Redacción

Un sólido respaldo comprometió el alcalde Eliecer Chamorro a las madres de dos jóvenes deportistas loínos -Hans Fernández y César Michea- que murieron atropellados en San Francisco de Mostazal, comuna de la Región de O'Higgins.

El apoyo que brindará el alcalde a Maribel Correa Vera, madre de Hans y Mery León Maluenda, madre de César, puso punto final a la protesta que hicieron en el frontis del municipio, tanto las familias como los integrantes del club Spartan Training, por el lento avance que muestra el proceso de investigación que tiene lugar en el Tribunal de Garantía de Rancagua.

Los hechos se remontan a la noche del 23 de octubre de 2021, cuando los infaustos deportistas se dirigían junto a otros compañeros a comprar agua para refrigerarse durante el desarrollo del torneo nacional de espartanos que se realizaba en la comuna de San Francisco de Mostazal.

Lamentablemente la vida de Hans y César fue truncada por el desplazamiento de un vehículo que contravenía todas las reglas del tránsito.

Hoy, a casi dos años de ocurrido el fatal episodio, las madres de los jóvenes exigen se aplique todo el rigor de la justicia al autor del atropello, pero temen que ocurrirá lo contrario.

"Estamos pidiendo llegar al fiscal nacional, porque el fiscal que está en Rancagua, está trancando todo y estamos en lo mismo que hace un año y nueve meses. Este caballero quiere llegar a un acuerdo para que este hombre esté libre y por eso solicitamos ayuda al alcalde", dijo Maribel Correa.

Al respecto, el alcalde Eliecer Chamorro, informó que en el encuentro que sostuvo con las madres, acompañada por su equipo jurídico, acordó con la abogada defensora de la familia, solicitar, vía oficio, una audiencia con el fiscal nacional con dos requerimientos específicos.

"El primero, hacer un recuento de todo el proceso legislativo desarrollado y segundo, estamos pidiendo el cambio de fiscal en el caso de Rancagua, para que el proceso sea de mejor precisión, de mejor información y de mayor coordinación", dijo el alcalde.

El edil agregó que en caso que prospere la audiencia con el fiscal nacional y previa autorización de las madres, pedirá estar presente en Santiago o a través del equipo jurídico, "para apoyar a nuestras familias calameñas".

Jurídico

Por su parte, Franklin Muñoz, director Jurídico de la Municipalidad de Calama, dijo que al tenor de la información proporcionada por la abogada que representa a las familias de los jóvenes, el avance es lento "y nos comunica que lo que está ofreciendo hoy la fiscalía de Rancagua, es un procedimiento abreviado. Nosotros le explicamos a las mamás, como asesoría jurídica, lo que eso significa y pensamos que es una situación muy dolorosa para ellas, que la fiscalía esté pensando en cerrar la causa de esa manera".

Múñoz indicó además que en la investigación "hay muchas diligencias que están pendientes, así como también declaraciones de testigos esenciales que fueron presenciales y que son importantes en este procedimiento de investigación".

"Entonces nos llama mucho la atención que la fiscalía, sin tener todas esas diligencias, que son importantísimas, esté pensando en cerrar esta causa de esa manera. Sentimos mucho lo que está pasando a las mamás, por lo tanto, vamos a hacer el oficio y esperar con esas diligencias ante el fiscal nacional, poder revertir esta situación en pro de nuestros hijos calameños que sufrieron este desgraciado accidente y también hacer justicia por las mamás", concluyó.

"Estamos pidiendo llegar al fiscal nacional, porque el fiscal que está en Rancagua, está trancando todo y estamos en lo mismo que hace un año y nueve meses".

Maríbel Correa, Madre de Hans Fernández

23 de octubre de 2021 los estudiantes fueron atropellados por un vehículo que circulaba contra el tránsito.

En un trabajo conjunto con otros organismos de la región de Antofagasta, articulado por el Sernac y liderado por la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta y la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, durante esta semana se desarrollaron fiscalizaciones en modalidad integrada multitarea.

En Calama, el Sernac regional, junto con la Delegación Presidencial Provincial de El Loa, Carabineros, Seremi de Salud, inspectores municipales e Inspección del Trabajo, realizaron diversas acciones de fiscalización en forma conjunta a locales que comercializan productos importados.

Por otra parte, en la comuna de Antofagasta, el Sernac junto con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), con la Seremi de Salud, con la Dirección del Trabajo y con el Servicio de Impuestos Internos, desarrollaron un proceso de fiscalización multitarea.

En forma preliminar, el Sernac detectó una serie de incumplimientos a la Ley del Consumidor, principalmente falta de información en los productos comercializados debido a que las tiendas no informaban correctamente los precios, junto con brechas relativas al rotulado de los productos.

Una vez que culmine el análisis, y en caso de detectar incumplimientos, cada organismo podrá determinar las acciones que estime conveniente para ir en defensa de los consumidores.

Derechos consumidores

El profesional de la Dirección Regional de Antofagasta, Eduardo Valenzuela, explicó que este tipo de acciones son muy relevantes, pues permiten verificar en terreno si las empresas cumplen con la Ley, junto con prevenir eventuales incumplimientos que pudiesen afectar los derechos de los consumidores.

"Uno de los compromisos del Sernac es realizar un trabajo en terreno y coordinado con los demás Servicios Públicos, para poder resguardar los derechos de los consumidores en los diferentes ámbitos de consumo, lo que justamente se logra con este tipo de fiscalizaciones", recalcó la autoridad regional.

Valenzuela comentó que es importante que las empresas cumplan al pie de la letra con lo que establece la Ley del Consumidor. Esto implica que los locales deben informar veraz y oportunamente el precio de sus productos y servicios, ya sea en vitrinas, anaqueles, estanterías, entre otros, a fin de asegurar un correcto conocimiento por parte de los consumidores.

En el caso del rotulado, la normativa obliga a las empresas a rotular correctamente los productos que comercializan, que debe incluir información en castellano e indique el uso para el que está destinado y tenga advertencias e instrucciones para su uso seguro.

Por otro lado, la información que contenga el rotulado no debe inducir a error o engaño a los consumidores y debe ser posible de comprobar.

Finalmente, es importante recordar que en caso que un producto venga defectuoso, los consumidores tienen derecho a la garantía legal de 6 meses, que implica la posibilidad de cambiar el producto, repararlo o solicitar la devolución del dinero.