Informe de la Corte Suprema evidencia arista de menores migrantes sin acompañantes
CRISIS. A diciembre del año pasado el Poder Judicial registra en el país 106 NNA en esta condición de extrema vulnerabilidad. Tres casos se reportan en la Región de Antofagasta.
La crisis humanitaria que reviste el continuo flujo de migrantes por zonas fronterizas muestra una de sus más dramáticas dimensiones en el caso de menores de edad que enfrentan largas y peligrosas travesías, junto a sus grupos familiares, para ingresar al país por pasos no habilitados. Una condición que se agrava cuando enfrentan estos trayectos sin acompañantes.
Como una muestra de esta realidad, el Poder Judicial publicó recientemente el informe nacional actualizado al 31 de diciembre de 2022 sobre órdenes de búsqueda de niños, niñas y adolescentes (NNA). Este reporte que elaboró la Subcomisión de Funcionamiento del Acta 37-2014 de la Corte Suprema, que forma parte de la Comisión de Asuntos de Familia, Infancia y Niñez; agrega un informe nacional de NNA migrantes no acompañados y/o separados con medidas de protección vigentes.
De acuerdo a este documento, al cierre del año pasado se registraba un total de 106 NNA migrantes no acompañados. Las jurisdicciones que registran una mayor cantidad de casos corresponden a las de San Miguel (30) y Talca (24). En la Macrozona Norte, en tanto, Iquique encabeza este registro (9), seguido de Arica (7) y Antofagasta (3).
Entre algunos de los casos identificados en Arica se detallan como observaciones: "ser posible víctima de trata de personas", "ingresa por paso no habilitado sin compañía de adulto responsable". Mientras que en Iquique se detallan situaciones como: "ingresa con adulto sin vínculo", "sospecha de explotación" y "sin redes familiares". En Antofagasta, las muestras de alta vulnerabilidad resultan similares: "NNA no posee red familiar en Chile" y "realiza ingreso a Chile sin adulto responsable". Según expertos en temas migratorios, el ingreso de menores por pasos no habilitados conlleva el riesgo de tráfico de menores, más aún considerando que en muchos casos los adultos y los mismos NNA que los acompañan marchan sin documentos.
Para Gabriela Hilliger Carrasco, jefa de Incidencia Jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la realidad que expone el reporte del Poder Judicial representa solo una aproximación ante casos de menores que aún no forman parte del sistema de protección para la infancia. "Las dificultades que ellos (menores) enfrentan pueden ser muy diversas. Por ejemplo, muchos de los niños, niñas y adolescentes llegan sin documentación de identidad. Eso ya es un problema grave, porque en el momento en que necesitan acceder a derechos y servicios que requieran no pueden hacerlo porque tienen una barrera burocrática como un documento de identidad, que acredite su nombre y nacionalidad. Algunos niños llegan a veces sin que sus padres los hayan inscrito, entonces, todas esas dificultades los van poniendo en distintos riesgos de vulnerabilidad. Se trata de empatizar quizás con niños, niñas y adolescentes que conocemos. ¿Qué pasaría si tuvieran que emprender muchos un trayecto desde Venezuela o de otros países caminando. Cruzando fronteras en contexto de violencia del tipo pandillas, y que llegan acá son tener un cuidador de confianza que se hace cargo de ellos?. Es una situación muy dramática".
"Además creo que las cifras (el Poder Judicial) podrían estar incompletas, porque dada la situación migratoria que enfrentan y el hecho de que quizás vienen huyendo de ciertas situaciones o en búsqueda de mejores oportunidades, muchos tal vez no han tenido contacto con el sistema o las instituciones de manera formal, por lo tanto, no han accedido aún al sistema de protección, con alguien que haga la gestión pertinente para que ese menor pueda ser protegido, cuidado, y pueda acceder a la educación y salud, que son sus derechos fundamentales", agregó Hilliger Carrasco.
Visibilización de esta realidad
De acuerdo a los datos del Poder Judicial, de los 106 casos registrados a diciembre pasado de NNA migrantes no acompañados, la mayoría corresponde a venezolanos (38) y Haití (27).
Frente a esta contingencia en 2018 la Corte Suprema a través de un antecedente administrativo dispuso que las Cortes de Apelaciones mantengan una base de datos actualizada respecto de la situación proteccional de NNA. En tanto, la tarea de recopilar la información local para generar las estadísticas pertinentes recae en la Unidad Operativa, que a la fecha cumple la labor de la gestión de identificación y control de esta temática a nivel nacional. En el año 2020, además, la Corte Suprema ordenó la conformación de una Mesa Técnica Interinstitucional que aborde la temática de NNA migrante no acompañado, a la que convocó a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Desarrollo Social y Familia. Con este objetivo también se incluyó la participación de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, Dirección de Estudios y Unidad de Seguimiento, estos últimos de la Corte Suprema
La jefa de Incidencia Jurídica del SJM valora que los registros del Poder Judicial contribuyan a exponer la realidad de los menores migrantes no acompañados. "Para nosotros como institución es prioritaria la protección de la niñez, y de la niñez migrante. En ese sentido que exista esta visibilización de parte de la Corte Suprema, que también estuvo trabajando en un protocolo de cómo el sistema de protección se hace cargo de esta realidad de menores no acompañados es algo positivo, porque nuestro Estado tiene compromisos desde el punto de vista internacional, a través de distintos tratados y la Convención de los Derechos del Niño. Además esta nueva institucionalidad en infancia que ha derivado en el Servicio de Mejor Niñez, en el Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social (Juvenil), se enmarca en una nueva Ley de Garantías de la Niñez, donde explícitamente se dice que todos estos derechos y protecciones que se incorporan en esa ley, no distingue nacionalidad", explica Hilliger Carrasco.