En noviembre del año pasado entró en vigor la normativa que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, en donde, como su nombre lo indica, ingresan aquellas personas que no han saldado las cuotas de pensión alimentaria. ¿Y cómo va la situación cuatro meses después? Al 20 de marzo, en la jurisdicción de Antofagasta 1.189 personas habían ingresado al sistema, según explicó Paul Contreras, juez presidente del Comité de Jueces de Familia de Antofagasta.

"Desde la pandemia, y cuando se autorizó el retiro del 10% (de los fondos previsionales) las causas a nivel de (pensión de) alimento y el cumplimiento de alimentos aumentó exponencialmente. Y a partir de noviembre del año pasado se activó el registro de deudores, que es una nueva medida que estableció el legislador para dar cumplimiento efectivo al pago de pensiones de alimento", indica el juez Contreras. En ese sentido, afirma que "ha ido generándose la activación de la orden del tribunal para la inscripción en el registro de deudores, y actualmente en la jurisdicción son más de mil personas que están inscritas en el registro de deudores".

Por comunas, el magistrado dijo que "el tribunal de Antofagasta maneja más o menos la mayor cantidad, que son alrededor de 743 o un poco más. Calama tiene alrededor de 100, y otros tribunales, más pequeños, también han remitido al registro de deudores".

El juez presidente manifestó que, "como su nombre lo indica, en términos más coloquiales se trata de un registro donde se están inscribiendo a todas aquellas personas que deban pensión de alimentos. De acuerdo a la Ley 21.389, que modificó la ey 14.908, se deben inscribir a aquellas personas que tienen más de tres cuotas seguidas con deuda en pensión de alimentos".

¿Cuántas personas han logrado "salir" del registro? El juez Contreras comentó que "se va viendo mes a mes, dependiendo del pago. Se ha logrado cierta activación para el pago de las pensiones. Hay muchas personas que han obtenido su pago", aunque admitió que "no es el mismo nivel de inscripción que el de levantamiento o alzamiento".

36 detenidos

Las cifras del Juzgado fueron informadas después de que en la tarde del miércoles se confirmara la detención de 36 deudores de pensiones alimenticias en la capital regional.

De acuerdo con lo informado por la PDI, se trató de 35 hombres y una mujer, quienes adeudaban en conjunto un total de 217 millones 611 mil 986 pesos, por lo que fueron puestos a disposición de Gendarmería, dando cumplimiento a los decretos judiciales emanados del Juzgado de Familia de Antofagasta.

El miércoles, el jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, subprefecto Raúl Ulloa, indicó que se dio cumplimiento a lo solicitado por el tribunal a través de una serie operativos que han permitido la ubicación y detención de los deudores. Además, detalló que entre las deudas figuran montos que van desde los $37 millones hasta los $10 mil por concepto de pensiones de alimentos. Asimismo, adelantó que este tipo de operativos continuarán en la medida que así lo establezca la autoridad judicial.

Al respecto, ayer el juez Paul Contreras explicó que las detenciones no están ligadas al registro de deudores específicamente, "sino también a las otras medidas de apremios que establece el legislador, para lograr el cumplimiento compulsivo del pago de la pensión. En este caso, el Tribunal de Familia está facultado para decretar órdenes de arresto en contra de los deudores hasta lograr el pago correspondiente, que pueden ser desde 15 días aumentables hasta 30, y se pueden ir repitiendo los apremios. Precisamente son órdenes que otorga el tribunal hacia Policías de Investigaciones para que dé cumplimiento y se logre el arresto de estas personas".

En tanto, sobre el promedio de deudas de quienes están en el registro, el magistrado precisó que es una cifra oscilante: "Hay personas que están al día, hay personas que deben mucho, hay personas que deben más de $30 millones, hay quienes deben $50 millones, otras $100 mil pesos, $30 mil pesos. Hay diferentes tipos de deudas, dependiendo también de cómo se fijó la pensión de alimentos, hace cuánto se fijó, etcétera".

Causas por violencia

Del mismo modo, Paul Contreras detalló que durante el 2022 solo en el Juzgado de Familia de Antofagasta se ingresaron 5.684 causas por vulneración de derechos, y unas 2.383 causas por violencia intrafamiliar. "posterior a la pandemia, el aumento exponencial respecto a denuncias de violencia intrafamiliar y de medidas de protección ha generado una activación de la población de busca de ayuda hacia el tribunal de familia, que es el tribunal que ve las situaciones de violencia intrafamiliar y de género, como la vulnerabilidad de los niños a través de la medida de protección", dijo.

Agregó, además, que, "a nivel contencioso, que son materias de alimentos, divorcios, etcétera, también ha existido un aumento, pero generalmente la mayor proporción se la lleva las medidas de protección, como también violencia intrafamiliar y de género".

El transportista ecuatoriano de 33 años, Tito Exequiel Cuji Quishpi, fue condenado a 5 años y 1 día de presidio por el delito de cohecho activo, más tres penas de 541 días cada una por uso malicioso de instrumento público falso, conducir a sabiendas con una licencia falsa y conducir vehículo motorizado sin la licencia requerida.

La sentencia fue pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, y en ella los magistrados Alfredo Lindenberg Bustos, José Luis Ayala y Patricia Alvarado Padilla tuvieron en cuenta que en 2018 el imputado ya había sido condenado por delitos similares.

Antecedentes

El nuevo fallo establece como primer hecho que el 2 de septiembre de 2021, personal de la PDI detectó que el imputado ofrecía servicio de transporte a extranjeros irregulares en el terminal de buses de Tocopilla, por lo que fue fiscalizado, y al requerirse sus documentos, éste exhibió una cédula de identidad y una licencia de conducir falsas.

Posteriormente, el 8 de octubre de 2021, Cuji Quishpi es nuevamente fiscalizado, ahora por Carabineros, quienes al solicitar la documentación de manejo correspondiente, se percataron que el imputado no tenía licencia de conducir clase A-2 o A-3, por lo que fue detenido. Como tercer hecho, el 30 de noviembre de 2021, Carabineros de Tocopilla vuelve a fiscalizar al conductor, quien al no tener licencia, ofreció y entregó a uno de los funcionarios policiales la suma de $30.000, siendo nuevamente detenido.

En la sentencia, los magistrados expresan que en 2018 el imputado ya había sido condenado por Juzgado de Garantía de Tocopilla a 41 días prisión por conducción de vehículo motorizado sin la licencia debida, y a 61 días de presidio por el delito de cohecho, lo que constituye una circunstancia agravante.

"No reuniéndose respecto del sentenciado los requisitos establecidos en la Ley 18.216, no se le sustituyen sus penas de presidio por ninguna de aquellas contempladas en el cuerpo legal citado, debiendo cumplir de manera efectiva sus respectivas penas privativas de libertad, lo que hará en orden sucesivo", indica el fallo.