Cristián Venegas M.

Este viernes, una delegación del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), liderada por el presidente Vladimir Reyes, se reunirá en la capital con la ministra de Minería, Aurora Williams. Encuentro en el que los comuneros esperan programar la visita del Presidente Gabriel Boric al Salar de Atacama, cuya explotación conjunta por parte de Codelco-SQM es motivo de protesta por parte de las comunidades, que la semana pasada bloquearon sus accesos.

Reyes detalló que asisten a la cita, junto con varios dirigentes, "principalmente para solicitar la venida del Presidente de la República, pero también para abordar temas que tienen que ver propiamente con el acuerdo (Codelco-SQM), con el memorándum de entendimiento".

"La idea, complementó, es plantear nuestra inquietud con respecto a todo lo que hemos hablado, para eso necesitamos mirarnos a las caras, de frente, para que tengamos realmente en alto nuestra posición, posición que no va a cambiar. Estamos esperando estas conversaciones con la ministra".

"No hay una división"

Sobre la situación interna del CPA, pues durante las últimas movilizaciones surgieron voces disidentes de algunos pueblos, el comunero dijo que considera "normal que dentro de una organización se piense diferente, pero en este momento no hay una división dentro del Consejo, por el hecho que podemos hablar y dar nuestro punto de vista, ese ejercicio se va seguir dando en la medida que tengamos estos encuentros y nuestra organización se vaya fortaleciendo"

"En toda organización hay diferentes puntos de vista y en este caso hemos conversado y sacado buenos resultados, para ir fortaleciendo la organización", insistió el dirigente.

Cabe recordar que el miércoles de la semana pasada, el Consejo de Pueblos había alcanzado un acuerdo con la ministra Aurora Williams para levantar el bloqueo de los accesos al Salar de Atacama que comenzó el martes 9 de enero, con el compromiso que la autoridad visitará San Pedro de Atacama y se coordinara la visita del Mandatario.

Sin embargo, las comunidades que iniciaron las manifestaciones, Toconao, Cámar, Socaire y Talabre, no suscribieron esta salida y extendieron la toma de los principales accesos al Salar de Atacama hasta el domingo 14 de este mes.

18 comunidades conviven en la cuenca del salar, agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA).

Exponor, que este año se realizará entre el 3 y el 6 de junio, contará con la primera participación de Andes Iron, empresa nacional que desarrolla el proyecto minero portuario Dominga involucrando una inversión inicial estimada de US$2.500 millones. La iniciativa, que está ubicada en la Región de Coquimbo, considera un yacimiento emplazado a 70 kilómetros al norte de La Serena, a un costado de la Ruta 5 Norte.

Sobre su primera participación, el gerente de Asuntos Corporativos, Francisco Villalón, considera que "participar en la vitrina minera más importante a nivel nacional e internacional, Exponor, es sin duda estratégico y nos permitirá vincularnos con la industria minera, energética y portuaria del país y el mundo. Logrando, al mismo tiempo, generar un encadenamiento productivo para atraer tecnología verde, limpia y comprometida con los desafíos de la industria y el cambio climático".

Durante la operación de Dominga se extraerían 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de alta ley, "contribuyendo a la necesaria reducción de emisiones de CO2 en la industria del acero y 150 mil toneladas anuales de concentrado de cobre, cooperando con la electromovilidad", aseguró el ejecutivo.

El proyecto, que sigue buscando su aprobación ambiental, considera dos rajos abiertos, agua desalada, energías renovables y 100% de electromovilidad en el traslado de trabajadores. Incluye revegetación y reforestación de 8.000 hectáreas de especies endémicas.

Cinco abogados entregaron sus argumentos ante el Primer Tribunal Ambiental para establecer y para descartar el daño ambiental del acuífero de Monturaqui, Negrillar y Tilopozo. Alegatos con los que culmina la etapa de prueba de la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de las mineras Escondida, Zaldívar y Albemarle.

Los alegatos de los abogados demandantes -CDE y los terceros coadyuvantes la comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños- se centraron en demostrar el daño ambiental, su significancia y el dolo o culpa de las mineras. Mientras que los abogados de las empresas desestimaron su responsabilidad y se refirieron a los permisos ambientales que les han sido otorgados para realizar su labor.

En la oportunidad, el abogado Osvaldo Solís, en representación del Estado, sostuvo que "los ecosistemas dependientes del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo necesariamente van a desaparecer, los servicios ecosistémicos que éstos prestan van a dejar de prestarse y la biodiversidad que caracteriza el área también va a desaparecer".

El abogado de Peine, Ronald Sanhueza, en tanto, aseguró que "toda la prueba rendida hace ver que los niveles de agua del acuífero tienen relación con las extracciones de las demandadas lo que obedece penosamente a una forma de hacer negocio, a un modelo de explotación que no es racional, ni tampoco responsable, puesto que aun ante la evidencia no se toman medidas para corregir la situación de peligro y daño que se está provocando".

Empresas acusadas

En su exposición Minera Escondida argumentó que "no puede haber daño ambiental si lo que se produjo es un impacto evaluado y aprobado". Mientras que el abogado de Zaldívar consideró que la demanda es "injusta, inconsistente, injustificada". El representante de Albemarle, por su parte, dijo que la empresa "realiza una actividad distinta, utiliza niveles de agua ínfimos".