Recursos públicos y PGU
En 15 meses el Gobierno ha destinado US$ 479 millones a distintas fundaciones, corporaciones e instituciones privadas, según han informado distintos medios a la luz de eventuales irregularidades, en particular asociadas al Ministerio de Vivienda, lo que ha costado la salida de funcionarios públicos.
Lo anterior demuestra la cantidad de operadores políticos sin las capacidades ni la probidad para ocupar cargos importantes, junto con demostrar el nivel de malversación de recursos públicos, los cuales son escasos y que no llegan a quienes los necesitan.
Como dato, si redireccionamos esos US$ 479 millones para mejorar la pensión garantizada universal (PGU), esta mejoraría inmediatamente en un 10%, desde $206.000 a $226.000, y podría aumentar otro 10% hasta $250.000 si hacemos el mismo ejercicio con mayor eficiencia con recursos municipales, también envueltos en escándalos en los últimos meses.
Llegar a una PGU de $250.000 puede ser una realidad, sin reforma tributaria, sólo con una mayor disposición y probidad por parte del Gobierno.
Eduardo Jerez Sanhueza
Más que falta de experiencia
Lo usual es escuchar que la juventud es el futuro de un país, y en esta aseveración descansa la responsabilidad de miles de personas de distintas sensibilidades. Las disímiles expectativas y aspiraciones de las generaciones de recambio en su propio devenir han logrado que esa aspiración de renovación política se encuentre manchada por personas que ya ni son tan jóvenes ni se tomaron con genuina responsabilidad los anhelos de miles de chilenos que añoran condiciones mínimas para salir adelante.
Personas que estigmatizaron o banalizaron vicios y los aprendieron también a través de los años, hoy se escudan en la frase de campaña de Gabriel Boric "no le tengan miedo a la juventud", y traducen los errores cometidos al ser gobierno como "falta de experiencia".
Están dejando una sensación sumamente ingrata en nuestra sociedad, porque la realidad es que nosotros, los jóvenes responsables y jugados genuinamente por el devenir del país, creemos que su incompetencia sólo se basa en falta de preparación, insensatez, bajo raciocinio y completa sinvergüenzura, habilidades que no están condicionadas a la edad.
Lucy Depablos
Caso Convenios
Las corporaciones y fundaciones desempeñan un rol importante en la economía y en la sociedad. A pesar de ello, en general están sujetas a una regulación mucho más laxa que las empresas. Su supervisión recae en el Ministerio de Justicia y, de manera complementaria, en la Contraloría General de la República cuando se trata de entidades receptoras de fondos públicos, y el Servicio de Impuestos Internos en relación con donaciones y exenciones tributarias.
Este ecosistema regulatorio presenta dos deficiencias fundamentales. En primer lugar, el Ministerio se limita a recabar información contable y sobre las actividades desarrolladas, sin llevar a cabo una fiscalización efectiva según lo dispuesto en el Código Civil. En segundo lugar, el control es fragmentario, debido a que se ejerce a través de distintos órganos públicos que obtienen un cuadro incompleto, sin existir una instancia central que sistematice la información y detecte irregularidades.
Dicha falta de control constituye un factor criminógeno grave en caso de aquellas personas jurídicas sin fines de lucro, que reciben aportes fiscales o desempeñan funciones de carácter público. Como han demostrado las recientes investigaciones penales, es necesario que estas entidades implementen modelos de organización, gestión y control interno para prevenir delitos dentro de sus estructuras. Es imprescindible que el Estado otorgue eficacia al marco regulatorio aplicable a corporaciones y fundaciones, acorde a las funciones públicas que están desempeñando.
Francisco Bedecarratz Scholz Abogado y doctor en Derecho, Universidad Autónoma de Chile
Campamentos
El verdadero escándalo desatado sobre los campamentos es el que todos los gobiernos no los hayan integrado a las ciudades, desde 1974, siendo este fenómeno social una de las formas del crecimiento "natural" de las ciudades americanas, derivado de la incapacidad de los gobiernos al no ordenar, ni controlar, ni disponer de suelos aptos y viviendas dignas a los habitantes que no se los pueden dar por sí mismos.
Hemos acumulado ya 1.290 campamentos, en los que habitan 455.548 personas. Tenemos que sumar las innumerables tomas no catastradas, con lo que la cantidad de habitantes de todas las edades que no tienen agua potable, alcantarillado, domicilio y otros, debe superar el 10% de nuestra población. Debemos sumar también a nuestros habitantes que no tienen las capacidades para construir algo, en tomas o campamentos. Siento vergüenza.
Juan Enrique Mastrantonio Freitas
