese sentido, el fallo del Consejo no puede ser considerado como una falta de interés por las regiones, sino que corresponde a una mirada consecuente sobre el modelo. Si el proyecto es de interés para la zona, lo lógico sería que el Gobierno regional, lo proponga al Ministerio de Obras Públicas para que se active el financiamiento -a través de concesiones o de las direcciones del MOP-, por tratarse una iniciativa regional que es parte de una estrategia de desarrollo y que debe tener éxito.

Sin lugar a dudas que el 2022 debe ser considerado como el año del litio. La explosiva demanda elevó el precio de la tonelada a valores nunca antes vistos, lo que provocó que esta industria tuviera volúmenes de ganancia inesperados y muy por sobre estimaciones, lo mismo con su aporte al fisco.

El último balance de SQM detalla que fueron más de US$ 5.000 millones los que entregó a las arcas fiscales por concepto de impuestos y regalías. Muy por encima de los US$ 585, 5 millones de 2021, lo que refleja el "boom" del que hace tiempo conocemos como "oro blanco", pero que recién hoy constatamos su insospechado impacto económico.

En lo inmediato, según las proyecciones de SQM y de expertos, es que el precio de la tonelada seguirá al alza, quizás un poco inferior a las de 2022 que llegó a US$ 80,800 ton, diez veces más que en 2021. El último semestre de 2022 se cerró a US$ 56.0, y se espera que este sea el promedio para 2023.

Analistas y dirigentes políticos han criticado que este verdadero "boom" no ha sido aprovechado en su totalidad por nuestro país. Primero porque Australia lo superó como el mayor productor mundial y las instancias para elevar la producción han tenido distintos frenos.

El Estado no ha podido acordar fórmulas de aumento en la productividad, después del desastre de los contratos especiales de operación pactados en los últimos gobiernos.

Ya en ese año (2016) se sabía que el mercado del litio experimentaría tiempos de bonanza y había que aprovecharlos. Lamentablemente, las cosas no se hicieron bien en ninguna de las instancias que se crearon con ese objetivo.

Es un punto importante reconocer que el Estado puede recibir mayores beneficios y que eso obliga abrirse a todas las opciones existentes. Mirar por el beneficio país es la tarea mediante mecanismos que permitan recoger las ganancias de los años de prosperidad que está viviendo el litio.

Esta necesidad no debe cegar y permitir operaciones que atenten contra el medio ambiente. Ya conocemos de la estrechez hídrica que afecta al Salar de Atacama, lugar que alberga las empresas que producen este mineral, y es algo que siempre se debe tener en consideración. Lo mismo que en otros lugares.

Se está a la espera que el gobierno entregue su estrategia del litio, la que obligatoriamente debe proyectar una labor directa en beneficio de las arcas fiscales.

La escasa representación de las mujeres, persiste en campos tradicionalmente dominados por hombres y a pesar de los muchos y variados esfuerzos por erradicar esta práctica, para las mujeres y su rol en la ciencia, permanece como una de las dificultades más difíciles de superar. Se ha avanzado en la paridad de género en la educación superior, pero la brecha es mucho mayor en el campo de las ciencias.

A pesar del gran progreso hacia el aumento de la participación femenina en la educación superior, las mujeres siguen estando subrepresentadas en las áreas de conocimiento científico - tecnológico. Sólo el 35% de los estudiantes de ciencias en la educación superior a nivel mundial y menos del 30% de los investigadores del mundo, son mujeres.

Este no es sólo un problema de representación, ni tampoco, un problema sólo para las mujeres, es, en definitiva, un problema para todos los miembros de la sociedad. Las personas que trabajan en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) tienen un papel fundamental que desempeñar en la búsqueda de soluciones creativas y sostenibles para las complejidades del mundo actual.

Sin las contribuciones de las mujeres y las perspectivas únicas que aportan, las posibilidades científicas seguirán siendo limitadas, al igual que nuestras habilidades colectivas para abordar tales desafíos, desde enfermedades, pasando por inseguridad alimenticia y cambio climático. Se ha demostrado que la brecha de género en el campo STEM comienza en la escuela primaria, perpetuada por los estereotipos y prejuicios sociales, y continúa ampliándose con cada etapa escolar progresiva. Cuando las mujeres ingresan a la educación superior y luego al mundo laboral, enfrentan obstáculos aún mayores; las científicas tienden a tener carreras más cortas y peor pagadas que sus contrapartes masculinas.

Apoyar y alentar a más mujeres a estudiar y emprender carreras en ciencias exactas, es crucial si se quiere abordar esta disparidad. Para lograr esto, debemos asegurarnos de que se estimule a las niñas durante toda su infancia y adolescencia, en particular, en una edad en la que comienzan a tomar decisiones sobre sus futuras carreras profesionales.

Ahora, más que nunca, es un momento crítico para apoyar a las niñas y mujeres a perseguir sus sueños y desafiar las barreras visibles, pero también las sutiles que enfrentan para prosperar en los campos científicos. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que esta fecha nos inste a tener presente, esta situación intolerable que ocurre en el país y en el mundo; el real acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia del talento femenino.

Cambiar la mentalidad y crear un ecosistema más solidario en los hogares, las escuelas, las universidades y los lugares de trabajo respaldados por cambios institucionales y políticas específicas es un proceso en el que todos debemos involucrarnos, con una combinación de medidas a corto y largo plazo. Claramente, las sociedades no pueden desperdiciar las competencias y aportes de millones de niñas y mujeres a la innovación y la tecnología.

Rubén Rojo Maturana

Director-gerente CICITEM Antofagasta