Se acercan los 50 años de la conmemoración del Golpe de Estado que nos dividió como chilenos, y su proximidad no hace más que exhibir abiertas las heridas que aún perduran en muchas familias de nuestra patria que siguen buscando a sus seres queridos. Ellos tienen derecho a la verdad, nadie se los puede quitar. Este derecho humano, es autónomo e inalienable y su contenido es tener un conocimiento concreto, completo y pleno de los actos que se produjeron, las circunstancias específicas y personas en particular que los hicieron posibles, además de su motivación.

Pero, ¿qué puede motivar la tortura, la desaparición forzada de personas, y los fusilamientos? Es tiempo que nos pongamos de acuerdo como sociedad respecto de que no son admisibles estas prácticas, ni antes ni ahora, muchos menos para lo futuro, a este acuerdo nos ha invitado el Presidente de la República. Estas semanas han sido especialmente sensibles en la materia, desde diversas miradas se ha expuesto que tenemos, como chilenos, un gran tema pendiente. Por otro lado, la otra cara del derecho a la verdad se extiende al deber y obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, llevar adelante investigaciones eficaces y recursos efectivos, para que exista reparación.

En su sentido más genuino lo ha expresado S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font: "mientras nos falten, seguiremos buscando". Lo propio replica a nivel regional la delegada presidencial Karen Behrens Navarrete. En palabras del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega "la invitación del Presidente, que es una invitación a suscribir un acuerdo pensando en el futuro y no en el pasado.... en la medida en que uno mire ese pasado, lo que uno tiene que tener en consideración es que las diferencias políticas en una democracia se resuelven con democracia y no con un golpe". ¿Tan difícil es valorar la democracia?, ¿tanto cuesta decir "esto no volverá a pasar"?

Mientras tanto, en lo local y cotidiano, la justicia sigue su camino, a sus propios tiempos. Recientemente se verificaron diligencias en investigaciones que buscan esclarecer detenciones y desaparición forzada de personas en la provincia de Tocopilla, en particular de los terribles hechos ocurridos en el pique minero La Veleidosa y sus alrededores. Por otra parte, desde esta Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, hemos apoyado, entre otras, las gestiones de doña Fabiola Mutarello Aros (52), hija de Vitalio Mutarello Soza, para lograr un pequeño pero simbólico reconocimiento a su padre por parte del concejo municipal de la comuna de María Elena, y su presidente alcalde Omar Norambuena Rivera, quienes en votación unánime, accedieron a bautizar la biblioteca del Liceo María Elena TP-CH (Técnico-Profesional, Científico-Humanista), con el nombre "Presidente del sindicato obrero del salitre, Don Vitalio Mutarello". Don Vitalio fue un pampino, Pedrino, dirigente de Soquimich y militante del Partido Socialista. Actualmente detenido desaparecido.

Recientemente se publicó el primer informe nacional de homicidios consumados (2018-2022), el cual evidencia la crisis de seguridad en que se encuentra el país, pero por sobre todo en la que se encuentra la región. En efecto, son 213 asesinatos en los 5 años, siendo el año con más homicidios el 2022 con 67.

Asimismo, Antofagasta ostenta el pésimo récord de ser la tercera región con mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes correspondiendo a un 9,4, muy por sobre la media nacional de 6,7. El 2018 no había ninguna comuna de la región en el top ten de comunas con más homicidios, en cambio, el 2022, se incorporaron dramáticamente Antofagasta y Calama en los lugares 7 y 8 respectivamente.

El informe es aún más preocupante para la región si se considera que entre el 2018 y el 2022 los homicidios aumentaron un 109%. La vía pública ha sido el lugar preponderante para los homicidas, representando el 58,7% del total de los casos, mientras que los domicilios particulares representan un 23,0%. Del mismo modo, 192 hombres y 21 mujeres han perdido la vida. Resulta preocupante que 1 de cada 4 homicidas correspondió a un extranjero el 2022.

Lamentablemente, el actual gobierno lejos de disminuir la crisis, la ha profundizado con medidas absolutamente insuficientes para la realidad de la región.

Según cifras de Carabineros de Chile, en lo que va del 2023, ya hay un incremento de un 35,7% de homicidios respecto al mismo período del 2022. Es decir, si ya el 2022 había sido el peor año, tristemente el actual, muy posiblemente será muchísimo más negativo. El Plan "Calles sin Violencia" ha demostrado que fue simplemente una medida "parche" y débil para lo que ocurre.

Asimismo, el Fast Track Legislativo del Gobierno que promueve 31 proyectos de ley en materia de seguridad no se ha cumplido en los plazos establecidos. Tampoco proyectos como el que permite el resguardo de los barrios críticos por las Fuerzas Armadas frente a la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado; el que tipifica el ingreso clandestino al país como delito; o el que crea la Defensoría de las Víctima de Delitos, se le ha dado urgencia alguna.

Así las cosas, el gobierno debe, de una vez por todas, tomarse en serio la seguridad y enfocarse en la prevención y la desarticulación de las organizaciones criminales que día a día están afectando gravemente a la región, no hacerlo, constituye una omisión inexcusable.

El Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Calama vivió un nuevo episodio esta semana con la visita del subsecretario del ramo Maximiliano Proaño. Se esperaba que llegara con medidas provisorias para empezar a aplicar y así los calameños pudieran respirar un mejor aire, pero no fue así y tendrán que esperar nuevos diálogos y talleres para realizar una minuta con lo que se puede realizar en lo inmediato.

Para el ciudadano común resulta incomprensible que se sigan ampliando plazos, realizando talleres y conversaciones para asumir tareas sobre las que el diagnóstico ya conocemos.

Por muchas fallas que haya tenido el PDA anterior, que fue anulado por el Tribunal ambiental, contenía una serie de especificaciones que se estaban implementando y que lo aconsejable era continuarlas, a modo de medidas provisorias, mientras se empieza a redactar el nuevo instrumento de descontaminación.

El seremi lo había dicho que no se interrumpiría lo iniciado y que agregarían nuevos programas para complementar. La intención era no quedarse de brazos cruzados e intentar atacar los principales focos y agentes contaminantes.

Esta materia ya es conocida y no se entiende que deban seguir con tramitaciones y situaciones que solo entorpecen lo que se debe hacer con urgencia.

La comunidad de la capital de El Loa y su área circundante ya ha esperado demasiado. Son 13 años desde el día que dicha comuna fue decretada cono zona saturada por partículas con PM10.

Más de una década y todo sigue igual, dependiendo de la buena voluntad de los involucrados, sin plazos ni metas que deban alcanzarse para el bienestar de la ciudadanía. Y cuando se estuvo cerca y con documentación suficiente todo volvió a fojas cero.

Hoy no existe premura y pareciera que a nadie le importa la salud de los loínos.