La ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció el domingo que no estaba descartada por parte del Gobierno la posibilidad de extender el estado de excepción constitucional a Los Ríos, tras el ataque a un parque eólico en Paillaco el sábado. Sin embargo ayer el tema volvió a ser polémico luego de que la delegada presidencial en dicha región, Carla Peña, afirmara que "estos hechos (de violencia) no son comparables a la situación que viven las regiones de La Araucanía y del Biobío".

Esta opinión emitida en radio Cooperativa fue en contra de las solicitudes de parlamentarios de la zona, como los senadores María José Gatica (RN) e Iván Flores (DC), quienes apuntan a que el Estado de Emergencia rija en Los Ríos para evitar nuevos ataques como el del fin de semana.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó que se vaya a extender el estado de excepción vigente en la Macrozona Sur a la Región de Los Ríos en el futuro cercano.

La autoridad planteó que "lo hemos dicho muchas veces: no hay ninguna herramienta que esté en el Estado de Derecho que el Gobierno descarte a priori para enfrentar temas de seguridad. No está tomada la decisión, a esta hora no está decidido extender el estado de excepción a la Región de Los Ríos".

"La ministra del Interior se encuentra en el Congreso, hay una reunión secreta de la Comisión de Defensa y Seguridad del Senado, donde ella concurrió a entregar antecedentes y mañana se va a discutir la prórroga del estado de excepción", explicó Monsalve.

Además, comentó que "vamos a tener una reunión con el general (Enrique) Monrás, con el general (Cristián) Mansilla y el general a cargo del control de orden público en la Macrozona Sur, y también con el jefe de zona de la Región de Los Ríos para poder evaluar la situación en esas regiones y proponer medidas de control adicional".

A horas de que mañana comience el invierno, dos anuncios respecto de los gastos básicos de los chilenos se contrastaron: mientras las empresas eléctricas afirmaron que a partir de julio se eliminará la tarifa de invierno, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se pronunció acerca de la próxima alza en la tarifa del transporte público, congelada desde el estallido social de octubre de 2019.

En el primero de estos temas, la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas informó que la medida administrativa anunciada por el Presidente Gabriel Boric en su cuenta pública del 1 de junio, y que se esperaba rigiera desde enero de 2024 y fuera retroactiva para 2023, 2022 y 2021, fue adelantada para el 1 de julio.

Dado que el decreto tarifario se emite en diciembre de este año, el fin del límite de consumo durante esta época iba a entrar en vigor desde el 2024, pero el gremio decidió anticiparlo tras las conversaciones que mantuvo con el Ministerio de Energía.

La referida tarifa es un sobrecargo que se aplica en otoño e invierno a clientes que superan cierto umbral.

El objetivo era que "este beneficio pueda materializarse en las cuentas de los clientes a la brevedad", por la vía administrativa, dijo el Mandatario en su última cuenta pública.

"En este escenario, y a partir del diálogo en una mesa de trabajo con el Ministerio de Energía, las compañías integrantes de Empresas Eléctricas -CGE, Chilquinta, Enel y Saesa- acordaron la implementación anticipada de esta medida anunciada por el Ejecutivo a partir de las boletas emitidas durante la primera quincena de julio, de modo que pueda aplicarse durante los meses venideros de 2023", confirmó la asociación gremial.

Puntualizó en un comunicado que "este plazo está determinado por los tiempos necesarios para realizar los ajustes requeridos en las plataformas comerciales y los ciclos de facturación de cada una de las compañías".

Con todo, expusieron que "creemos que más allá de la implementación de esta medida, resulta clave que esta sea acompañada de un trabajo de largo plazo en materia de eficiencia energética para clientes regulados, de modo de fomentar un uso racional de la energía".

Tarifa descongelada

Paralelamente, se está por terminar el primer semestre, plazo que había comprometido el Gobierno para no subir las tarifas del transporte público y ayer ministro de Transportes aseguró que, de haber un aumento, "no sería explosivo".

"Nosotros dijimos que las tarifas se iba a mantener congeladas en los sistemas regulados de transporte público en Chile y, por supuesto, Santiago es uno de ellos", sostuvo Muñoz a EmolTV.

E indicó que "la tarifa ha estado congelada desde octubre de 2019 y estamos justamente en esa conversación con el Ministerio de Hacienda, respecto de cómo vamos a proceder el semestre que viene. Lo vamos a anunciar oportunamente".

Tras ser consultado si subirá o no, el secretario de Estado precisó que "es parte de lo que estamos conversando" y remarcó que "lo que hemos garantizado, es que todo el año va a estar congelado para adulto mayor y estudiantes. Lo que pase en el segundo semestre lo vamos a anunciar prontamente".

Muñoz quiso "transmitir la tranquilidad de que por una parte, las tarifas ni se van a aumentar en forma explosiva. Pero también el no pago de la tarifa y el mantenerlo congelado exige recursos que tienen otros fines sociales muy relevantes".

La bancada de diputados de la UDI presentó una moción de censura contra la segunda vicepresidenta de la Cámara Baja, Catalina Pérez (RD), a raíz del polémico convenio firmado por el exseremi del Minvu en Antofagasta, Carlos Contreras, con una fundación representada por la pareja de la parlamentaria, Daniel Andrade.

Dadas las críticas de la oposición, Contreras renunció luego de que se le acusara de firmar tres convenios por un total de 426 millones de pesos con la fundación Democracia Viva, de Andrade, para atender la línea de trabajo de campamentos.

La misiva de la bancada gremialista, sostiene que "de conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 del reglamento de vuestra corporación, venimos en presentar una moción de censura en contra de la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, dirigida específicamente hacia la segunda vicepresidenta, honorable diputada Catalina Pérez Salinas".

Los diputados sustentan lo anterior en que, a su juicio, "ha mantenido una conducta al menos cuestionable desde un punto de vista ético".

Además el diputado gremialista Jorge Alessandri expuso que aunque no imputa delito de Pérez, "evidentemente, como es vicepresidenta de la Cámara y nos representa a todos, yo siento que debiera dejar la Vicepresidencia de la Cámara para defenderse, sin llevar a toda la Cámara de Diputados que ella hoy día representa".

Para el timonel de RD, Juan Ignacio Latorre, "desde el punto de vista legal, la información que tenemos hasta ahora es que no hay nada irregular". Sin embargo, admitió que "otra cosa es que haya un error político que no se previó por parte del seremi y Daniel Andrade. Son cosas distintas".

"En principio estaríamos hablando de una falta de prudencia, un error político, de no prever que esto podría generar una consecuencia de un manto de duda frente a un convenio", planteó el senador.