Una proyección de crecimiento económico para 2024 de entre 2% y 3%, pronosticó el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (IPoM). De esta manera, el Instituto Emisor elevó el rango de 1,25%-2,25% que había estimado en el informe de diciembre.

Se trata de un excelente dato, considerando que el crecimiento económico es una de las bases sobre las cuales se cimenta el desarrollo de las personas y las sociedades.

Otro de los alcances más positivos es que, tanto para 2025 como para 2026, la institución proyecta un rango de expansión de entre 1,5 y 2,5%. Buena parte de la revisión para este año -dice el informe- se explica por la aceleración de la actividad en el primer trimestre.

Deberá convenirse en que las cifras tampoco son para celebrar. No se trata de crecimientos espectaculares o que nos pondrán en el camino de la reactivación potente. Lejos están los años en que el país crecía a tasas de 7 puntos, lo que permitió -junto con las políticas sociales adecuadas- reducir la pobreza desde el 50% a menos del 10% actual.

Además de lo anterior, hay que poner acento en el riesgo que permanece con la inflación. Rosanna Costa, presidenta del Central, destacó que en enero y febrero el incremento superó lo previsto y, por lo tanto, su evolución debe seguir monitoreándose. En esa línea, aplicó una importante revisión al alza de su estimación inflacionaria para este año.

La población ya ha aprendido que la inflación es uno de los fenómenos económicos más nocivos y peligrosos, especialmente para los sectores más pobres. Es claro que Chile debe recuperar la senda de la seriedad en sus políticas, que es la única forma de seguir avanzando.

En el año 2008, a través del Decreto Exento 2821, se creó en Chile la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas. La creación de este instrumento tuvo diversos antecedentes, entre ellos, los protocolos complementarios a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en particular, el Protocolo -ratificado por nuestro país- para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en el caso de mujeres y niños, Con el propósito de prevenir y brindar asistencia las víctimas de este delito, comenzó el trabajo de esta mesa, como comisión asesora de carácter permanente y con composición interministerial e interinstitucional.

Posteriormente, en el año 2014, comenzó el trabajo de las mesas regionales sobre trata de personas, teniendo en cuenta la necesidad de extender la coordinación de las acciones a los diversos territorios del país. A nivel regional, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos lidera actualmente la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas (MITP), instancia encargada de coordinar acciones, planes y programas en materia de prevención, protección persecución y sanción del delito de trata de personas.

Es así, que, dentro de este trabajo coordinado, es que el pasado 2 de abril del presente, se desarrolló el Seminario: Mecanismos y Protección para Prevenir la Trata de Personas. Esta actividad fue organizada por la OIM Chile (Organización Internacional para las Migraciones, perteneciente a la ONU) y nuestra Secretaría Regional Ministerial. En dicha actividad, participaron funcionarios públicos de diversas reparticiones, quienes tomaron nota de los elementos y formas de comisión de este tipo penal relativamente reciente, siempre bajo la comprensión que se trata de un delito anclado a la delincuencia organizada, que puede incluir también, el tráfico de drogas.

Además, en esta actividad, fueron presentadas las iniciativas institucionales e intersectoriales para la prevención del delito de trata de personas, la protección de sus víctimas. Desde otra perspectiva, la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo, expuso sobre las diferencias entre los incumplimientos laborales que pueden bordear la figura delictiva, y cuáles son los elementos que la diferencian de ésta. Mientras que, por ejemplo, el Servicio de Migraciones expuso sobre la visa humanitaria para personas víctimas/sobrevivientes de la trata de personas.

De esta experiencia educativa, que por cierto es un mandato institucional, sobre el elemental principio de coordinación a los que encuentran obligadas las distintas reparticiones públicas, es factible concluir que los esfuerzos en prevención, protección persecución y sanción del delito de trata de personas, resultan indispensables para el abordaje del fenómeno complejo de la nueva estructura criminal, de la cual como región de la zona del país requiere de reflexiones locales, que aportan con la prevención de este delito, que permita garantizar que las víctimas sean resignificadas desde una narrativa que involucre derechos humanos como son la dignidad, libertad e igualdad.