El fiscal nacional Ángel Valencia entregó ayer la cuenta anual del Ministerio Público, donde uno de los temas fue el Caso Convenios, de millonarios fondos asignados de manera directa a diversas fundaciones, la mayoría de ellas vinculadas a RD. El persecutor destacó que, en este contexto, "se ha formalizado a 22 imputados en casos referidos a seis fundaciones, por un monto de perjuicio fiscal que supera los $3.000 millones".
Esto ha ocurrido "a menos de un año desde el inicio de las investigaciones", subrayó Valencia, debido a que las pesquisas comenzaron a mediados de junio del año pasado, tras una publicación del portal de noticias Timeline, de la Región de Antofagasta, que publicó una denuncia de funcionarios de la secretaría regional ministerial de Vivienda.
El medio esta semana ganó un Premio Periodismo de Excelencia por revelar las primeras huellas de la asignación de $426 millones desde la seremi, liderada entonces por el exjefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez (suspendida en RD), Carlos Contreras (exRD), a Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal era la expareja de Pérez, Daniel Andrade (exRD).
Contreras y Andrade cumplieron parte de la prisión preventiva en la Cárcel de Antofagasta, mientras que hoy permanecen con arresto domiciliario. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, también ha debido declarar por esta causa, así como la directora de Presupuesto (Dipres), Javiera Martínez (RD), entre otras autoridades, lo que se suma a la salida del extitular de Desarrollo Social y fundador de RD, Giorgio Jackson, quien ahora vive en España.
La fecha de la publicación, en la que hizo hincapié el fiscal nacional, también ha sido motivo de debate en La Moneda, ya que se trata del 16 de junio, pero el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (RD), señaló en el Congreso que escuchó "un rumor" más de una semana antes, pese a lo cual no advirtió al Presidente Gabriel Boric.
El Mandatario hace unos meses también dio a entender que conoció antes el caso cero de las fundaciones, aunque el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que se enteraron el 16 de junio con la publicación. Junto a Democracia Viva son investigadas otras fundaciones como ProCultura o Urbanismo Social.
Valencia ayer agregó que "la Fiscalía Nacional ha intensificado su enfoque en la lucha contra la corrupción, enfatizando en la importancia de brindar un apoyo efectivo y de calidad en la investigación de delitos vinculados a la corrupción y el lavado de activos".
"Este compromiso se ha manifestado a través de la Unidad Anticorrupción, que ha liderado con firmeza la coordinación nacional en casos relacionados con la asignación de fondos públicos", sostuvo el abogado.
La máxima autoridad del Ministerio Público adelantó que para este año "se tiene previsto ejecutar el 'Plan de fortalecimiento de la persecución penal en materia de corrupción municipal y gobiernos regionales 2024- 2027'", que apunta a "reforzar aún más nuestra estrategia y metodología en la lucha contra la corrupción".
El Presidente destacó en X que las "funciones (de la Fiscalía) en colaboración con las diversas instituciones del Estado son fundamentales para la ejecución de la Ley, la Justicia y el trabajo conjunto por mayor seguridad en nuestro país".
"Tercera ronda" de allanamientos
Esta semana se vivió la "tercera ronda" de allanamientos por el Caso Convenios, enfocada en el Gobierno Regional (Gore) de Ñuble, por la asignación presuntamente irregular de $268 millones a la extinta Fundación ProCultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, cuyas oficinas se extendían en varias regiones. Desde marzo se han realizado allanamientos tanto en Ñuble como Biobío, La Araucanía y Magallanes, junto a diversas pesquisas a lo largo de once regiones, donde Antofagasta es el caso cero.