El Senado aprobó ayer en general el proyecto de ley Naín-Retamal que busca aumentar las penas para quienes cometan crímenes contra personal de las policías y además instaurar la legítima defensa privilegiada para carabineros y detectives. Al cierre de esta edición se discutía el articulado en particular, que generaba más diferencias entre los legisladores.

En un debate que se demoró a causa de la búsqueda de acuerdos entre los parlamentarios, y en el que no hubo ministros presentes en la sala, la mayoría decidió respaldar el texto visado por la Cámara Baja, al que la comisión de Seguridad del Senado añadió algunas indicaciones que fueron cuestionadas por el oficialismo.

Con Chile Vamos y Republicanos alineado por completo en favor de la iniciativa, solo bastaba que se sumaran algunos votos para que se aprobara y así fue, gracias a los apoyos de senadores como Fidel Espinoza (PS) y Pedro Araya (ind.-PPD).

Durante la discusión el senador Francisco Chahuán (RN) afirmó que "nadie está pidiendo impunidad, sino que la policía tenga tranquilidad para cumplir con su labor". Mientras que la senadora Fabiola Campillai (independiente) criticó que "esta ley 'gatillo fácil' dice que puede haber impunidad" y pidió al Gobierno vetarlo si se aprobaba. Y el senador Juan Ignacio Latorre (RD) anunció que haría reserva de constitucionalidad respecto de algunos artículos.

¿Veto o TC?

Antes de que se definiera el tema en el Senado, el Presidente Boric había hecho "un llamado a que legislemos con un alto sentido de responsabilidad".

Mientras, importantes interlocutores del Gobierno con el Congreso se referían a la posibilidad de que se vetara la ley en caso de ser aprobada tal como llegó al Senado o incluso que se recurriera al Tribunal Constitucional.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó en radio Cooperativa que "la Comisión de Seguridad incorporó dos normas que son una verdadera regresión en la legislación chilena. La primera que exime de responsabilidad penal al mando, que además contraviene abiertamente las normas de la Corte Penal Internacional que forman parte del derecho interno, y lo segundo que hizo la Comisión es que acotó el delito de apremios ilegítimos".

"El Gobierno no tiene como primera estrategia ir al Tribunal Constitucional, no tiene como estrategia el veto; el Gobierno tiene como estrategia sostener la racionalidad de las reglas presentadas, y en segundo lugar, si no es así, presentar su proyecto de reglas del uso de la fuerza, que además estaba comprometido con el Congreso", afirmó el secretario de Estado.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el Gobierno no desea que la ley Nain-Retamal, que entrega mayor proyección legal a Carabineros, llegue al Tribunal Constitucional (TC), como plantearon algunos parlamentarios oficialistas en caso de que esta sea aprobada tal como ha ido avanzando hasta ahora en el Congreso.

Luego del rechazo de las indicaciones del Ejecutivo que buscaban atenuar la legitima defensa privilegiada para los funcionarios de Carabineros y la PDI en la comisión de Seguridad de la Cámara Alta, la secretaria de Estado detalló la estrategia legislativa que seguirán, junto con hacer un mea culpa por la utilización del término "gatillo fácil".

Consultada sobre si existe la posibilidad de acudir al TC, respondió que "nosotros no debemos llegar a ese límite, debemos tener una norma que sea aceptable por toda la sociedad, que sea equilibrada y apoye a las policías de una forma correcta".

"Entonces, desde ese punto de vista, por ahora, nuestro esfuerzo está en la sala de ambas cámaras y después veremos qué otros instrumentos tenemos. Todavía no nos hemos puesto en ese escenario porque estamos tratando de trabajar con lo que tenemos hoy al frente, que es la decisión del parlamento", recalcó.

A juicio de la titular de Interior, llegar al tribunal como plantearon ayer algunos líderes oficialistas como el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, "por supuesto que no es lo óptimo, por que qué es lo óptimo, lo que el Gobierno ha buscado e invita es a que el Parlamento construya un acuerdo en esta materia".

La ministra también abordó la polémica sobre el uso del término "gatillo fácil" por parte de las autoridades del Ejecutivo, reconociendo que "creo que en estos debates siempre es bueno ver cuando algunas palabras generaron sensibilidad y a lo mejor no fue la mejor palabra".

"Pero en todo caso, lo que se buscó al emplear ese nombre es que no queremos una legislación que mañana se preste para eso. O sea, no podemos tener una legislación que dé la sensación de que las policías están amarrados de manos y no podemos tener una que dé la idea de que pueden hacer cualquier cosa y que no hay límite", sostuvo.

Finalmente enfatizó que "esos dos extremos tenemos que evitarlos, tenemos que lograr lo que tienen los países desarrollados, que son los que tienen las policías más fuertes del planeta. Las policías fuertes no están en los lugares donde no hay limites o control, están donde hay limites claros, concordados por la sociedad".