Irán conmemoró ayer el primer aniversario de la muerte de la joven Mahsa Amini con un enorme despliegue de seguridad y una represión que ni siquiera permitió a la familia visitar su tumba.

La muerte de Amini, de 22 años de edad, tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico, el 16 de septiembre de 2022 provocó unas protestas que durante meses pidieron el fin de la República Islámica y solo desaparecieron tras una represión que causó 500 muertos y al menos 22 mil detenidos.

Un año después Irán amaneció blindado, con un enorme presencia policial en las calles de ciudades como Teherán, donde en algunas zonas había grupos de agentes antidisturbios cada pocos metros, y efectivos policiales en moto recorrían la urbe.

Así, a lo largo de la jornada apenas se produjeron incidentes en algunos puntos del país.

Familia de amini

En Saqez, la ciudad natal de Amini, situada en el Kurdistán iraní, las autoridades impidieron que su familia celebrara una ceremonia en el cementerio Aichi, donde está enterrada y donde ondearon los primeros velos y se gritaron los primeros "mujer, vida y libertad" en su entierro.

"Amjad Amini está bajo arresto domiciliario", informó la ONG con sede en Oslo Iran Human Rights (IHR), en referencia al padre de la joven.

"Las fuerzas de seguridad le impiden que visite la tumba de su hija Jina Mahsa Amini en el aniversario de su asesinato", añadió la organización.

Por la mañana, el padre de Amini fue detenido por horas para advertirle de que no conmemorara el primer aniversario de la muerte de su hija.

Por su parte, la agencia oficial iraní, IRNA, informó que el presidente de Irán, Ebrahim Raisí, se reunió con familiares de miembros de las fuerzas de seguridad muertos en las protestas, entre ellos 2 efectivos de la milicia islámica de los basiji.

Las autoridades libias exigieron ayer una investigación sobre las fallas humanas que podrían haber causado el peor desastre natural de la historia del país tras el paso por la ciudad de Derna del ciclón Daniel, que podría haber causado al menos 7 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos, y 30 mil desplazados, mientras el Gobierno de Trípoli apela a la transparencia ante la masiva ayuda humanitaria enviada por la comunidad internacional.

El fiscal general, Al Sidiq al Sour, declaró que los expertos e ingenieros encargados de la investigación, a petición del Consejo Presidencial, que funciona como Jefatura de Estado, evaluarán las dos represas de Derna construidas en la década de 1970 así como la partida presupuestaria destinada a los fondos de mantenimiento. Además se investigará el papel de las autoridades locales y los dos gobiernos precedentes.

Uno de los motivos del rápido derrumbe de estos embalses podría ser, según los expertos, el mal estado de la infraestructura, la falta de medidas de seguridad y la ausencia de mantenimiento.

El día 10 de septiembre, las lluvias torrenciales arrasaron el noreste del territorio, especialmente en esta localidad costera, que provocaron el colapso de dos presas, vertiendo 33 millones de litros de agua en la madrugada y arrastrando zonas residenciales enteras hasta el mar.

"Aseguro a los ciudadanos que la fiscalía tomara medidas firmes contra cualquiera que haya cometido errores o negligencia, y se procederá por vía penal", señaló Al Sour.

El director del centro de lucha contra enfermedades, Haider al-Saeih, declaró que al menos 150 personas habían sufrido diarrea después de beber agua contaminada e instó a la ciudadanía a beber únicamente agua embotellada, enviada por las organizaciones humanitarias.

Los organismos médicos advierten de enfermedades transmitidas por el agua y la descomposición de cuerpos, como hepatitis y cólera, sumada a la deshidratación y la desnutrición.

Mientras tanto, los equipos de rescate llegan con dificultad desde todos los rincones del mundo, entre ellos de Egipto, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Catar; aunque el acceso a Derna, partida en dos tras la destrucción de puentes y carreteras, ha obstaculizado el inicio de las operaciones.

El primer ministro del Gobierno libio de Unidad Nacional (GNU), en Trípoli (oeste), reconocido por la comunidad internacional, Abdulhamid Dbeiba, pidió al Comité Supremo de Finanzas ofrecer cifras "reales y detalladas" de la ayuda y un calendario supervisado por un mecanismo internacional que preserve la transparencia.

Dbeiba prometió "soluciones reales y eficaces", incluida la lucha contra la corrupción, el robo de la ayuda humanitaria y la explotación por parte de los "comerciantes de crisis". Para ello, insistió en la necesidad de unificar instituciones y organismos libios "ya que la división institucional dificulta los esfuerzos de rescate y su efectividad".

La división política complica aún más las tareas de rescate y reconstrucción en este país de 7 millones de habitantes, inmerso en más de una década de conflicto tras el levantamiento popular respaldado por la OTAN que derrocó al dictador Muamar El Gadafi en 2011.

Dos autoridades se dividen el ejecutivo: el Gobierno de Unidad Nacional (GNU), de Trípoli (oeste) con reconocimiento de la comunidad internacional, de Abdulhamid Dbeiba; y el Gobierno de Bengasi, elegido por el Parlamento y bajo control de Haftar, dirigido por Osama Hammad.

Más de una semana ha pasado del terremoto que sacudió varias regiones del sur de Marruecos, el pasado 8 de septiembre, que dejó cerca de 3 mil fallecidos y más de 5.500 heridos, y que desencadenó una tragedia sin precedentes en un área que abarca zonas aisladas de las montañas del Alto Atlas.

Según indicaron ayer a Efe dos responsables de la región de Marrakech-Safi y del Ministerio de Educación marroquí, se pretende que mañana lunes miles de niños de esta zona retomen las clases en tiendas de campaña habilitadas y en internados en la ciudad próxima de Marrakech, porque ya se ha realojado en tiendas a los habitantes de los pueblos afectados.

Samir Goudar, presidente de la región Marrakech-Safi, que engloba las 3 provincias más damnificadas, donde se han suspendido clases: Al Haouz, Chichaoua y Marrakech, dijo que solo quedan personas por realojar en la provincia de Chichaoua, y que en esta zona, la vuelta a clase puede retrasarse.