El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, dijo que "enviamos un equipo investigador a la Región de Antofagasta, para informarnos de todas las situaciones que se están provocando" a causa de los millonarios contratos firmados con Fundación Democracia Viva, liderada por la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, y el seremi Carlos Contreras, todos de RD.

"Los antecedentes que lograron recabar, y logramos recuperar información relevante que entregaremos directamente a la Fiscalía", anunció Montes, porque "lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados".

Los tres convenios entre la seremi del Minvu en Antofagasta y la citada fundación suman $426 millones, de los que un porcetaje "ya los han gastado, aquella parte que no han gastado, nos parece que lo sensato es que los pongan a disposición", afirmó el ministro, junto con que "el Gobierno no descarta presentar una querella".

El Ministerio, asimismo, instruyó un sumario a fin de "esclarecer los hechos y determinar responsabilidades administrativas, así como cambiar el sistema de transferencia de recursos y sus procesos establecidos en el año 2015 y aplicados por primera vez en 2019".

Sobre por qué no se detectó antes esta eventual irregularidad, Montes dijo que son "críticos del sistema que entrega recursos con una discrecionalidad que no contribuye a un resguardo adecuado de los recursos públicos. Este sistema debe cambiar y los equipos ya están trabajando".

En el caso que compromete a la legisladora y que la llevó a renunciar a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados "no hay indicios definidos de nuevas irregularidades, pero de haber se entregarán los antecedentes a las instituciones que corresponden", señaló Montes.

"Venimos a aplicar todas las herramientas para encontrar las responsabilidades que existen y buscaremos formas para evitar que se vuelva a repetir un caso así. Nuestro mensaje es claro: esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable", recalcó la autoridad.

Expulsión de rd

El Consejo Político Nacional de Revolución Democrática (RD) solicitó ayer al Tribunal Supremo del partido expulsar a Pérez, Andrade y Contreras.

"Siempre hemos impulsado la importancia de elevar el estándar de la función pública, asegurando los principios de probidad y transparencia en la toma de decisiones", afirmó la colectividad fundada por el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien hace un tiempo señaló que "nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió".

El polémico "caso convenios" continúa generando coletazos. Esta vez tanto Renovación Nacional (RN) como la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron medidas a fin de aclarar el caso y que se asuman responsabilidades políticas y administrativas.

En el caso de RN, el jefe de bancada de diputados, Frank Sauerbaum, anunció un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que indague el caso.

"Vamos a hacer una presentación en la Contraloría para solicitar una auditoría de todas las seremías del país, de los programas dependientes de ellos y de todos los recursos pagados a estas organizaciones ligadas al Frente Amplio", manifestó el legislador.

Asimismo, informó que la acción buscará evaluar "la responsabilidad del ministro Montes, por aceptar la renuncia del seremi de Antofagasta sin hacer una auditoría previa, lo que impidió establecer una responsabilidad política y administrativa".

"Además, pondremos estos antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte de la investigación que está llevando de oficio la Fiscalía de Antofagasta. Esto es especialmente grave cuando se trata de recursos que son utilizados justamente para beneficiar a los más pobres, a los que menos tienen, a la gente que vive en campamentos", acotó.

secreto bancario

Por su parte, los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Cristhian Moreira adelantaron que mañana solicitarán a la Fiscalía que allane todos los inmuebles que estén en nombre de la fundación Democracia Viva, además de pedir el levantamiento del secreto bancario de los involucrados en la controversia.

Junto con esto, confirmaron que ingresarán una querella criminal por el eventual delito de fraude al fisco. "Tal como lo adelantamos durante esta semana, mañana jueves vamos a presentar una querella criminal para perseguir todas las responsabilidades penales que puedan existir en este caso. Y en ese marco es que hemos solicitado una serie de diligencias a la Fiscalía, entre ellas levantar el secreto bancario del ex seremi del Minvu y también de la pareja de la diputada Pérez, además de pedir que se allanen las oficinas que tenga a su nombre la fundación, porque todo indicaría que estamos enfrente de una organización política más que social", manifestaron los parlamentarios gremialistas.

Adicionalmente, los diputados pedirán que, además de los dos involucrados y la diputada Pérez, se cite a declarar a los ministros Giorgio Jackson (Desarrollo Social), Camila Vallejo (Segegob) y Carlos Montes (Minvu). Los primeros dos, para transparentar la relación que mantendrían con dicha fundación, considerando los distintos llamados que han hecho a participar de ella. Y el tercero, por su responsabilidad como superior jerárquico del seremi que asignó los $426 millones.

"Cuando los tres principales involucrados en este escándalo deciden renunciar a sus cargos, es porque estamos hablando de algo serio que, a nuestro juicio, podría ser constitutivo de delito. Y si la Fiscalía lo entiende así, es indispensable que se adopten cada una de estas diligencias investigativas, hasta llegar a las últimas consecuencias de este caso", reiteraron los diputados UDI, quienes finalmente conminaron al Presidente Boric a presentar una querella, asegurando que "esto también involucra al Gobierno, y él tiene la obligación de hacerse parte de este proceso".