La premura que han mostrado las fuerzas políticas del país para tramitar proyectos que enfrenten la delincuencia no perdonó el fin de semana y ayer la Comisión de Seguridad del Senado sesionó para iniciar el particular la ley denominada Nain-Retamal, que fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados esta semana. También persiste el debate entre el Gobierno y la oposición, pues mientras la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que el Ejecutivo no quiere una norma "gatillo fácil", parlamentarios de la UDI se mostraron dispuestos a extender la discusión en comisión mixta si se aprueban las indicaciones de Interior.

En T13, la vocera de La Moneda afirmó que en la tramitación de la ley aludida "esperamos que aprueben la propuesta, que haya el mayor respaldo posible a la indicación que el Ejecutivo presente y que haya un acuerdo amplio, porque además nuestra indicación resuelve elementos que las propias policías están pidiendo y que el proyecto original no resuelve sobre todo en la parte procesal, la más complicada para las policías".

"Nuestra propuesta es sensata, razonable, jurídicamente bien sustentada, no cae en el populismo penal, evita algo que todos queremos evitar, que es el gatillo fácil. No queremos gatillo fácil, porque después lo vamos a lamentar. Esta iniciativa no solo debiera tener el respaldo del mundo progresista sino también del mundo de centro, centroderecha y derecha", añadió.

La ministra alude a que el Gobierno busca subsanar el artículo 7 de dicha ley, que refiere a la "legítima defensa privilegiada" y elimina la idea de proporcionalidad, presumiendo que la policía puede hacer uso de armas de fuego acorde a las disposiciones legales. También se busca que quede regulado en el Código de Justicia Militar y no en el Penal.

Diputados de la UDI afirmaron que si las modificaciones a la Ley Nain-Retamal d el Gobierno son aprobadas por el Senado este martes, buscarán en comisión mixta su eliminación, porque "ataca el espíritu de esta ley".

Así lo expresaron los legisladores gremialistas Henry Leal y Marta Bravo: "Existe un respaldo transversal a este proyecto, incluyendo a los diputados socialistas, pero pareciera que la extrema izquierda sigue con su capacidad de doblarle la mano a las autoridades".

"Las indicaciones que presentó el Gobierno" al proyecto "no sólo demuestran que cedieron a las presiones del PC y el FA, provocando incluso una diferencia en su propia coalición, sino que también dan cuenta del nulo compromiso de esta administración con la seguridad pública y el fortalecimiento de la labor policial", criticaron.

Anunciaron también que como bancada rechazarán las modificaciones y que "estamos absolutamente dispuestos a llegar a una comisión mixta de ser necesario. Si el Gobierno insiste con eliminar el espíritu de esta ley, que es otorgarles mayores garantías a los carabineros cuando tengan que enfrentar un procedimiento, nos vamos a oponer con toda la fuerza".

Polémico cierre

Durante la sesión de ayer en la comisión del Senado, en la que participó la ministra del Interior, Carolina Tohá, se produjo una polémica debido a que su presidente, Felipe Kast (Evópoli), estableció que no se recibirán más audiencias y las presentaciones pendientes serán por escrito.

Esto generó la molestia de Yasna Provoste (DC), ya que se había gestionado una presentación del alto comisionado para los DD.HH. de la ONU.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, respondió a la opinión de la misma ONU, que cuestionó la ley Nain-Retamal tal como salió de la Cámara. "Si desde un organismo internacional no entienden que nuestro interés es que nunca más en Chile se vuelva a validar la violencia como un método para conseguir objetivos políticos, tendrán que quedarse con su opinión", dijo.

Paralelamente, Tohá confirmó que el Gobierno presentará un proyecto de ley durante esta semana que abordará el uso de la fuerza de las policías. "Nos va a subir el estándar de cómo está regulada esta materia, donde también lo que respecta a las cámaras de video (que usa Carabineros en sus procedimientos) tiene enorme cabida. Hace toda lógica que en estas reglas se establezca también un estándar".

Una dura reacción desde la oposición generó la citación a declarar en calidad de imputados al expresidente Sebastián Piñera, sus exministros del Interior Gonzalo Blumel y Andrés Chadwick, y sus exsubsecretarios del Interior Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli. La acusación contra ellos, levantada por la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, alude a eventuales delitos de lesa humanidad cometidos por efectivos policiales o militares durante el estallido social de 2019

Ayer Víctor Pérez, también exjefe de gabinete de Piñera y correligionario de Chadwick en la UDI, pidió directamente que el fiscal nacional, Ángel Valencia, tome medidas contra la persecutora en este caso.

Durante la romería por un nuevo aniversario del asesinato del senador Jaime Guzmán, Pérez afirmó que el actuar de Chong es "una maniobra política más para tratar de sacar réditos políticos, al igual como tiene hace más de dos años al cabo Zamora imputado y perseguido, cuando está absolutamente claro y decretado que no cometió ninguna infracción. Yo creo que se enmarca en eso".

"La falta de objetividad de la fiscal Chong, yo creo que debe obligar al fiscal nacional a tomar medidas al respecto", solicitó.

Desde el oficialismo la diputada Emilia Schneider (CS) dijo que "me llama mucho la atención lo escandalizada que está la derecha con que las instituciones funciones. Dicen por ahí que el que nada hace, nada teme".

Schneider advirtió que "el exministro Pérez debería tener más cuidado con sus declaraciones, porque si sus intereses políticos se cuelan en el correcto funcionamiento de las instituciones, sí podríamos hablar de intervencionismo, pero confío plenamente en que la Fiscalía Nacional actuará apegada a la norma, permitiendo un debido proceso".

Su par Lorena Pizarro (PC) afirmó que los interrogatorios demuestran que nadie está sobre la ley y llamó a respetar el trabajo de la Justicia: "Será esa instancia quien lo haga y no pedir intervenciones del fiscal nacional. Eso es intervenir, eso es dañar uno de los poderes del Estado como es el Poder Judicial. Es impresentable y, a mi juicio, con mucha tardanza se está avanzando hacia ese camino, pero me parece importante que se haga".