Uno de los grandes anhelos de la población regional, en los últimos meses, es sentirse seguros en los espacios públicos y en sus hogares, ello debido al aumento sin control de los delitos violentos. No es solo la percepción, muchos de los habitantes de las comunas de mayor densidad demográfica de la zona, han tenido una experiencia directa o de algún cercano con la criminalidad.

Por ello el gobierno lanzó el plan Calles sin Violencia, que tiene como objetivo devolver la tranquilidad a la ciudadanía, en un ataque frontal contra la delincuencia.

El plan, a fines de abril, empezó a funcionar en Calama y de acuerdo a versiones de Carabineros, los delitos han tenido un descenso de un 20%. Gracias a una labor focalizada en sectores conflictivos y en la persecución de los autores de crímenes violentos.

Las fiscalizaciones y controles se han multiplicado y ya dan sus primeros frutos con la detención de quienes son identificados como autores de algunos de los hechos de sangre y también de muchos que eran buscado por la justicia para cumplir sus condenas.

El inicio resulta auspicioso, más aún si a ello se suman los anuncios hechos por el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien dijo que se destinarán $22 mil millones al Ministerio Público, que servirán para aumentar la dotación de profesionales destinados a investigar y resolver casos graves, como los homicidios.

Esta era una de las aristas que faltaba apoyar, porque del buen trabajo del órgano persecutor depende el éxito del combate a la criminalidad. Investigar, buscar, detener y enjuiciar, aplicando el rigor de la ley, es lo que se debe hacer para contrarrestar la delincuencia y, principalmente, el crimen organizado.

La labor ya está iniciada y así como ya está rindiendo frutos en Calama, se espera similar éxito para Antofagasta.

Los resultados de la reciente elección de consejeros constitucionales trajeron novedades, pero también reafirmó tendencias que emergieron del plebiscito de salida del septiembre del 2022. Qué consecuencias tendrá el 7M sobre la futura Constitución, sobre el realineamiento de las fuerzas políticas y sobre la suerte de la agenda de políticas públicas del actual gobierno.

Las elecciones pasadas dieron una amplia mayoría a Republicanos, que les permitirán tener un control del horizonte de posibilidades políticas que tendrá el recién electo Consejo Constitucional a cargo de redactar el nuevo texto de la constitución. A partir de aquello ¿se puede señalar que el país o la región experimentó un giro conservador definitivo, que permitirá olvidar las demandas por transformaciones que requiere la sociedad chilena? Da la impresión, que aquellas aspiraciones solo quedaron temporalmente suspendidas por una coyuntura de explosivo aumento de la inseguridad, la inmigración ilegal y alza del costo de la vida, pero las preocupaciones por pensiones, salud y educación dignas siguen estando pendientes en la sociedad, las cuales no deberían ser soslayadas o ignoradas por ninguna fuerza política que más allá de lo identitario o testimonial aspire a gobernar en el futuro.

No se pueden sacar conclusiones tan rápidas o definitivas sobre el futuro en medio de un presente extremadamente líquido, determinado o dominado por una explosiva contingencia de inseguridad y temor que vive la sociedad chilena. Un porcentaje significativo de un electorado despolitizado y anti-establishment, situado más allá de izquierdas y derechas, llevado a las urnas de la mano del voto obligatorio expresó un mandato por un bien básico como es la protección, que a las fuerzas políticas en el gobierno les ha costado procesar y priorizar, un vacío que la oferta republicana ha llenado con nitidez.

Sin embargo, si aquellas condiciones de inseguridad pudieran ser superadas, nada impedirá en el futuro próximo el regreso de aquellas demandas suspendidas por la contingencia, de ahí la oportunidad que tendrán las fuerzas políticas con mayoría en el Consejo Constitucional para no repetir los errores del pasado reciente y ofrecer una carta que permita superar las turbulencias actuales.

En esta oportunidad, las fuerzas políticas vencedoras tendrán la posibilidad de transformar el éxito en una demostración de capacidad para superar las desconfianzas ciudadanas e impedir capitalizar un nuevo fracaso del proceso que les toca liderar. En cambio, para la izquierda la derrota debería abrir un nuevo espacio para superar las actuales divisiones generacionales de las dos almas que lideran el gobierno y apostar a construir una agenda destinada a fortalecer el papel del Estado, sin ello será imposible políticas públicas sostenibles más allá del ciclo político de un gobierno.

Esta semana, el Senado aprobó el proyecto de Royalty Minero que, busca modificar los impuestos que pagan las grandes empresas del sector y que establece la distribución de recursos por US$450 millones a gobiernos regionales y municipios, a través de tres fondos, dos de los cuales inyectarían recursos frescos a las comunas de Calama y San Pedro de Atacama por mantener en sus territorios faenas mineras y a Ollagüe por el fondo de apoyo territorial.

Sin lugar a dudas, este es un hito histórico para todas las comunas productoras mineras, y especialmente para Calama, porque por muchos años, nuestra comuna se movilizó para conseguir, lo que por justicia merece y hoy está ad portas de conseguirlo, con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que tomó está demanda de los calameños y la transformó en política pública.

Pero, ¿cómo se distribuirán los recursos?, pues bien se dispondrán en tres fondos: el Fondo Regional, el cual se inyectará a los Gobiernos Regionales y serán distribuidos según los criterios del FNDR. El Fondo de apoyo para la Equidad territorial, el cual estará a favor de las comunas más vulnerables que presentan mayor dependencia del Fondo Común Municipal y el Fondo de Comunas Mineras, para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera.

Es a través de este último fondo, que Calama estaría recibiendo recursos frescos. La proyección estima que Calama recibiría cerca de 2 mil 241 millones de pesos, los cuales se inyectarían en las arcas municipales directamente y podrán ocuparlos para responder a las necesidades de la ciudadanía de forma más amplía como salud, educación o seguridad.

Mientras que San Pedro de Atacama recibiría 948 millones por este mismo fondo y 310 millones por el fondo de equidad territorial. En tanto, la comuna de Ollagüe recibiría 248 millones por el fondo de equidad territorial. De esta forma serían $3 mil 747 millones que se inyectarían a los municipios de El Loa.

De aprobarse, el proyecto en la Cámara de Diputados, como calameños seríamos testigos de la concreción de una demanda histórica que ha tenida la ciudad y las comunidades de Alto Loa, esto porque por décadas hemos sufrido el abandono y la falta de una compensación económica, por las externalidades negativas de la minería. Con el Royalty, muchos municipios recibirán más, permitiendo equidad y justicia territorial.

Quiero destacar que, es en este Gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric que se está dando el trato que Calama merece, ya que en poco tiempo se ha tenido respuesta a demandas históricas de la comuna, como es la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), el Centro Oncológico y ahora, si la Cámara lo aprueba se inyectarían los tan anhelados recursos de la minería para convertir en Calama la ciudad que merecemos y soñamos.