Hace meses que se viene discutiendo y analizando el clima de inseguridad que vive el país. El Gobierno ha presentado proyectos al Congreso, ha puesto en marcha planes, ha llamado a trabajar unidos y pese a todo ello, seguimos viendo hechos de extrema violencia en las distintas regiones.

Si bien es un fenómeno global, en nuestro país hubo situaciones que propiciaron la presencia de incivilidades, comisión de delitos, la llegada de otros modos de delinquir y el florecimiento del crimen organizado.

No podemos olvidar que durante el estallido social se alentó a la rebelión y a no respetar a la autoridad. Las redes sociales registran cientos de mensajes en ese sentido, algunos de sus autores ligados al actual gobierno y hoy sus palabras caen en un sinsentido palpable.

Las legítimas protestas ciudadanas fueron tomadas por el lumpen y las fuerzas de orden quedaron sin herramientas para combatirlo, al limitar su actuar a maniobras disuasivas intrascendentes.

La violencia crecía en las calles con delincuentes destruyendo y desvalijando los comercios, muchos de ellos de familias que con décadas de esfuerzo los habían logrado levantar.

En paralelo la inmigración descontrolada golpeaba a las zonas limítrofes con el ingreso irregular de cientos de extranjeros. Algunos de ellos asociados a bandas criminales que vieron en Chile un terreno fértil para desarrollar sus ilícitos.

Hoy estamos en una situación crítica y el Presidente convoca al Consejo Nacional de Seguridad (Cosena), en un intento por analizar y coordinar tareas de seguridad.

Parece una medida extrema, pero va en el camino correcto y si es necesario que las FF.AA. deban asumir tareas de resguardo, hay que hacerlo. Más allá de la negativa de muchos de los mismos que llamaron al desorden y a la desobediencia.

Es pasado el mediodía y un llamado entra por el número de emergencia de la municipalidad. Una de las cinco telefonistas atiende la llamada y rápidamente entiende la naturaleza de la situación: hay una rotura de una cañería de gas, por lo que ingresa la información al sistema informático, le pone una banderita roja y le asigna máxima prioridad. Inmediatamente, en la sala contigua, una operadora de la central de vigilancia ve en su pantalla el ingreso con la banderita roja, identifica la ubicación y selecciona las cámaras que la municipalidad tiene en el lugar para ver lo que está sucediendo. Mientras tanto, los operadores de radio miran en otro monitor unos íconos pequeños con forma de moto, que se mueven por el mapa de la comuna, se comunican con los que están más cerca y los despachan al lugar. A los 5 minutos, los guardias llegan al sitio, cortan el tránsito a una cuadra del cruce por las dos avenidas y toman el control de la situación, facilitando la llegada de bomberos y el equipo de la compañía de gas.

El anterior relato no ocurrió en Londres o Tokio. Fue en Santiago, en la comuna de La Florida y pude presenciarlo en vivo y en directo, hace una semana. La Florida es una comuna con población y presupuesto anual similares a Antofagasta, por lo que es un ejemplo totalmente alcanzable.

Mientras tanto, en nuestra querida Perla del Norte, capital mundial de la minería del cobre y futura capital del litio y el hidrógeno verde, durante cuatro noches seguidas nos enteramos por videos de vecinos en redes sociales, de riñas entre prostitutas, carreras locas, choques y linchamientos, sin que autoridad alguna se haya hecho presente en el lugar y los vecinos desesperados llamaran a los números de emergencia. Claramente, hay algo que no está funcionando por estos lados.

Antofagasta necesita en forma urgente contar con un contingente de guardias municipales que patrullen las 24 horas y acudan rápido a los incidentes, así como una central de vigilancia permanente. Para lograrlo, debemos destinar una cantidad importante de recursos al año, los que actualmente tenemos, pero estamos gastando en otras cosas. Bien vale la pena revisar en qué, además de evaluar nuevas fuentes de ingresos municipales para estos fines. Podemos hacer las cosas bien o seguir en nuestro día de la marmota: haciendo denuncias por RRSS, convocando grandes reuniones de coordinación y luego haciendo salidas a terreno con prensa, para aparecer en la TV o en el diario.

Regularizar la tramitación de permisos para materializar proyectos de inversión en Chile ha sido un debate recurrente. Ante el diagnóstico transversal respecto a los cuellos de botella que impactan en el crecimiento económico, desde diferentes gobiernos se han levantado intentos por avanzar y dar fluidez al sistema. El reciente envío al Congreso de dos proyectos de ley acabó por confirmar la respuesta seria y decidida del Presidente Gabriel Boric por aportar soluciones a ese propósito, sin descuidar estándares ambientales y el relacionamiento con las comunidades.

Con el objetivo claro de reactivar el crecimiento y la generación de empleos, las propuestas del gobierno ponen el énfasis en introducir ajustes estructurales a la actual normativa. En un sentido, apunta a reformar la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente con foco en modernizar el sistema de evaluación ambiental lo que, de acuerdo con estimaciones del ministerio de Medio Ambiente, tras aprobado el proyecto, contribuiría a disminuir cerca de 30% promedio los plazos de tramitación. Uno de sus aspectos relevantes es el fortalecimiento de la participación ciudadana temprana voluntaria, es decir, antes que las iniciativas de inversión ingresen al sistema, tal como los grandes proyectos ya lo hacen hoy en día. Esto favorecería el relacionamiento con las comunidades, que tendrían la posibilidad de incidir en el diseño.

En tanto, el segundo proyecto, patrocinado por la cartera de Economía, se focaliza en agilizar y optimizar de manera inteligente, los permisos sectoriales que, a la fecha, se han identificado en 380 "trámites" necesarios para concretar una inversión. Aquí el desafío mayor es actualizar 37 leyes relacionadas al rol de 38 servicios dependientes indirecta o directamente, de 16 ministerios.

Y en este punto, con el denominado Sistema Inteligente de Permisos, la inversión minera se podrá ver potenciada puesto que, gracias al trabajo colaborativo público privado, la propuesta del ejecutivo integra la modificación de tres cuerpos legales asociados a la industria: las leyes orgánicas del ministerio de Minería y del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin); y la ley que regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. Sumado a otras indicaciones, se hará viable que planes de explotación minera sobre 5.000 toneladas mensuales reduzcan sus tiempos de tramitación en 45%. Ciertamente una noticia positiva, considerando que la cartera de proyectos entre 2023-2032 proyecta una inversión superior a US$ 65.000 millones.

Asimismo, consciente de las distintas envergaduras de la minería chilena, el gobierno también busca dar fluidez a las inversiones de la actividad minera de menor escala, mediante el cumplimiento reciente de dos compromisos mineros presidenciales anunciados el año pasado. Uno es la modificación al Reglamento de Seguridad Minera, enviado a toma de razón de la Contraloría, que agilizará los tiempos de tramitación de los permisos mineros y reducirá costos asociados al proceso, garantizando al mismo tiempo, el cumplimiento de los estándares de seguridad en las operaciones del sector. Y el otro, es la habilitación de la Ventanilla Minera, plataforma digital única, ya disponible, para simplificar la tramitación de solicitudes y documentación de Sernageomin y ENAMI.