Karen Elena Cereceda Ramos

Durante esta semana, en el marco del Proceso Constitucional, se entregaron las enmiendas para modificar el anteproyecto de Constitución Política y que fue elaborado por la Comisión Experta.

Entre una de las enmiendas que más llamó la atención fue la presentada por el Partido Republicano y la Unión Demócrata Independiente (UDI), el que tiene por objetivo la reducción del número de parlamentarios en el Congreso Nacional.

Actualmente el Congreso está conformado según se estipula en la Ley N° 20.840, promulgada en 2015 y en donde se modificó el sistema electoral de binominal a proporcional y se aumentó la cantidad de diputados de 120 a 155, disminuyendo de 60 a 28 los distritos. En cuanto a los senadores, pasaron de 38 a 50 y se estableció una sola circunscripción senatorial por región.

En tanto, la propuesta que los partidos de derecha presentaron como una enmienda esta semana, considera pasar de 155 a 132 miembros en la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras que el Senado pasaría de tener 50 a 48 integrantes.

Análisis

José Ignacio Martínez, profesor de Derecho Constitucional e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, explica que la cantidad de integrantes de las cámaras de un parlamento o Congreso es un tema relativo y depende de muchos factores, tales como la población del país, la forma de gobierno (presidencialista o parlamentarista), la forma de Estado (unitario o compuesto), de la solidez del sistema democrático representativo, entre otros.

"A mi juicio lo más relevante es que los ciudadanos efectivamente se sientan 'representados' por los parlamentarios, y eso se logra fundamentalmente con sistemas electorales que conjuguen distritos relativamente pequeños y la posibilidad de votar por candidatos y no por listas", dijo Martínez.

Respecto de si estos cambios en los números de los parlamentarios serían perjudiciales para el sistema político, el analista de la UAndes señaló que, "evidentemente no es lo ideal, pero me parece que hay que entenderlo en el contexto de un sistema político que está en crisis, al punto que la discusión se está dando en el proceso destinado a elaborar una nueva Constitución con la que esperamos se ponga fin a dicha crisis. Si así fuese (es lo que espero), deberíamos esperar que se logre una estabilidad constitucional que debería favorecer a las instituciones democráticas", detalló Ignacio Martínez.

Representatividad

El doctor Marco Moreno Pérez, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central señala que si bien, al parecer, los consejeros constitucionales comparten el diagnóstico acerca de los problemas de nuestra actual institucionalidad política que favorecen la fragmentación impactando la gobernabilidad, no se genera-por ahora-algún consenso.

"En los sectores mayoritarios en el Consejo se respira una suerte de nostalgia por volver a la binomilización de la política. Los minoritarios apuestan por cambios incrementales a partir de mejorar y perfeccionar la actual institucionalidad, pero sin volver al binominal", explica.

Agrega que si se analizan los sistemas electorales en clave de gobernabilidad, aparecen como objetivos: la legitimidad, la estabilidad y la representación ciudadana.

"Como sabemos la meta del sistema binominal fue la disminución del fraccionamiento del sistema de partidos para por esta vía mejorar la gobernabilidad. El incentivo para pactar generado por el sistema binominal dio lugar a una competencia electoral «bipactista» que redujo la cantidad de partidos que entraban en el Congreso, aumentando con esto la efectividad del sistema. Esta sigue siendo, según sus partidarios, la principal virtud del sistema binominal", comenta el académico de la U. Central.

Continúa diciendo que las críticas al sistema por falta de representatividad llevaron, durante el segundo mandato de la exPresidenta Michelle Bachelet, a promulgar una reforma electoral que sustituyó el sistema binominal imperante por uno de carácter proporcional, que comenzó a implementarse desde las elecciones de 2017 hasta ahora.

En este sentido dijo que, "el sistema vigente ha generado que se vea reducida la capacidad de construir grandes acuerdos, toda vez que la proporcionalidad más bien ha promovido la fragmentación política mediante el establecimiento de muchos partidos, cada uno con agendas políticas que dificultan la generación de acuerdos impactando la capacidad de gobierno y generando desincentivos para la gobernabilidad".

Por otra parte, "el vaso medio lleno muestra que el actual sistema proporcional corrigió las barreras de entrada que distorsionaban el principio de representación, posibilitando la llegada a la Cámara de otras fuerzas políticas", explica Marco Moreno.

La actual discusión sobre redistritaje en términos de reducirlos o ampliarlos, "se inscribe en este mar de fondo. Lo cierto es que con la población actual -de alrededor de 19 millones- y de acuerdo con una de las fórmulas para calcular el número de parlamentarios (Rein Taagepera, 1972) deberíamos tener un número mayor a los 155 que hoy conforman esa Cámara. Este dato los consejeros no los deben soslayar".

Moreno manifiesta que, "el argumento de los costos que implica un Congreso más numeroso y que en contraste uno más pequeño resultaría más barato para el Estado, es un debate popular que prende en el actual clima de crisis de representación política".

Por último, Marco Moreno dijo que, "lo cierto es que el país parece necesitar una reforma que transe algunos grados de representatividad por más estabilidad y menos fragmentación. Esta parece ser la disputa instalada el actual proceso constituyente en marcha. El redistritaje es sólo una parte del problema".

"Evidentemente no es lo ideal, pero me parece que hay que entenderlo en el contexto de un sistema político que está en crisis".

José Ignacio Martínez, Universidad de Los Andes

"El país parece necesitar una reforma que transe algunos grados de representatividad por más estabilidad y menos fragmentación".

Marco Moreno, Universidad Central

2015 se promulgó la ley N°20.840 en el que se aumentaron los cupos parlamentarios y que entró en vigencia en 2017.