Un grupo de desconocidos perpetró un ataque incendiario que destruyó por completo una escuela rural en Victoria, región de La Araucanía.

Según reportaron las autoridades, la Escuela Particular Nº 18 Bollilco fue siniestrada pasadas las 06.00 de la mañana por un grupo de cinco encapuchados que irrumpieron en la propiedad a bordo de una camioneta, rociando con combustible la estructura de madera y prendiendo fuego.

Durante la mañana, bomberos trabajaron en la remoción de escombros y enfriamiento de puntos calientes para evitar la propagación de las llamas a sectores aledaños, mientras la Policía de Investigaciones (PDI), instruida por el Ministerio Público, indaga el hecho para dar con los autores.

En el lugar se encontró un lienzo alusivo a la liberación de los llamados "presos políticos mapuche" y la organización radical Resistencia Mapuche Malleco (RMM) se adjudicó el atentado más tarde.

"Traslado inmediato a los seis peñis (hermanos) al módulo de Angol. Ni pacos ni milicos serán obstáculo en el camino del weichan (lucha)", reza el lienzo encontrado en el sitio, solicitando el traslado de presos a otro recinto penitenciario.

"Más de 20 escuelas"

El gobernador de la región de La Araucanía, Luciano Rivas, aseguró que este caso "se suma a las más de 20 escuelas que se han quemado en nuestra región de La Araucanía, cinco escuelas ya se han quemado bajo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric".

"Esto deja sumamente claro que se le ha escapado de las manos el terrorismo en la región, que si no cambiamos la estrategia difícilmente vamos a poder contener estos atentados, que lo que tenemos que lograr es desarticular estas bandas, perseguirlas y entregarlas a la justicia", agregó.

Por último, hizo un llamado a tomar medidas porque "creo que es el momento de que se reaccione como corresponde, porque en este caso se está atentando contra los niños de La Araucanía y eso no lo podemos soportar".

En tanto, el diputado por La Araucanía, Miguel Mellado (RN), señaló que "17 niños quedaron sin escuela en pleno corazón de la comunidad José Manuel Sánchez".

La Justicia sobreseyó ayer el proceso contra el sacerdote jesuita Felipe Berríos, acusado de una serie de abusos sexuales que habrían ocurrido entre 1993 y 2009, hechos a los que la Compañía de Jesús concedió "verosimilitud" hace poco menos de un año.

Ante el proceso canónico que se abrió en su contra, instruido por el Vaticano, Berríos se autodenunció ante la Fiscalía. Y, tras la investigación, el tribunal asumió la tesis esgrimida en la solicitud del abogado defensor del religioso, Julián López, quien afirmó "la inexistencia de delito".

"Que un tribunal de la República haya concluido que los hechos descritos por una de las denunciantes, incluso si fueran ciertos, no son constitutivos de delito, es una manifestación evidente de la cuestionable calidad de las acusaciones que se formularon públicamente contra Felipe Berríos y, en particular, las que patrocinó la Fundación para la Confianza".

"Con la investigación del Ministerio Público concluida confiamos en que las demás denuncias tengan el mismo destino", agregó el defensor.

Esto, porque un abogado vocero del Ministerio Público, Rodrigo Peña, dio cuenta de que "la Fiscalía de género de la Fiscalía Sur realizó una serie de diligencias, que permitieron establecer que seis hechos se habrían registrado antes del inicio de la nueva reforma procesal penal en Santiago, por lo que se solicitó la incompetencia al 12o Juzgado de Garantía, lo que fue acogido y debe ser entonces indagado por el sistema antiguo".

Víctima no declaró

A esto se suma que la denunciante -de la causa ahora sobreseída -no se presentó a declarar, señaló Emol.

Esto fue corroborado luego por la citada fundación, que en su cuenta de Instagram publicó que "esta decisión del tribunal se refiere a la autodenuncia que el propio sacerdote realizó, proceso en el cual las denunciantes, legítimamente, decidieron no participar".

El dictamen "no significa inocencia ni inexistencia de abusos. Actualmente estamos a la espera de la sentencia de la justicia canónica, proceso en el cual las víctimas sí participaron, decisión que apoyamos en su búsqueda de justicia", agregó la entidad liderada por Juan Carlos Cruz y James Hamilton, quienes se hicieron conocidos por el caso Karadima, donde el Vaticano falló a favor de ellos.

Berríos, en tanto, durante el proceso renunció a la congregación a la que perteneció durante 42 años para volver a La Chimba, un asentamiento informal en Antofagasta, donde estaba radicado hasta la primera denuncia.

"Esta resolución es un primer paso muy importante para cumplir lo que les anuncié desde el primer día, que es mi interés en que mi inocencia sea establecida de forma transparente y pública por los tribunales de justicia de mi país", señaló, por su parte, el sacerdote en una carta a la comunidad, a la cual tuvo acceso La Tercera PM.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) reaccionó a las palabras del Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública sobre el caso de Elisa Loncón, expresidenta de la Convención Constitucional cuyos antecedentes académicos han sido requeridos a la Universidad de Santiago, donde trabaja.

En la instancia, el Mandatario afirmó que "no sólo debemos cuidar nuestra democracia, también debemos cuidar nuestra convivencia y respeto mutuo. En un país moderno y civilizado, no es aceptable que se hostigue a una académica por ser mapuche".

"No nos podemos acostumbrar a estos retrocesos civilizatorios, a esta falta de humanidad, a este afán de humillar, a esta barbarie. Estamos en el siglo XXI y en este país se debe respetar a cada una y cada uno de los seres humanos que lo habitan", continuó.

Por ello, el CPLT declaró que "ante los dichos del Presidente de la República, Gabriel Boric en la Cuenta Pública, asociados a los injustos comentarios y hostigamientos realizados en contra de la profesora Elisa Loncón y otras personas (...) considera importante aclarar que "cualquier ciudadano puede solicitar información pública".

Además, la entidad aclara que "si esta es denegada", se puede "acudir al CPLT".

"En este caso, la solicitud de información fue realizada por una persona particular. Luego de la negativa de entrega, corresponde al CPLT resolver la diferencia haciendo cumplir la ley", dice la declaración.

El CPLT afirma que deben asegurar "igual respeto al derecho de acceso a la información garantizada por la Constitución, cada vez que alguien lo solicite, sin importar ninguna otra motivación".

"Lamentamos los comentarios que la profesora Elisa Loncón ha recibido por causa de su origen", cierra.