En esta época es habitual que aumenten los viajes y la contratación de diversos servicios para disfrutar durante estas vacaciones. Por ello, es importante recordar que la Ley del Consumidor resguarda los derechos de las personas en los diferentes ámbitos de consumo, ya sea en el transporte aéreo, en buses interurbanos, en la contratación de servicios turísticos o al momento de asistir a espectáculos o a restaurantes.

Además, la ley establece el derecho a la seguridad en el consumo como un derecho fundamental. Esto implica que las empresas están obligadas a cumplir con los más altos estándares para no afectar a las personas al momento de contratar bienes y servicios.

Por ejemplo, si una persona no puede abordar un vuelo por sobreventa de pasajes aéreos, las aerolíneas le deben informar por escrito sus derechos e indemnizaciones correspondientes de acuerdo al tramo, y van de 2 UF a 20 UF, dependiendo de los kilómetros y tiempo de retraso.

Además, en caso de que no puedan viajar por sobreventa de pasajes los pasajeros tienen dos opciones: abordar el próximo vuelo disponible, y que la empresa cubra algunos gastos producto de la espera como alimentación, traslado, entre otras; o exigir la devolución del dinero, proceso que deberá ser de manera expedita.

Es importante recordar que los consumidores también están protegidos cuando contratan servicios turísticos.

Sabemos que cualquier incumplimiento en un servicio turístico, puede arruinar las vacaciones de una familia, motivo por el cual es más importante aún que las empresas cumplan con su deber de profesionalidad.

En este sentido, debemos recalcar que las personas tienen derecho a recibir servicios de calidad, a que los precios sean informados y respetados, a recibir información veraz y oportuna de lo que están contratando y que se respete lo acordado.

Los consumidores deben saber que las agencias de turismo tienen que responder directamente frente al consumidor, aunque hayan actuado como intermediarias de otras empresas, en caso de incumplimientos.

En tanto que, si los consumidores tienen planificado viajar en bus durante estas vacaciones, la Ley también establece una serie de derechos, por ejemplo, a que el viaje se realice en condiciones de seguridad e higiene adecuadas.

Además, lo que se ofrece debe ser respetado. Por ejemplo, los pasajeros deben exigir puntualidad, tanto para las horas de partida como de llegada a los lugares de destino, y que se cumpla el itinerario.

Es muy relevante que los consumidores conozcan y ejerzan sus derechos, pero también es muy importante que las empresas consideren que tienen el deber de ser profesionales, y en caso de cometer algún error, deben tomar todas las medidas necesarias para solucionarlo a la brevedad posible.

Hace unos días, la Cámara de Diputados, y luego de más de un año de discusión, despacho al Senado el proyecto de Reforma de Pensiones. Se aprobó, entre otros temas, la creación del Seguro Social, artículos referidos a la pensión garantizada, sin embargo, aún no hay acuerdo respecto al aumento de cotizaciones en un 6%, cuya mayor discrepancia están en el destino de estos fondos.

Es importante analizar algunos de los aspectos más estructurales del texto enviado al Senado, desde una visión reflexiva y técnica. En esa línea, uno de los aspectos más relevantes, porque corresponde a uno de los ejes principales de la reforma planteada, es la creación del Seguro Social, sin embargo, dado que no existió acuerdo respecto al aumento de cotización, este seguro aún no tiene estructura de financiamiento. Por tanto, es responsabilidad del senado establecer como se financiará esta nueva institucionalidad, que podría ser a través de cotizaciones extras o bien con impuestos generales, sin embargo, esta alternativa se ve poco alcanzable, puesto que se dependería de otra reforma, la tributaria.

También es destacable la creación del Administrador Previsional, cuya existencia implica una división importante en la industria de las AFP, puesto que esta entidad, de característica monopólica, será la encargada de todos los aspectos administrativos del sistema, como, por ejemplo, la recaudación, pago de pensiones, atención a clientes, entre otras. De esta manera, la tarea de "administrar" los fondos, será independiente de la operación de la industria. En esa misma línea, se aprobó el concepto de IPP, Inversores Previsionales Privados, cuyo fin será la mera administración de los fondos, con el objetivo de generar rentabilidad y hacer crecer los montos de los trabajadores. Actualmente, la administración del sistema, así como las inversiones, están en manos de las AFP. En esa misma línea, se aprobó la licitación de un porcentaje de los afiliados, a fin de disminuir las comisiones que se pagarían en el nuevo sistema, siempre con la autorización del afiliado.

A mi juicio, la división de la industria no equivale en una mejora per se de las pensiones actuales y futuras, pero si me parece destacable la nueva institucionalidad que se está gestando. Sin embargo, aún hay que hacerse cargo de problemas estructurales que afectan indirectamente las pensiones, como la informalidad, el bajo nivel de ingresos y las lagunas previsionales.

No cabe duda de que el sistema previsional es uno de los grandes "dolores" de nuestro país, por tanto, es de interés público su mejora. Lamentablemente, polarizaciones ideologías detrás de los bloques políticos no han permito avanzar en soluciones que sean técnicamente viables. Por ejemplo, el 6% adicional, para el gobierno, con una propensión hacia lo público, debería ser íntegramente administrado por el estado, y para la oposición, más liberal en términos económicos, esa mayor cotización debe quedar en manos de privados. Espero, para bien del país, que se llegue a un acuerdo, pero no a través de criterios políticos, sino que mediante un análisis técnico.

La aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto "Ajustes Operacionales Área Mina de Minera Zaldívar" por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, que permitirá extender la vida útil de la operación hasta el 2025, da cuenta del respaldo institucional a la apuesta de la minera en su propósito de transformación hacia una plena operación con agua desalada.

La resolución de la Coeva se da luego de una larga discusión acerca de los efectos y compensaciones medioambientales en el sector del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo los que están siendo analizados en el Primer Tribunal Ambiental.

De alguna forma, el debate de Zaldívar da cuenta también, de la nueva etapa de la industria y lo complejo de las soluciones técnicas y los efectos socieconómicos que implican ese tránsito. La industria minera exhibe, hoy más que nunca, un rol preponderante en el desarrollo de tecnologías más amigables con el medioambiente y en la ampliación de la electromovilidad en el mundo, pero para ello requiere de mejoras continuas en sus estándares.

Recientemente el Banco Central presentó en Antofagasta el IPOM oportunidad en que señaló que para la década entre el 2024-2033 se espera promediar un crecimiento del PIB no minero del 1.9%, sosteniendo que la actividad minera tendrá un aporte importante a la expansión de la economía en 2024, "a lo que contribuye la reciente entrada en operación de nuevas faenas y el desarrollo de otros minerales".

Sin duda la agenda procrecimiento del Ejecutivo ayudará a agilizar las inversiones que permitirán fortalecer el liderazgo histórico de la región en proyectos mineros relevantes para la economía del país y el desarrollo de sus comunidades. En un nuevo marco de entendimiento y sostenibilidad medioambiental.