En su alegato de apertura en el juicio oral contra Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua, la Fiscalía de Arica entregó detalles sobre cómo ingresaron a Chile y el plan que desarrollaron para instalarse en Arica, buscando tomar control de la región.

Ayer fue la cuarta jornada del juicio, donde el órgano persecutor dio detalles de la acusación y entregó pruebas recopiladas durante la investigación.

Según las indagatorias, el primer "indicio" de Los Gallegos se dio en marzo de 2022 por medio de una escucha telefónica "a traficantes chilenos", quienes hablaron sobre la posible extensión al país de una organización extranjera.

Fiscalía estableció "tres fases", comenzando por una de exploración, donde determinaron el sector de Cerro Chuño como base de operaciones.

Luego vino la "fase de penetración", usando la violencia para imponerse a bandas rivales e infundir temor para dominar el territorio.

La tercera fue la "fase de consolidación", estableciendo la base financiera y buscando sostener sus operaciones a través del lavado de dinero.

Tras ello, la estructura delictiva incluyó delitos como tráfico de drogas, homicidios, secuestros, tráfico de inmigrantes, internación de armas de fuego y trata de personas para fines sexuales. En junio de 2022 fueron desarticulados gracias a un megaoperativo.

"Lo que viene ahora es escuchar los alegatos de apertura del Ministerio del Interior y del resto de los intervinientes; esto es, de cada uno de los defensores. Por el número de personas que intervienen en esta causa, estos alegatos se van a extender por varios días, probablemente por una semana más incluso, y luego ya podremos empezar a rendir nuestra prueba o escuchar si alguno de los acusados quiere prestar declaración", explicó el fiscal regional, Mario Carrera.

"Estamos entrando ya en tierra derecha y esperamos buenos resultados en el presente juicio, el cual se va a extender por varios meses", agregó.

Una agitada jornada se vivió ayer en la tramitación de la ley corta de isapres luego de que el Gobierno ingresó nuevas indicaciones al proyecto que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema que ordena a las aseguradoras devolver los cobros en exceso y utilizar la nueva tabla de factores.

Las modificaciones fueron enviadas luego de las arduas negociaciones que oficialismo y oposición llevaron a cabo hasta la noche del martes, con el objetivo de despachar la iniciativa antes de que se cumpla el plazo del 12 de mayo impuesto por el máximo tribunal tras dos prórrogas.

Una de las indicaciones establece que las isapres puedan pagar la deuda a los afiliados en un plazo de 13 años: tres años más de lo que se proponía en un principio. También se envió una modificación para el llamado pago anticipado.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que "además de la incorporación de esa posibilidad de adelantar los pagos en efectivo que ya se había realizado y que se mantiene con la tasa convencional, ampliando el plazo posible de devolución de la deuda hacia 13 años".

Rechazo parcial

Estas modificaciones generaron el disgusto del senador Juan Luis Castro (PS): "No comparto ese criterio, el que planteé desde un principio fue de 12 años y por lo tanto yo no voy a concurrir a mayores plazos con mi voto".

En la contraparte Sergio Gahona (UDI) replicó que "quiero que estemos todos y todos asumamos la responsabilidad, y si el senador Castro quiere abrir la discusión de disminuir los años de plazo, yo no tengo ningún problema, pero también abrimos los otros temas".

"Para mí, al menos, es necesario que acordemos que vamos a despacharlo hoy (ayer). Creo que es importante tener certezas de cómo va a quedar la legislación", señaló la diputada de Convergencia Social Gael Yeomans.

Largas discusiones

Estos desencuentros generaron la demora de la votación en la comisión mixta de diputados y senadores que busca resolver la controversia y pretendía hacerlo antes de que se cerrara la sesión, pero no había ocurrido hasta el cierre de esta edición.

El senador Javier Macaya (UDI), presidente de la instancia, aseveró que "yo no tengo inconveniente en votarlo, en la medida en que seamos capaces de llegar ojalá al máximo consenso posible. Veo discrepancias hoy día a nivel tanto de oficialismo como de oposición, así que yo el ofrecimiento que le hago al Ejecutivo es tomarnos una pausa".

De hecho en un momento el presidente de la UDI advirtió que "así como nos hemos puesto la espada de Damocles respecto al 12 de mayo, ponerse una espada de Damocles respecto a algo que finalmente puede terminar teniendo un efecto muy complejo si no se logra un acuerdo en esta comisión, prefiero no hacerlo así".

Le respondió el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde: "En rigor, es una forma de dilatar la votación. Es necesario que exista algún tipo de compromiso de cuándo se va a resolver por parte de la comisión mixta, porque tampoco esto se puede estar dilatando eternamente: hay que respetar la urgencia, hay que respetar los plazos establecidos por el propio fallo en la Corte Suprema y las dos prórrogas que vencen este domingo".

Tras un receso el Gobierno mantuvo la urgencia de discusión inmediata al proyecto, sin embargo, Macaya no sometió a votación la iniciativa ni se comprometió a despachar la ley de manera apurada.

Jennifer Robinson, abogada del fundador de WikiLeaks Julian Assange, ayeren Santiago al presidente Gabriel Boric que interceda por el periodista australiano para que "Estados Unidos ponga fin al caso", a pocos días de que se retome en Londres su proceso de extradición.

"Por cuestión de principios y por la libertad de expresión, esperamos que el presidente Boric se reúna con nosotros y apoye a Julian Assange", dijo Robinson, quien participó en un conservatorio sobre el caso organizado por la ONG latinoamericana Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), en la Biblioteca Nacional.

El Tribunal Superior de Londres informó en abril que proseguirá el próximo 20 de mayo con el proceso de extradición de Assange, después de que Estados Unidos presentase la información que se le requirió en forma de garantías sobre el tratamiento del periodista en ese país.

Washington reclama al fundador de WikiLeaks por 18 delitos de espionaje, intrusión informática y difusión de material clasificado, en buena parte relacionado con las acciones de fuerzas estadounidenses en las guerras de Iraq y Afganistán.

Assange fue detenido por primera vez en 2010 a petición de Suecia por un caso que quedó archivado y luego, en 2012, se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres.

La Policía británica lo arrestó en 2019, una vez que ese país le retiró su estatus de asilo, y desde entonces está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, a la espera de que se resuelva su extradición.

Por primera vez, el presidente estadounidense, Joe Biden, reconoció en público el pasado 10 de abril que "está considerando" la petición que lleva haciendo durante meses el primer ministro australiano, Anthony Albanese, para que se cierre el caso contra Assange.

A la abogada de Assange se sumaron también ayer diputados oficialistas que pidieron en una carta a Boric que "se adhiera a la solicitud de libertad de Julian Assange", al igual que algunos de sus pares latinoamericanos, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro o el mexicano Andrés López Obrador.