La agenda en terreno que ha llevado a autoridades de Gobierno a trasladarse a distintas regiones para abordar en encuentros ciudadanos aspectos sectoriales, como también proyectos de reformas centrales para el Ejecutivo, incluyó el viernes pasado la visita del Ministro de Justicia y Derecho Humanos, Luis Cordero Vega (51).

En oficinas de la seremi de Justicia este reconocido abogado, Doctor en Derecho de la Universidad de Lleida (España) y Magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, aborda en diálogo con El Mercurio de Antofagasta diversas aristas vinculadas al avance en el diálogo con la oposición, como también los propios del ministerio que encabeza. Una labor que asumió en enero pasado, en reemplazo en el cargo de la ministra Marcela Ríos.

Ya estamos a menos de un mes de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973. En ese contexto ¿cuál es la importancia del Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el Gobierno? Más aún considerando las diferencias surgidas desde diversos sectores por esta conmemoración.

-Es cierto que estamos en el contexto de la conmemoración de los 50 años, pero es cierto también, que desde el año pasado nosotros hemos estado trabajando en el Plan Nacional de Búsqueda. El objetivo central de este plan es que los esfuerzos que hasta ahora habían desarrollado esencialmente los familiares, a través de las acciones judiciales en tribunales, sean una obligación permanente del Estado. Saber las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer. Es bien relevante no solo como un mecanismo de reparación para los familiares de las víctimas y sus entornos; sino también para la sociedad chilena. Quiero ser bien franco. Sé que estamos en un momento de diferencias, y a ratos de un discurso combustible, pero en todo lo que hemos desarrollado a propósito del Plan Nacional de Búsqueda ha sido en general compartido con todas las personas de oposición que he hablado. Son personas que entienden el objetivo hacia dónde apuntan el plan, que además descansa en dos consensos que son relativamente compartidos: que en Chile se violaron Derechos Humanos en dictadura y, en segundo lugar, que ese tipo de situaciones no puede volver a suceder. Es decir, no puede volver a ocurrir que usted o que alguien sienta que puede tener la capacidad de cometer crímenes de esas características frente, sencillamente, a personas que califican adversarios, que luego lo transforman en enemigos y que finalmente pueden terminar por desnaturalizar su propia dignidad.

En la Región de Antofagasta tiene una significancia especial para su población las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante aquel período. ¿Cuál es su visión al respecto?

-Esta es una región muy simbólica, por lo mismo, de hecho hay investigaciones activas de recuperación en el caso de La Veleidosa, el caso de Tocopilla, que es un ejemplo de que en el contexto de las investigaciones judiciales se puede seguir obteniendo información. Se pueden seguir encontrando lugares, y es obligación del Estado disponer de los recursos para que los jueces puedan llevar a cabo esas diligencias. Por eso esta es una región muy simbólica, muy representativa en esos términos, porque fue una región muy activa en los diálogos del plan y que será muy protagónica en el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, que es el 30 de agosto, que es el Día Internacional de la Desaparición Forzada Personas.

Pacto fiscal y seguridad

En otro aspecto, Ministro, junto a la agenda sectorial de distintas autoridades de Gobierno, el Ejecutivo y la oposición han vuelto a dialogar tras la salida del ministro Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo evalúa la opción de avanzar en este denominado Pacto Fiscal?, considerando además la posibilidad de fortalecer la transparencia en el gasto público.

-Es una buena noticia la reunión que encabezó el Presidente de la República con la oposición. Y es una buena noticia haber tenido una conversación franca, en directo. Dicho eso, las diferencias son naturales en un sistema democrático. Los desacuerdos son esperables, pero lo relevante es que haya un espacio de diálogo y un espacio de conversación. La oposición tiene su manera de entender el Pacto Fiscal, y su manera de entender también el tema pensiones; pero estamos de acuerdo, sobre todo después de los últimos eventos, que es clave la transparencia en la gestión de los fondos públicos y que es clave el uso, no sólo razonable, sino que el adecuado uso los fondos públicos. Porque la única manera, no sólo de dar viabilidad a esta a estas reformas que son indispensables, sino que es clave también respecto de la confianza hacia las personas sobre el funcionamiento del Estado y sus instituciones. Aquí lo relevante es que es el Estado en su conjunto que tiene que hacerse cargo de solucionar problemas, pero en segundo lugar que cada peso que tiene el Estado tiene que ser adecuadamente invertido.

En relación al contexto de la crisis y seguridad que enfrenta el país, se advierte una participación significativa de menores de edad en delitos, especialmente, en robo de autos, encerronas y portonazos. El Gobierno está activando un programa de reinserción juvenil. ¿Cuáles son las herramientas que se van a emplear para lograr esta reinserción y evitar que menores de edad sigan delinquiendo?

-Mire, los temas de reinserción son probablemente de los grandes desafíos que tiene el país en materia de justicia y de seguridad. La cárcel tiene un propósito como sanción, pero la cárcel no puede ser simplemente un espacio donde yo retribuyo el mal ocasionado, sino que tengo que evitar que el cumplimiento de una condena, simplemente sea eso, sin posibilidad efectiva de reinserción. Porque al final del día lo que la sociedad busca es que esas personas no vuelvan a delinquir. En el caso de responsabilidad penal adolescente, eso todavía es más significativo, porque es la oportunidad que tiene el sistema institucional de intervenir para interrumpir carreras delictuales. Toda la evidencia lo que demuestra es que las trayectorias delictuales de adultos están muy marcadas por las trayectorias delictuales previas.

¿Cuál es la perspectiva para la creación del Servicio de Reinserción Juvenil en la región?

-La dictación de la ley que crea el Servicio Reinserción Juvenil entra en funcionamiento progresivamente y la primera fase es en la zona norte. De hecho en enero del próximo año esta es una de las regiones donde comienza la implementación del Servicio de Reinserción Juvenil. Y esto no es solo el término del Sename (…) por lo que la creación del Servicio es cambiar también el foco, o un lado de la persecución penal. Por eso necesitamos fiscales especializados, jueces especializados, además de los defensores. Un modelo de justicia que trate que los jóvenes infractores de ley internalicen los efectos de los actos que cometen frente a las víctimas; y tercero el desarrollo de programas efectivos para permitir reinserción o en algunos casos directamente inserción en personas que probablemente que no han tenido condiciones objetivas. Ese esfuerzo significativo que está haciendo la sociedad chilena para permitir la reinserción, supone también un castigo penal más severo para quienes puedan utilizar a menores de edad en la comisión de delitos.