Correo
Ausentismo escolar
Tras tres años de pandemia, no hay tiempo que perder. Los niños y niñas tienen que ir a clases, ya que en los últimos cuatro años han tenido 97 semanas de clases perdidas, estamos hablando de 24 meses que corresponden a dos años y medio de escolaridad. Si bien el Gobierno trabaja en un Plan de Reactivación Educativa, si los niños, niñas y jóvenes no van a clases, dicho plan no tendrá impacto.La evidencia nos muestra que los estudiantes con ausentismo crónico, es decir, quienes faltan más de un mes de clases al año, tienden a tener mayores probabilidades en el futuro de tener peores sueldos, mayores periodos de cesantía, más inestabilidad laboral e incluso más probabilidades de caer en la delincuencia que aquellos estudiantes que tienen asistencia regular. Y como todos ya sabemos, los estudiantes con ausentismo crónico también pueden duplicar e incluso triplicar las probabilidades de desertar, es decir, de abandonar el colegio y salir del sistema.
Es por esto que llamamos a las familias a no perder tiempo, a que nos comprometamos desde el primer día con la asistencia. Marzo es un mes donde tenemos que aprovechar de mandar a los niños y niñas a clases: hay buen clima, está el entusiasmo y estamos descansados.
Así, la invitación es a que nos juguemos todas las cartas en este inicio de año, ya que cada día cuenta para el futuro de nuestros jóvenes.
Rebeca Molina Directora ejecutiva Fundación Educacional Presente
Incendios
Al menos molestia nos debe causar que los incendios forestales, en las magnitudes que vivimos este año, se repitan año tras año, ya que no solo afectan a quienes directamente pierden a sus seres queridos, sus animales, sus campos, sino que además generan miedo en el resto de la población colindante a estos siniestros y coloca en riesgo la seguridad agroalimentaria de toda la nación.
El temor, el miedo y la angustia afectan a muchos de los que sienten de cerca el fuego, pero afecta más a los niños, adultos mayores o enfermos. Proyectos de vida, familiares y laborales son los que se destruyeron. La afectación va mucho más allá de lo meramente material. Los discursos de autoridades públicas sobre seguridad de nuestros poblados, de nuestros campos, de la flora y fauna no tienen ningún sentido si no se previenen los incendios de manera efectiva y se persigue y sanciona a quienes comenten este tipo de delitos. Sólo recordar que ante la gravedad de los hechos que vivimos, los funcionarios de la Conaf se plegaron en noviembre del año pasado a la movilización de los guardaparques por problemas laborales y de seguridad, reclamando legítimas mejoras que no tuvieron una refrendación adecuada en la ley de presupuesto de 2023, por quienes hoy son autoridades de Gobierno.
Los que comenten estos delitos generan un daño material e inmaterial, colocan en riesgo la seguridad agroalimentaria y generan miedo en la población general. Y es por eso que vale la pena preguntarse hasta cuándo las autoridades del Gobierno central serán permisivas y actuarán con la fuerza que se requiere en la persecución de este tipo delitos durante todo el año, condenando siempre la intencionalidad en este tipo de hechos.
Jaime González Kazazian Abogado Ideas Republicanas
Protección de los océanos
Tras casi 20 años de negociaciones, los países de la ONU llegaron al acuerdo que busca garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en aguas internacionales. La idea es alcanzar la meta "30x30", es decir, que el 30% de los océanos se convierta en áreas marinas protegidas a 2030.
Nos parece muy positivo que se establezcan distintas herramientas que agilicen la toma de decisiones en materia oceánica, entre ellas, la creación de zonas de protección, la libertad de investigación científica marina junto con otras libertades de alta mar y el de mantener un enfoque integrado de la gestión de los océanos, y que la Conferencia de las Partes (COP) sea la instancia donde las naciones ratifiquen el tratado.
Sin embargo, este acuerdo también genera interrogantes y oportunidades que abordar. Se requiere avanzar en la formulación de propuestas concretas que permitan no sólo declarar, sino que gestionar las áreas marinas protegidas. Y en eso, la ciencia y la tecnología, así como la concurrencia del sector público, privado y la sociedad civil, cumplen un rol clave.
Sonia Español Directora ejecutiva de la Fundación MERI