Esta semana conocimos la percepción de la ciudadanía sobre la protección en materia de consumo y los resultados fueron decidores. Un 93% de las y los consumidores considera que el Sernac debe tener mayores facultades y un 69% de quienes respondieron se sienten desprotegidos.

Los porcentajes y respuestas corresponden a la Consulta Ciudadana que desarrolló el Servicio Nacional del Consumidor, entre el 10 y el 23 de julio, donde participaron más de 4.000 personas, lo que da cuenta del impacto que tiene este tema para las y los consumidores cuando un problema no es resuelto en forma oportuna.

Al analizar las respuestas de los consumidores de las preguntas relacionadas con las herramientas del Sernac para protegerlos, más de un 90% coincide en que éstas deberían aumentar, 91,5% que debería tener facultades para sancionar a las empresas, 92,1% señala que las empresas deben tener la obligación de responder los reclamos de los consumidores interpuestos en el Sernac, entre otros resultados.

Estas cifras reflejan lo que día a día sienten las personas cuando se enfrentan a problemas en la compra o consumo de algún producto y que no ven una respuesta clara y una rápida solución.

Actualmente el Sernac, en casos de reclamos individuales, no cuenta con las herramientas suficientes para dar una solución oportuna a los problemas de las y los consumidores y prueba de esto es que un 43% de los reclamos no se resuelven satisfactoriamente para las personas.

El proyecto de ley contempla facultades sancionatorias a través de un procedimiento claro y transparente para las empresas, la obligación de contar con canales expeditos de reclamos e incentivos para una respuesta eficaz, lo que actualmente no está en nuestras facultades. Además, se establece la facultad que el Sernac puede solicitar la restitución de cobros mal efectuados y otras medidas preventivas.

El objetivo es poder solucionar el problema para la y el consumidor en forma preventiva, e incentivar que la persona tenga una solución rápida y oportuna evitando que estos reclamos lleguen a instancias legales que tienen muchos costos para el consumidor frente a las defensas que pueden contactar las empresas.

No podemos hacer oídos sordos. Es necesario que nos hagamos cargo de las necesidades de las y los consumidores que necesitan contar con herramientas y canales que resuelvan sus problemas al momento de comprar un producto o contratar un servicio y eso es lo que buscamos con la tramitación de este proyecto de Ley.

El uso de la inteligencia artificial (IA) ha ido aumentando en todos los sectores de la sociedad, y en la industria farmacéutica supone una nueva revolución para el diseño y desarrollo de nuevos medicamentos, permitiendo una aceleración del proceso.

La IA es un sistema tecnológico que involucra una variedad de redes y herramientas avanzadas que imitan la inteligencia humana. Utiliza software que puede interpretar y aprender desde datos disponibles para realizar decisiones independientes para alcanzar objetivos específicos. Dentro de sus aplicaciones, la IA es capaz de percibir y reconocer patrones, memorizar, identificar y optimizar procesos y controles.

En el área de la salud ya existen algunas herramientas que han sido desarrolladas basadas en sistemas IA, por ejemplo, mediante el supercomputador IBM Watson, se diseñó una herramienta para ayudar en el análisis de los datos del paciente, lo que resulta en sugerencias de estrategias de tratamiento para el cáncer. Este sistema también se puede utilizar para la detección rápida de enfermedades, lo que queda en evidencia al demostrar su capacidad para detectar el cáncer de mama en tan solo 60 segundos.

Se puede imaginar la participación de la IA en el desarrollo de un producto farmacéutico desde el origen en el diseño del medicamento hasta su aplicación al paciente. Esta herramienta tecnológica puede determinar la terapia adecuada para un enfermo; y gestionar los datos clínicos generados y utilizarlos para el desarrollo futuro de medicamentos. Asimismo, ayuda en la toma de decisiones en el área de marketing, venta e inversión de productos farmacéuticos.

El proceso de descubrimiento y desarrollo de un fármaco puede llevar más de una década y cuesta en promedio 2800 millones de dólares estadounidenses. La IA puede reconocer los compuestos principales y con mayor probabilidad de éxito, y proporcionar una validación más rápida del objetivo del fármaco y la optimización del diseño de la estructura de este. De hecho, varias empresas biofarmacéuticas, como Bayer, Roche y Pfizer, se han asociado con empresas de innovación tecnológica (TI) para desarrollar plataformas de IA para el descubrimiento de terapias en áreas como la inmuno-oncología y las enfermedades cardiovasculares.

La IA aplicada a procesos de producción en la industria farmacéutica también ha demostrado impulsar eficazmente una mejora en la eficiencia y calidad de la producción mediante la automatización de ciertos procesos, y ha sido aplicada exitosamente en la síntesis y manufactura de fármacos usados con diversas indicaciones como sildenafil (para la disfunción eréctil), difenhidramina (antialérgico) y rufinamida (antiepiléptico).

A pesar de las ventajas, esta tecnología enfrenta algunos desafíos importantes en el manejo de la información, como la escala, el crecimiento, la diversidad y la incertidumbre de los datos. Actualmente no hay medicamentos en el mercado desarrollados completamente basados en IA. Quedan desafíos específicos con respecto a la implementación de este avance, pero es muy probable que la IA se convierta en una herramienta indispensable en la industria farmacéutica en un futuro cercano.

El asesinato del candidato presidencial del movimiento Construye en Ecuador, Fernando Villavicencio, durante un acto de campaña da muestra de la violencia desatada en el ámbito político, sobre todo en un contexto de corrupción asociado al narcotráfico.

Está claro que la corrupción y el narcotráfico ha tenido un gran avance en varios Estados latinoamericanos, donde no es nuevo el ataque a presidenciables y donde Colombia, a finales del siglo pasado, vio como varios de sus políticos cayeron en manos de sicarios.

Por tal motivo y por todo el daño que generan este tipo de acciones, es que las autoridades en Chile no deben ver esto como algo lejano, sino que trabajar con fuerza para evitar que este tipo de crímenes lleguen al territorio nacional.

Una de las claves es que no se le abra la puerta a las bandas de crimen organizado, que buscan penetrar al interior de la institucionalidad con el fin de evitar ser detenidos y continuar con lucrativos negocios como son el narcotráfico, tráfico de armas y de personas.

Tras la llamada "crisis de seguridad" en el país, que sigue estando muy lejos del nivel de violencia que afecta a otros países del continente, las autoridades nacionales han ido tomando una serie de medidas que buscan perseguir a las bandas internacionales de manera efectiva. Las medidas han comenzado a tener efectos, no obstante, el llamado es a no conformarse, ya que al igual que el Estado toma medidas, estas bandas se reinventan para seguir delinquiendo.

Es clave mantener a raya estos crímenes y seguir investigando y desbaratando los brazos de estas organizaciones, ojalá con mayor colaboración internacional, pero sobre todo con un apoyo transversal desde el mundo político, para seguir invirtiendo y fortaleciendo las policías, como también ampliando la llegada del Estado a los sectores más vulnerables del país, que son justamente donde estas organizaciones buscan penetrar.