Durante el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio que hizo el Presidente Gabriel Boric, el 20 de abril por cadena nacional, en varios de los puntos del mensaje se especificó sobre el respeto a las comunidades originarias y el cuidado de los salares, espacios donde podrían instalarse nuevas industrias de extracción del mineral. Lamentablemente, la intención gubernamental, que busca mantener el rol protagónico del país en el mercado del litio y aprovechar su actual "boom" en la demanda, no contó que a días de su difusión pública se encontrara con el rechazo de las comunidades originarias -que por milenios habitan en los sectores de los salares- .

Con justa razón se sintieron invisibilizados en materias que tienen mucho que aportar, principalmente respecto a las externalidades y a los cuidados de los salares. A juicio de ellos, todo debió partir con un diálogo abierto en el que pudieran exponer sus apreciaciones y temores respecto a las faenas extractivas y cómo ser partícipes de las soluciones.

No hay una posición negativa respecto a esta industria. Lo que hay son dudas y están absolutamente conscientes que se puede impulsar este tipo de minería bajo parámetros de compensación y protección de los salares.

A la vez critican el rol que tendrá Codelco como agente asesor en las negociaciones de contratos, por considerar que históricamente no ha sido un "buen vecino" con Calama y los pueblos de Alto Loa, en lo referido a medio ambiente.

Ahora esperan una relación directa con el Presidente y los ministros involucrados en esta materia. No lo quieren a través de consultoras o asesores que puedan enviar. Sentarse a la mesa con el Primer Mandatario y conversar de frente todas las situaciones inherentes, son sus aspiraciones.

Es claro que las comunidades originarias tienen todo el derecho a exigir ser consideradas y se entiende la molestia al no hacerlo en la etapa previa.

El actual gobierno tiene dentro de sus postulados el férreo respeto a las voces de los distintos territorios y lo esperable es que se inicien los acercamientos para retomar las confianzas y afinar los puntos que sean necesarios dentro de la estrategia.

Con ello lograr un consenso en un tema delicado y estratégico para el país y para los pueblos originarios.

La semana antepasada, nos visitaba en nuestra región el presidente Boric, y el motivo era hacer público el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio que, por supuesto, se tenía que hacer en la región en donde se encuentran los mayores yacimientos del oro blanco en el país.

Parte de esta estrategia, es la creación de una empresa Nacional del Litio un paso importante para el desarrollo del país, y como no si Chile posee 36% de las reservas de este mineral a nivel mundial el cual, entre otras cosas, se encuentran en los celulares, en las baterías de autos y buses eléctricos, gran oportunidad para posicionarnos en el mercado verde mundial y por supuesto, ampliar las arcas estatales.

Esto puede significar una gran oportunidad para el desarrollo localidades tan apartadas de la capital, y que, siendo pequeñas en cuanto a su población, son provincias que sólo se han encargado de entregarle riquezas al país, me refiero a la provincia El Loa, localidad donde exactamente se encuentra el Salar de Atacama. Este desarrollo, por ejemplo, se puede ver en la creación de una universidad estatal para la provincia El Loa, pero además más hospitales y escuelas para todo Chile, porque es una política que beneficiará a todos y no a unos pocos.

Al sector empresarial por supuesto que les asustó el solo nombramiento de una política nacional del Litio, y la creación de una empresa estatal, hemos vistos cientos de declaraciones en esta semana respecto a que esto desincentivará la inversión, sin embargo, se ha recalcado los esfuerzos por acción púbico-privada atrayendo nuevos actores que ayuden a expandir la industria, pero siempre trabajando en conjunto, ya que la industria debe estar al servicio de las personas y no al revés, no olvidemos que SQM, empresa privada -hoy en día- del ex yerno de Pinochet goza de privilegios y control estratégico del Salar de Atacama, los cuales deben volver al Estado.

Es tiempo para la provincia de El Loa con esta política nacional del litio. No debemos olvidar que esta provincia, históricamente (desde el salitre, cobre y ahora litio) es un conjunto de bondades y beneficios para el resto del país. En esta provincia se encuentran 3 de las divisiones importantes de la cuprífera estatal -Chuquicamata, Radomiro Tomic y ministro Hales-y además el Salar de Atacama; que hoy es la base de esta nueva política nacional el litio.

Otro de los lineamientos importantes que menciona esta estrategia es la creación del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares. Una acertada decisión política del gobierno del presidente Boric debiese ser que el emplazamiento y construcción de este centro opere en la provincia El Loa, nos parece trascendental que se retribuya a la provincia que se está explorando y explotando desde un comienzo, esperamos que el gobierno comience a invertir pensando que esta política nacional del litio puede significar desarrollo en la zona, lo cual nos permitirá enfrentar desafíos futuros a quienes habitamos en esta zona.

Sabemos que nos encontramos en el boom del litio, y que no podemos seguir desaprovechando esta oportunidad, se espera que aumente su valor y demanda, por lo que valoramos que se impulsara esta estrategia en estos momentos. No nos cabe duda de que es una política pública que beneficiará a todo el territorio, pero también esperamos que exista mayor valoración y respeto al territorio en el cual se comenzará a operar.

Hace unos días se cumplieron dos semanas del anunciado plan del Gobierno para enfrentar los delitos de mayor connotación social, supuestamente presente en 46 comunas del país (Hoy en 33). Y es que el 2022 en Chile los delitos aumentaron sustantivamente: homicidios (42%); lesiones (25%); robos con violencia (63%; robos con fuerza (47%) y las violaciones (12%).

Una crisis de seguridad inédita desde el retorno a la democracia. Lamentablemente el 2023, las cifras siguen en aumento. De ahí que sea importante analizar el plan "Calles sin Violencia".

En primer lugar, lamentablemente no existe ninguna metodología para medir y evaluar la verdadera efectividad del plan. Sin mecanismos objetivos, más allá de la percepción del Gobierno, termina siendo más voluntarismo que profesionalismo. Así por ejemplo, los datos de Carabineros de Chile en la variación de la semana del 24 al 30 de abril en Calama, vigente el plan, muestran nulo avance en el número de detenidos en casos de homicidios, violaciones o lesiones y en los robos un retroceso de un 50%.

Por otro lado, tampoco se transparentan las diferencias entre por ejemplo, los controles preventivos de identidad que se hacían antes del plan, y la variación con el mismo incluyendo sus resultados. Solo se han mencionado públicamente números genéricos sin la debida distinción. Misma observación se puede aplicar a la incautación de armas. Esto sin siquiera analizar si los posibles detenidos quedaron con alguna medida cautelar o seguirán delinquiendo.

Asimismo, no existe un análisis cualitativo de las detenciones. No es lo mismo que se aumenten las detenciones por hurto que por narcotráfico y crimen organizado. En el primero se enfrenta el delito común, en el segundo, a la verdadera amenaza delictual que le está disputando la soberanía al Estado a través del control territorial.

Se desconoce también la convergencia que tiene con otras políticas públicas, supuestamente vigentes, como los planes comunales de seguridad pública, creados por la ley 20.965 ¿cómo se potencian ambos planes? Nada se sabe. Tampoco las medidas a corto, mediano y largo plazo que lo hagan sustentable.

Finalmente, y quizás los más relevante, vale preguntarse si se están utilizando todas las herramientas del Estado para resguardar aquellos barrios críticos que busca controlar el narco y el crimen organizado.

Así las cosas, el plan "Calles sin Violencia" con sus actuales y evidentes deficiencias, deja más dudas que certezas, ratificando lo insuficiente del mismo para enfrentar la actual amenaza delictual.