Las cifras de violencia escolar que muestra la región no solo llaman la atención por su volumen, sino además, por la falta de iniciativas concretas que apunten al mejoramiento de las condiciones estructurales que originan los conflictos.

Según las cifras de la Superintendencia de Educación, durante el primer semestre de 2023 esta entidad ha recibido 248 denuncias por diversas temáticas en la región, de las cuales el 32% corresponde a maltrato a párvulos y/o estudiantes. De acuerdo con estos registros al 30 de junio de este año, y comparado al mismo período de 2022, el maltrato a párvulos y/o estudiantes se incrementó un 18%. Desagregando la cifra, el maltrato de adulto a párvulo y /o estudiante aumentó un 119% (16 vs 35 casos), mientras que el maltrato entre párvulos y/o estudiantes bajó -14% (52 vs 45 casos).

En el plano local parte de los actores del sistema, sostienen que la rebaja en casos de violencia estaría subrepresentada porque no todos los incidentes serían reportados ala SPE. Los mismos sostienen que parte de las mejoras se deben a iniciativas que las propias comunidades han adoptado a fin de optimizar el uso de los espacios al interior de los establecimientos, sin apoyo de sostenedores o Mineduc.

Todo indica que el sector de educación regional adolece de medidas concretas que apunten al fortalecimiento del sistema educacional municipal. Sin proyectos de infraestructura relevantes para la capital regional, el problema de los sobredemada en los establecimientos seguirá en incremento, sin posibilidad de articular iniciativas que viabilicen soluciones en el mediano plazo.

La nueva forma de administración no garantiza un mejoramiento de los resultados educacionales en el corto plazo, y en la mayoría de los casos, su implementación se ve entrecruzada por una serie de intereses gremiales que parecieran desviar del propósito de poner acento en el mejoramiento de la calidad de la educación ofertada.

La situación minera, que enfrenta el país, debe ser tomada con la mayor seriedad y sentido de urgencia posible, con el objeto de no perder más terreno en materia de competitividad y producción. En este sentido, la nueva ministra de Minería, Aurora Williams, quien ya realizó un muy buen trabajo, durante el segundo mandato de la Presidenta, Michelle Bachelet, tendrá grandes desafíos.

A mi juicio, uno de los mayores retos vendrá de la mano de revertir las cifras en Codelco, situación que también recaerá, por supuesto, en la gestión de su nuevo presidente ejecutivo, Rubén Alvarado. Según informó la estatal, durante el primer semestre, la empresa aportó al Fisco?US$770 millones, un 6% por sobre lo comprometido con el Ministerio de Hacienda, reportó excedentes por US$329 millones (en 2022, fueron US$2.746 millones) y un Ebitda de US$1.775 millones.

De acuerdo con las explicaciones de la compañía, las condiciones operacionales y los retrasos en los proyectos llevaron a registrar, entre enero y junio, una producción de 633 mil toneladas de cobre, con una caída de 14% en relación con el mismo período de 2022. La producción total, sumadas las coligadas El Abra y Anglo American Sur, alcanzó a 684 mil toneladas.

Asimismo, la caída de los excedentes, respecto del mismo período de 2022, se explicaría por un menor volumen de ventas (11%), debido a la menor producción de cobre propio (14%); una caída de 3% en el precio de realización de ventas de cobre, con respecto a igual periodo del año anterior, y el incremento en los costos de venta, asociado a la variación de los costos de producción.

A lo anterior, se debe tener presente lo planteado por algunas voces expertas, como la del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, que analizó los principales resultados de Codelco, concluyendo que, de mantener la actual trayectoria, el alza de la deuda de la estatal podría llevar a la empresa a una potencial insolvencia.

Dicho esto, debo expresar también mi preocupación por la explotación del litio, aquí el Estado ha sido demasiado lento y no debemos perder más tiempo. En este contexto, especialistas han establecido que la actual segunda posición mundial que ocupa el país como productor -pese a tener la reserva de litio más grande del mundo- se estaría viendo amenazada. Según un estudio del banco JP Morgan, en 2030, Chile podría quedar en cuarta posición, por detrás de Australia, China y Argentina, como causa de los retrasos en los progresos técnico-minero. A esto, debe agregarse que el marco regulatorio del litio, a mi juicio, es obsoleto y un desincentivo a la inversión.

Las nuevas autoridades, especialmente las ligadas al Ministerio de Minería y Codelco, no tienen más tiempo que esperar, no podemos desperdiciar las oportunidades de elementos tan estratégicos para el desarrollo del país, como el cobre y el litio, acciones que además deben ir de la mano de la sustentabilidad y sostenibilidad.