Mientras avanza en el Congreso el proyecto de ley de violencia integral, que lleva seis años de tramitación, y que dará un salto cuantitativo y cualitativo en la forma de abordar la violencia contra mujeres en Chile, creo necesario destacar el abordaje de este tema desde la perspectiva del derecho y el género.

Si bien actualmente contamos con leyes que regulan esta materia, a partir de las cuales hemos logrado internalizar en el inconsciente colectivo que el maltrato hacia una mujer no se condice con el amor, esto ha sido producto básicamente de dos factores: la acción de mujeres vanguardistas y la internalización de tratados internacionales como la convención Belem do Pará adoptada por la Organización de Estados Americanos en junio de 1994 y ratificada por Chile en 1996. A esto se añade la aprobación por parte del Congreso del protocolo facultativo de la Cedaw en diciembre de 2019.

A partir de este aporte internacional, Chile ha logrado permear en la sociedad términos como el respeto hacia las mujeres, la protección y garantía de estos derechos y la promoción de los mismos, porque nos hemos obligado a ello.

Estas leyes han encarnado lo que desde hace tiempo las mujeres venían pregonando. "Más democracia en el país y en casa" transmitía el movimiento de mujeres antes del término de la dictadura en 1989, porque el flagelo de la violencia es un problema de salud pública, un asunto de seguridad y un tema que considera la salvaguarda de los derechos humanos más elementales. Es decir, no sólo es un problema a resolver entre cuatro paredes.

Cuando cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Mujeres, la campaña que llevamos a cabo junto a la Seremi de la Mujer y la EG "Lleguemos a Cero", resalta el sentido comunitario de la lucha contra la violencia de género y destaca avances legislativos como el fuero laboral para mujeres sobrevivientes de femicidio frustrado y tentado, el ingreso de la violencia sexual al sistema de Garantías Explícitas en Salud -GES- y la entrega de pensiones a menores de 18 años, víctimas colaterales de femicidio consumado.

Además, con la entrada en vigencia de las recientes leyes que regulan las pensiones alimenticias, se reconoce la falta de esta obligación como un tipo de violencia económica contra mujeres, porque afecta la manutención alimentaria de ellas, sus hijas e hijos. Por lo que en este último año se ha avanzado con la ley que asegura el pago efectivo de estas pensiones y otra que crea un registro nacional de deudores.

Las leyes están para responder al anhelo de la ciudadanía. Este sentido social va por delante de las leyes. Nuestra labor ahora redunda en hacer extensivo este sentimiento que llevado al papel nos empuja al bien común, la felicidad, la sana convivencia comunitaria y vivir una vida sin violencia como un derecho humano.

Concretando proyectos para la región y el norte

El Servicio Médico Legal (SML) tiene sedes en las dos ciudades más importantes de la región (Antofagasta y Calama), y antes de finalizar este 2023, tenemos tres significativas noticias que compartir, muy positivas para fortalecer la gestión que realiza nuestra institución para todas las personas. Éstas, tienen directa relación con la ejecución de proyectos trascendentes para la macrozona norte del país, como lo es el avance en el diseño del proyecto para el nuevo SML Calama, la implementación de nuevas unidades técnico-periciales y el laboratorio de histopatología forense.

La primera iniciativa, no solo se traducirá en una infraestructura moderna y funcional, sino que también permitirá incorporar nuevas prestaciones que impactarán positivamente en la calidad de nuestros servicios. Destaca la unidad de Salud Mental, con Psicología adultos e infantil, la implementación de nuevas salas de autopsia y conservación de fallecidos, así como la habilitación de espacios para la toma y recepción de muestras. Estas nuevas prestaciones son fundamentales para fortalecer la capacidad y eficiencia de nuestro servicio, proporcionando respuestas más completas y especializadas a las necesidades de la comunidad.

En segundo lugar, me complace informar que a nivel regional se proyecta la implementación de las pericias psiquiátricas para adultos para enero de 2024. Este significativo avance se enmarca en el plan de brecha impulsado con determinación por la directora nacional del SML, Dra. Marisol Prado Villegas y que fue aprobado por su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font.

Por último, quisiera destacar la pronta puesta en marcha del laboratorio de Histopatología, un proyecto que aborda una necesidad crítica para la región y todo el norte del país. Esta instalación desempeñará un rol fundamental en la resolución de casos indeterminados, permitiendo la realización de pericias esenciales para determinar la causa de muerte en situaciones en las que la incertidumbre prevalece.

Es importante destacar el respaldo continúo brindado por la delegada presidencial Karen Berhnes Navarrete, a la nueva seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, así como la priorización de la directora nacional, que finalmente ha dado fruto con la concreción de este proyecto.

Finalmente, estos avances representan un compromiso continuo del SML con la excelencia en la atención a la comunidad. Confiamos en que estas mejoras fortalecerán nuestra capacidad de servicio y contribuirán significativamente al bienestar de quienes confían en nuestra institución.

Cuando leemos que el actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric responde a las críticas de la oposición en el manejo de la seguridad con declaraciones basadas más en lo que dejaron de hacer sus antecesores y no en lo que ellos han hecho, llama a la reflexión. Primero, porque el Presidente Piñera tuvo muy poco apoyo en el Congreso para avanzar en esta materia, porque primaba una mirada ideológica y no los hechos.

El respeto a las instituciones era lo que no podía ponerse en el debate. Lamentablemente ocurrió y los dardos venían del sector que hoy gobierna y que se ha dado cuenta de que es necesario trabajar de manera mancomunada y no debilitar las instituciones.

"Sé que desde la oposición deben estar pensando 'es muy fácil decirlo ahora que eres Gobierno, pero cuando eras oposición nos sacaste la cresta'. Hay algo de cierto en eso y ahí hay un aprendizaje que yo creo que en algún momento, todos debiéramos decir, 'sabe qué, ya basta'".

Esas fueron las palabras del Mandatario en las que reconoce un grado de negar la "sal y agua al gobierno". Y de ese "ya basta" da otro paso para decir que si no hay acercamientos y acuerdos, quien pierde son todos los chilenos.

No es solo un pequeño paso, es un salto importante que tiene una mirada responsable de lo hecho y que entiende que si es necesaria una autocrítica, hay que hacerla y poner los esfuerzos en sumar y no restar.

Lo importante de las palabras del Mandatario es que sean oídas y asimiladas por los miembros de su coalición y también de los oponentes políticos. Mostrar grandeza y entender que estamos frente a una nueva criminalidad, más organizada, más violenta y con muchos más recursos, es una obligación.

Por ello, si no hay consenso en que las instituciones de persecución del delito tienen que ser fortalecidas poco se podrá avanzar. Los sectores más radicalizados son los que tienen que entender que es por el bien del país.