Agencias

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, puso en duda la independencia del Poder Judicial en su país tras los fallos emitidos ayer por varios tribunales.

"Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita!", escribió en un mensaje en su perfil de la red social X, en el que la exmandataria (2007-2015) se refirió a la anulación del sobreseimiento en una causa que la afecta y a dos casos que involucran al expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

La causa denominada 'Ruta del dinero K', por la que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, es investigada por presunto lavado de dinero, continuará después de que se anulara el sobreseimiento a la también exmandataria (2007-2015), según dictaminó la Justicia argentina.

La Cámara Federal de Apelaciones dio lugar a la petición de la querella, la asociación civil Bases Republicanas -muy vinculada al ex jefe de Estado Mauricio Macri-, que reclamó la reincorporación de Fernández a la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero por medio del empresario Lázaro Báez, que ya fue condenado y con quien el ya fallecido exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández tuvieron una estrecha relación.

La causa será devuelta al juez Sebastián Casanello, que en junio pasado había resuelto desvincular a la exmandataria de las acusaciones de corrupción.

Los votos a favor de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y uno en contra por parte del magistrado Eduardo Farah permitieron ordenar la reapertura de la investigación judicial en la que se expuso la necesidad de vincular las pruebas de otros casos por corrupción en los que se involucra a la vicepresidenta.

Son las causas 'Vialidad', por la cual fue condenada a seis años de prisión con un fallo de primera instancia que fue apelado; 'Hotesur-Los Sauces', por presunto lavado de dinero; y la mediática causa 'Cuadernos' por irregularidades en la obra pública junto a más de 170 procesados.

"Tanto este caso, como los que se encuentran conectados a él, aun cuando tramiten ante distintos tribunales, sin ninguna duda orbitan alrededor de un común denominador, conforme lo sostiene la querella en su presentación constitutiva y en los puntos de agravio que sostiene para fundar el recurso de apelación contra la decisión del juez instructor", indicó Llorens en la resolución.

Además, consideró necesario revisar las declaraciones de los "arrepentidos" en la "causa de los cuadernos", ya que podrían servir para explicar y clarificar los hechos, una medida que podría iluminar la causa actual.

La 'ruta del dinero K'

El caso se inició en abril de 2013 y, hasta ahora, Báez fue condenado junto a otros 17 imputados, entre ellos sus hijos, por llevar adelante maniobras millonarias de lavado de dinero con obras públicas, que rondaron los 55 millones de dólares.

En esa oportunidad, la vicepresidenta, que en diciembre pasado fue condenada -aún no de manera firme- por primera vez por corrupción -en la causa 'Vialidad'-, insistió en que es víctima de una persecución judicial destinada a proscribirla políticamente y para favorecer a la oposición.

En declaraciones a Efe, el abogado de Fernández, Gregorio Dalbon, consideró que esta resolución es una "vergüenza jurídica al sólo efecto de seguir con una persecución política", adelantó que buscarán el enjuiciamiento de los magistrados "por prevaricar" y agregó que "tarde o temprano" la causa terminará en Mauricio Macri.

"La ruta del dinero de Cristina Fernández está en sus declaraciones juradas desde que es funcionaria pública y es la única política que tenía su dinero en un banco. No en los Panamá Papers ni en paraísos fiscales", afirmó Dalbon, en referencia a la investigación periodística internacional en la que estuvo involucrado Macri.

"Lamentablemente el odio y la persecución siguen a la orden del día. Cristina es inocente de todas las causas que han sido armadas con el único fin de proscribirla políticamente. (El presidente electo) Javier Milei es el resultado", cerró.

Los investigadores de una presunta red de corrupción acusada de tráfico de influencias en la Fiscalía de Perú tienen 37 audios que revelan las coordinaciones que hacía un asesor de la fiscal general Patricia Benavides con congresistas, informó ayer el Canal N de televisión.

El medio difundió uno de esos audios, en el que señaló que se escucha al asesor Jaime Villanueva, quien fue detenido el lunes por el equipo especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía (Diviac).

En el audio, Villanueva señala a un interlocutor no identificado, que el canal N indicó era una congresista, que estaba reuniéndose con legisladores "y asegurando algunos votos" para presuntamente lograr que se sancione a la ex fiscal general Zoraida Ávalos.

"Con eso yo creo que podamos ir sumando y hoy podemos tener hacia la tarde y noche una claridad de si vamos o no vamos mañana", acota Villanueva.

En un primer momento, tras reconocer un "error", Villanueva pide a su interlocutor que los "ayude porque es importante sacar los votos" ante un pronunciamiento que había emitido la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"Esta señora ya ha salido con todo, si puede mover un comunicado de la Junta imagínate lo que la Junta va a hacer acá, va a querer suspender a Patricia, esto ya se convirtió en algo que trasciende solamente un tema de que ella esté o no esté", dice el exasesor.

El Canal N indicó que este audio ratifica las conversaciones de Whatsapp difundidas por medios locales y que todo el material fue entregado como evidencia por los fiscales ante un juez que dictó la detención preliminar de Villanueva.

El Eficcop y la Diviac detuvieron este lunes a Villanueva y allanaron viviendas y oficinas de asesores y exasesores de Benavides, como parte de la investigación de la presunta organización "en la alta dirección del Ministerio Público".

Esa red supuestamente buscaba influir "ilícitamente en decisiones de congresistas" para la destitución de los miembros de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de Ávalos.

El desarrollo del caso

En respuesta a la investigación, Benavides destituyó ayer a la fiscal Marita Barreto como jefa del Eficcop y también a Villanueva como su asesor.

Luego declaró que las investigaciones son "un acto torpe" para intentar bloquear las pesquisas que sigue contra los máximos representantes del Gobierno por las muertes durante las protestas que se desarrollaron de diciembre a marzo pasado.

Anunció, en ese sentido, que presentó una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otáárola y otras altas autoridades.

Tras ese anuncio, Boluarte señaló que la decisión de Benavides es una "deleznable maniobra política" con la que pretende "distraer la atención" de la ciudadanía de las investigaciones en su contra.