Tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como el Ministerio Público desmintieron una denuncia efectuada por un reportaje de Canal 13 según la cual durante este año han sido asesinados tres ciudadanos venezolanos que contaban con la condición de testigos protegidos por su colaboración con la Fiscalía contra el crimen organizado.

Según la información dada a conocer por la estación televisiva, el primer crimen afectó a una joven de 19 años en Ovalle en marzo pasado. Y los otros dos se produjeron contra hombres de 20 años en la comuna de Lampa el 5 de junio.

Sin embargo, la jefa de gabinete expuso ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja que la Fiscalía descartó que las víctimas "fueran testigos protegidos" y que el Ejecutivo "hizo consultas a las policías por si hubieran sido informantes: tampoco lo eran".

La titular de Interior también señaló que "los testigos protegidos son de la mayor prioridad porque son personas que colaboran en investigaciones penales de gran relevancia, donde hay un riesgo y una capacidad de causarle represalias y por eso se genera esta institucionalidad de la protección".

También aseguró que el Ejecutivo desconoce la identidad de los testigos protegidos y no participa de los mecanismos de protección, labor exclusiva de la Fiscalía.

Desde el Ministerio Público se emitió un comunicado en el que se afirma que "dichas personas no estaban siendo parte de ningún programa de protección al momento de ocurridos los hechos. Al ser investigaciones reservadas, nos vemos impedidos de referirnos a ellas con el fin de proteger las indagaciones y resultados futuros".

Pese a los desmentidos, el diputado Andrés Longton (RN) aseguró que "vamos a citar al Ministerio Público para que nos diga exactamente qué es lo que está pasando, porque de ellos depende la protección de las víctimas".

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) advirtió que ese rubro sufrirá un impacto con los nuevos recargos que considera el Gobierno para el financiamiento del anunciado proyecto para triplicar la cobertura del subsidio por las alzas de las cuentas de la energía eléctrica.

Estas fuentes de recursos corresponden a un aumento temporal el impuesto al carbón, un aporte fiscal con cargo a la recaudación adicional de IVA y un alza temporal adicional del Cargo por Servicio Público correspondiente a mayores consumidores industriales (superior a 5.000 kWh), entre los que se encuentran las empresas mineras.

En ese marco, Jorge Riesco, presidente de la Sonami, reprochó que en Chile "seguimos pensando que la minería da para que pague cualquier cosa y dentro de eso se inscriben estos últimos anuncios".

"No sabemos qué configuración van a tener, pero evidentemente se está pensando en recargar costos de un insumo que es fundamental en la minería. Y si estamos hablando además de descarbonizar, de electrificar algunas labores, esto va absolutamente en contra de eso", sostuvo el líder gremial.

"Y a mí lo que me preocupa es que en cada discusión volvemos a recargar a la minería con nuevos costos, como si esto no tuviera impacto", fustigó.

También cuestionó el impacto de la ley que rebaja la jornada laboral semanal a 40 horas: "Esa implementación no es gratis, necesita adecuaciones. El tema del mayor aporte previsional debería ser el recargo de las empresas también va a resultar en un recargo que no es posible traspasar de ninguna manera en su primera etapa, y por lo tanto, estamos todo el tiempo recargando. Hemos ido recargando la cadena de valor con una serie de condiciones que tienen costo".

Subsidios

En paralelo, el ministro de Energía, Diego Pardow, informó que hasta el mediodía de ayer ya habían postulado 800 mil personas al subsidio vigente, destinado al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, lo que se pretende ampliar en caso de que el Congreso apruebe las medidas propuestas por el Gobierno para triplicar estos beneficios.

"En particular, municipios tanto de Gobierno como de oposición nos han ayudado mucho con los canales presenciales, y obviamente (hemos tenido) las dificultades que eran esperables, especialmente entre la población, adultos mayores con el acceso a un formulario electrónico, la hemos ido resolviendo", comentó el secretario de Estado.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó el efecto en la inflación del alza de las tarifas eléctricas, que se concretará durante este mes tras el fin del congelamiento que se mantuvo desde 2019; un factor que incluyó el Banco Central en su Informe de Política Monetaria de junio.

"En este caso en particular, dado que el grueso de lo que es el sector productivo que consume energía y que, eventualmente, incorpora las variaciones de los precios de energía a sus propios precios, corresponde a clientes libres; eso significa que esta modificación tarifaria en la práctica no va a afectar a esos productores ni va a afectar a esos precios generalizados en la economía, porque los precios de clientes libres, en el fondo, ya se ajustaron gradualmente durante los años anteriores", expuso el encargado de las finanzas públicas.

El Partido Republicano informó ayer que el general en retiro de Carabineros Enrique Bassaletti será su candidato para competir por la alcaldía de Maipú en las elecciones municipales del 27 de octubre.

Bassaletti se desempeñó como jefe de la Zona Metropolitana Oriente de Carabineros durante el estallido social de octubre de 2019 y fue uno de los siete generales contra los cuales la Contraloría General de la República formuló cargos (en 2020) debido al actuar policial en las manifestaciones de aquel entonces, por lo que se propuso la suspensión de sus funciones.

El presidente de Republicanos, Arturo Squella, fue el encargado de anunciar la decisión para que el oficial en retiro se enfrente en la elección con el actual alcalde, Tomás Vodanovic (RD). Además destacó la labor de Bassaletti en el partido: "Una vez en retiro, ha trabajado en políticas públicas en el Comité de Seguridad del Partido Republicano y en la elaboración del plan de recuperación territorial. Ha sido pilar fundamental y nos honra la aceptación de esta candidatura".

El general en retiro agradeció la invitación, la que dijo haber aceptado "con bastante entusiasmo tratándose de un desafío. Es la segunda comuna más habitada del país, pero también es una muy flagelada por el delito y crimen organizado. Este desafío tiene que ver con ese propósito: usar la experiencia y tiempo para poder recuperar la tranquilidad y paz de los habitantes de Maipú. Tengo mucha fe en ganar y de hacer un aporte".

Acerca del desafío que implica justamente Maipú por la posible reelección de su actual alcalde, el candidato republicano dijo que esa es su motivación principal: "Si hubiese sido otra comuna, lo más probable es que no habría aceptado. La comuna está en un nivel bastante precario en material de seguridad".