A causa del robo de computadores y una caja fuerte -aún desaparecida al cierre de esta edición -del Ministerio de Desarrollo Social, la UDI pidió la salida del titular, Giorgio Jackson, y suspendió el diálogo por la reforma de pensiones. Sin embargo, ayer RN y Evópoli se manifestaron a favor de continuar las negociaciones.

El diputado Frank Sauerbaum dijo que RN "siempre ha tenido una actitud dialogante y generadora de consensos. Los adultos mayores y el país no pueden pagar las consecuencias de tener hoy un mal Gobierno".

El senador Iván Moreira, no obstante, reafirmó la postura de la UDI con un video en Twitter donde afirmó que "pretender acusarnos de pequeñez política ¿qué autoridad moral tiene entonces la ministra (del Trabajo) comunista (Jeannette) Jara que 'no todo vale en política' nos dice, pero si su partido tiene la convicción que en política el fin justifica los medios? (...) Jackson se ha convertido en un símbolo de lo peor de este Gobierno".

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, señaló durante la tarde de ayer que "especialmente pediría mucha calma, porque todo esto tiene que ver con los hechos delictuales que se produjeron en el Ministerio de Desarrollo Social y quiero decirle a ustedes que han habido cuatro o cinco casos similares a esto".

"Me contaron, incluso, que a un general de Carabineros le imitaron la voz y pidieron armas en una comisaría. O sea, podemos hacer una lista de hechos que han ocurrido de características similares, de un tipo de delincuencia", agregó el secretario de Estado en referencia a que el robo en el Ministerio fue concertado por teléfono.

Montes, cuya cartera también está involucrada en el Caso Convenios y en la caja fuerte habían contratos y cheques, destacó que "en pocas horas se logró detener a parte de las personas que intervinieron y a partir de eso se llegará a algún resultado. (...) El tema de pensiones es demasiado urgente para tantas familias que conversemos esto, no interrumpamos la conversación".

El ministerio de Desarrollo Social recalcó al mediodía de ayer su "total disposición a entregar toda la información y antecedentes requeridos" por el Caso Convenios, ya que personal de la PDI fue el jueves a periciar los computadores y recibió una negativa. Luego fueron robados 23 equipos desde aquella cartera -incluido el que utiliza el ministro Giorgio Jackson -los que aparecieron a las pocas horas. El viernes la PDI pudo comenzar la investigación.

La oficina estatal recalcó que "así se ha realizado en diversas instancias y últimamente con información requerida vinculada a investigaciones sobre convenios con fundaciones y otros organismos colaboradores, donde el ministerio ha aportado de manera proactiva información y antecedentes a la Fiscalía y Contraloría".

El Ministerio Público busca antecentes sobre los convenios que terminaron con transferencias por más de $14.000 millones realizadas a fundaciones, varias de ellas recién creadas, desde las carteras de Desarrollo Social y Vivienda. Los directivos de estas organizaciones eran militantes de RD, partido político fundado por Jackson.

La información publicada por Desarrollo Social ayer fue en respuesta a La Tercera, tras revelar que el jueves la PDI no pudo acceder a los computadores debido a la negativa de los funcionarios.

La policía debió solicitar una orden judicial para ingresar al ministerio y, mientras esta era tramitada, ocurrió el robo y recuperación de los equipos. Funcionarios de la brigada de Cibercrimen pudieron el viernes, orden mediante, comenzar la pericia forense de los equipos, es decir, intentar recuperar los archivos que pudieran haber sido eliminados.

La PDI busca antecedentes sobre el traspaso de casi $450 millones desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada, creada en febrero de este año. El dinero fue asignado para capacitaciones a personas en la Región de La Araucanía.

La Conadi forma parte de Desarrollo Social, Ministerio que participa del Plan Buen Vivir, para el reconocimiento y diálogo con los pueblos indígenas, tarea en la que también está incluido Obras Públicas (MOP), donde uno de los asesores era el hermano de la pareja de Jackson, Vicente Gutiérrez, que debió renunciar tras levantarse una polémica por su contratación.

Sin embargo, esta semana Gutiérrez fue visto en La Moneda como asesor de la diputada Maite Orsini (RD), quien declaró que "yo respaldo completamente la gestión del ministro Jackson, y creo que lo que hay en su contra es una persecución política": con esta tesis se alineó el Gobierno y el oficialismo durante el jueves. Al día siguiente, lo ocurrido fue tildado como un robo común.

"es absurdo"

El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, señaló en Mega que "estoy convencido que el ministro Jackson no tiene ningún vínculo con estos hechos. (...) Porque lo conozco, creo que es una persona honesta, y es absurdo pensar una hipótesis tan rebuscada para esconder información".

"Esta tesis del autorrobo para borrar pruebas, que es lo que se ha instalado, es absurda, toda vez que en ninguno de esos computadores había información relevante. La información relevante está respaldada", agregó el secretario de Estado.