La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo ayer a cinco personas por su vinculación con el caso convenios en la Región del Biobío. Entre los arrestados por esta arista conocida como conocida como "caso lencería" están Camila Polizzi, su expareja Sebastián Polanco y dos exfuncionarios del Gobierno Regional.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, detalló que "se encuentran detenidos Camila Polizzi, Sebastián Polanco, Diego Polanco (hermano de Sebastián), Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina. Los tres primeros no son funcionarios públicos, se ha pedido su orden de detención por la comisión de los delitos de estafa, ".

Acuña era el jefe de división de Desarrollo Social Humano y Martínez administrador regional, ambos desvinculados por este escándalo. En el caso de ambos, por tratarse de funcionarios públicos, "esta orden se ha solicitado y se ha despachado por el delito de fraude al Fisco", diferenció Cartagena.

Forma de defraudar

Hace poco más de un mes, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra los hoy detenidos y para hacerlo expuso detalladamente el mecanismo usado para defraudar: "En mayo de 2022, Camila Polizzi presentó un proyecto en el Gore Biobío, que habría desarrollado junto a Polanco, con el objetivo de postular al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, bajo el amparo de una fundación creada por Polizzi llamada Conce Solidario, pero esta no cumplía con la antigüedad requerida, pues su vigencia era de un año, no alcanzando los dos años exigidos para poder postular".

"Por ello Polizzi habría buscado otra fundación, con la antigüedad necesaria, tomando contacto con Gerardo Silva Silva, presidente y fundador de la Fundación En Ti, obteniendo de él un mandato amplio de administración de bienes, en que le otorgaría a ella la facultad de administrar", añade el CDE.

A través de esta fundación, y según recomendación de los propios funcionarios públicos del Gore, Polizzi y Polanco postularon al Fondo de Desarrollo Regional con el programa denominado "Capacitación ciudadana para familias de Barrio Norte", el que sería ejecutado por la Fundación En Ti y cuyo costo total de inversión sería de 250.635.000 pesos.

Para el programa era necesario tener un Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) y Polanco le compró los derechos de Sociedad Frumisal Ltda. a Matías Godoy, quien al destaparse este escándalo se autodenunció, reveló que los servicios contratados no se prestaron y presentó como pruebas algunas boletas de gastos asociados a la cuenta corriente de dicho organismo, entre las que había compras en las tiendas de vestuario y de ropa interior, lo que derivó en que se bautizara esta investigación como "caso lencería".

"Hecho grave"

Los arrestos concretados ayer generaron diversas reacciones entre los parlamentarios de la Región del Biobío.

El diputado Eric Aedo, jefe de bancada DC y querellante en la causa, valoró que "estas detenciones son por un hecho grave y van a ayudar a determinar quién está detrás de este verdadero fraude al Fisco, quiénes son los autores intelectuales de este hecho que ha sacudido a la región y al país". Apuntando a Polizzi, excandidata a alcaldesa de Concepción, añadió que "detrás de este fraude hay alguien que lo creó, que lo planificó y que quiso construir su propio partido regional".

La diputada Marlene Pérez (independiente-UDI) afirmó que "ahora a esperar que el Ministerio Público actúe de forma diligente y con justicia, y lo más importante, que se pida restituir los recursos, porque los únicos perjudicados son los habitantes de la región".

Luego de que la Comisión Investigadora del caso convenios aprobara un informe con reproches contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a quien acusa de una "reprochable inobservancia de las conductas de las seremis", el diputado Raúl Soto (PPD) salió en defensa del secretario de Estado y acusó una maniobra política para sacar del foco de la atención a Revolución Democrática y centrarla en la autoridad.

El informe aludido constató que el ministro "no conocía la situación que afectaba profundamente su cartera a lo largo de todo el país y que era manejada por diversos funcionarios. Como Comisión no vemos motivos para cuestionar la verdad del Ministro Montes, pero ello no evita el reproche a la diligencia con la cual condujo su cartera".

Ante ello, Soto recalcó que "efectivamente el ministro Montes pecó de ingenuo y es probablemente el único pecado que se le puede imputar, pero irregularidad ninguna. Radiquemos las responsabilidades donde corresponden: hay funcionarios de gobierno de Revolución Democrática, la exsubsecretaria de Vivienda, el propio Miguel Crispi que no informó al Presidente y tampoco al ministro Montes".

El legislador añadió que "acá hubo una operación política para desviar el foco de atención que estaba radicado en Revolución Democrática y en algunos de sus militantes que fueron quienes abrieron esta caja de Pandora de los convenios y las fundaciones en nuestro país y desviar la atención hacia el ministro Montes que no tiene ninguna responsabilidad directa en los casos de corrupción".

Resolver el caso

El propio ministro Montes expresó ayer que "lo más importante ahora es ver las causa de las cosas y ver cómo se resuelve. Quisiera terminar no como el ministro de los convenios, sino como el ministro que resuelve el caso de los convenios".

Agregó que "yo asumo, visto desde ahora, que habríamos debido estar de otra manera encima. El ministro es básicamente político, algún rol administrativo tiene, cuando delega facultades y eso es válido para todas las autoridades. Tenemos realmente una nueva institucionalidad para que esto no se repita".

Finalmente, reiteró que "no es verdad que el Ministerio de la Vivienda son puros corruptos, no es verdad que esto se repite en todas las regiones. Quiero defender a los funcionarios del Ministerio de la Vivienda porque son personas serias que llevan años dedicados a esto, trabajando y tratando de hacer bien las cosas".