Lo del nepotismo, amiguismo y hasta el clientelismo son prácticas que por décadas son aplicadas por los gobiernos de turno, y pese a las críticas y esfuerzos por erradicarlas se mantienen. Es posible entender que cuando se llega al poder se quiera gobernar con personas de confianza, lo que no significa la inclusión de amigos, correligionarios o familiares en cargos para los que no tienen ninguna experiencia y que solo lo hacen por estar en la lista de beneficiados de la autoridad en ejercicio.

Obviamente que es una mala práctica y que no se condice con los discursos de gobernar con los más capacitados o de terminar con los "pitutos" en los cargos públicos. Todo queda en las palabras y, lamentabemente, la experiencia nos indica que está lejos de terminar, porque se ha enquistado en la forma de hacer política.

Y lo más preocupante, es que no son pocos. Es un listado grande lo que posibilita que malos elementos busquen la forma de aprovecharse, muchas veces no a título personal, sino con fines partidistas.

Y es que del clientelismo, el recibir regalos y favores a cambio del voto, se salta al ofrecimiento de un cargo en el aparataje público por el voto o por trabajar para cierta candidatura.

Es decir, unos más y otros menos, se sirven del Estado. Lo ven como un verdadero "botín" y reparten los cargos públicos y en las empresas estatales. Cargos con buena remuneración y que se ve como la justa recompensa.

Se pensó que con el cambio generacional sería distinto. Pero no ha sido así. Durante este gobierno se han creado 94 mil nuevos empleos públicos y no sólo los cargos de confianza son ocupados por militantes de partidos del oficialismo, también otros que debieron llegar por carrera funcionaria o un cargo de alta dirección pública.

Se ve difícil que situaciones así terminen, mientras nuestra política no dé ese salto de calidad y se entienda bien qué es el servicio público.

La bomba de racimo del caso de la Fundación Democracia Viva ha terminado por develar un mecanismo de defraudación a la fe pública y las arcas fiscales que supera por lejos los $426 millones de pesos que recibió esa organización, ligada a la diputada Catalina Pérez y a otros militantes de Revolución Democrática. Hoy la Fiscalía indaga posibles tráficos de influencias, fraudes al Fisco y malversación de fondos públicos por más de $14 mil millones, en ocho regiones.

El Gobierno, que debe facilitar las investigaciones y, además, abrir espacios para superar la crisis a partir de la transparencia y claridad en la conducción, sólo la ha agravado con una colección de gafes que se incrementa a diario. Desde el "error político" inicial de la dirigencia de Revolución Democrática, pasando por el respaldo irrestricto del propio Presidente Gabriel Boric al ahora renunciado exseremi de El Maule, y coronando con el nuevo tropezón del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien debió rectificar sus dichos respecto que los recursos que se entregaron a fundaciones ligadas al actual oficialismo se iniciaron en el gobierno anterior, en una paradoja insostenible. Por si fuera poco, de nuevo el Presidente Boric puso en duda el "cuándo se enteró La Moneda" de los traspasos irregulares a las fundaciones, dejando aún abierta la respuesta.

El punto central es que, cuando más liderazgo se necesita para no dejar abandonados a los miles de habitantes de campamentos, a las familias que no cuentan con lo más básico para una subsistencia digna, los encargados de hacerlo no han asumido su rol como corresponde.

No basta con retórica y frases grandilocuentes, con condenas y promesas de que a partir de ahora no se repetirá. Tampoco con recurrir a las soluciones de largo plazo como si fuera la panacea. Por eso, el anuncio de la creación de una comisión de expertos que ayuden a desarrollar "un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro" en un plazo de 45 días, más allá de la buena intención y el impecable currículum y experiencia pública de sus seis integrantes, se queda corto.

Lo que demanda hoy el escenario es claridad y capacidad de gestión, parar la hemorragia y darle "continuidad de giro" de las políticas públicas. Por un lado, se deben tomar decisiones administrativas y conformar equipos, pero de trabajo. ¿Dónde está el encargado de campamentos anunciando un plan de acción para atender las obras no ejecutadas?

¿Dónde está la nueva subsecretaria de Vivienda entregando un informe sobre el daño social del fraude? Pero, además, se deben asumir las responsabilidades políticas a tiempo, sin defensas corporativas… Por ejemplo, ¿dónde está la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que hasta hace unos meses condujo el fundador de RD Miguel Crispi, explicando los cuestionados convenios con los gobiernos regionales? Gobernar es complejo, es cierto, pero lo que no puede ocurrir es que los encargados de hacerlo se nieguen a cumplir con su deber.

Para dotar al país de más seguridad, hay que avanzar paralelamente en distintas áreas, sin dejar ninguna de lado. Es por ello, que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha impulsado la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual viene a dar respuesta, a través de objetivos, medidas concretas y proyectos de ley, a uno de los temas que preocupa a las chilenas y chilenos.

Esta política constituirá un hito, puesto que por primera vez, Chile contará con una mirada explícita y a largo plazo sobre esta temática. Medidas inmediatas que se implementarán desde el presente año.

Una de las primeras acciones concretadas es el empadronamiento biométrico, la cual busca generar una base de datos con huellas, rostro, nombre de las personas extranjeras que han ingreso al país por pasos no habilitados. Con este proceso se podrá conocer la identidad de las personas y con ello brindar un poco más de seguridad a todas y todos quienes habitan en el país.

Asimismo, se conformará el Comité Interinstitucional para la materialización de expulsiones, el cual tendrá como misión y como su nombre lo dice, concretar las expulsiones administrativas y judiciales decretadas que se encuentren pendientes de ejecución desde el 2013.

También se desarrollará e implementará un Plan de Fortalecimiento de capacidades locales y regionales con el objetivo de inyectar recursos a los municipios que se han visto afectados por el ingreso y tránsito de migrantes. Paralelamente, se aumentará la oferta educativa en el país, para dar respuesta a esta demanda.

En materia legislativa, se anunció el ingreso de un proyecto de ley, el cual tiene como objetivo aumentar las causales de prohibición de ingreso al país. Este proyecto, además de las causas que están establecidas como la comisión de delitos graves, se añadirá a todas aquellas personas que están condenadas por violencia intrafamiliar. Así también, con el objetivo de mejorar la convivencia, aquellas personas extranjeras que cometan faltas o incivilidades más de tres veces en un periodo de dos años, será motivo de expulsión o causal para no otorgarles la residencia o negarles la nacionalidad.

Bajo este proyecto de ley que se enmarca en la Política Nacional de Migración y Extranjería también se trabaja en la línea de ampliación de las causas de expulsión, independiente que las personas tengan residencia transitoria o temporal, se establecerá como condición de expulsión la comisión de delitos o crímenes en los últimos 5 años.

Así también, se buscará aumentar las penas por tráfico de migrantes, se ampliará la zona de control fronterizo a lugares y rutas ubicados a 10 kilómetros de la frontera y se aumentará las multas a empresas de transporte internacional, ya sea aéreo, terrestre y marítimo por embarcar pasajeros sin los requisitos de ingreso al país.

Finalmente, queremos ser enfáticos en decir que, a partir de esta Política Nacional de Migración y Extranjería no habrá una regularización masiva, pues lo que se busca es establecer una vida ordenada y migración regular y segura.

Miguel Ballesteros,

delegado presidencial provincial de El Loa