En su reciente discurso en Indonesia, el Papa Francisco abordó un tema que toca fibras sensibles en la sociedad contemporánea: la baja natalidad y la creciente tendencia de algunas familias a optar por tener mascotas en lugar de hijos. Con su tono directo, Francisco denunció lo que llamó "leyes de muerte" que limitan los nacimientos.

Estas declaraciones coinciden con una tendencia global preocupante. En muchas partes del mundo, las tasas de natalidad han disminuido drásticamente en las últimas décadas. Según datos del Banco Mundial, la tasa de fertilidad global en 1960 era de 5 hijos por mujer, mientras que en 2020 esa cifra se redujo a 2,4 hijos por mujer. En Europa, la situación es aún más extrema. Países como Italia y España (igual que Chile) tienen tasas de natalidad por debajo de 1,3 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, que es de 2,1.

Esta caída en la natalidad tiene múltiples causas. El costo de vida, la inseguridad económica y la búsqueda de una mayor autonomía personal están influyendo en las decisiones de muchas personas. Además, los avances en la educación y la participación de la mujer en el mercado laboral han transformado las prioridades y expectativas sobre el futuro familiar. Por otro lado, la expectativa de vida ha aumentado de manera constante. En 1960, la esperanza de vida mundial era de 52,6 años. Hoy, es de 72,6 años. La creciente popularidad de las mascotas como sustitutos emocionales para muchas personas es interpretada por algunos, incluido el Papa, como un reflejo de la atomización social.

En última instancia, el verdadero desafío radica en encontrar un equilibrio que respete las decisiones individuales y las políticas públicas, mientras se promueve el bienestar de la humanidad y se asegura un futuro sostenible. No se trata solo de tener más hijos o de preferir mascotas, sino de cómo, como sociedad, enfrentamos las presiones demográficas y las expectativas cambiantes en un mundo cada vez más interconectado y diverso.

Este año tenemos un fin de semana XL, para disfrutar y celebrar Fiestas Patrias y como Gobierno con los servicios públicos, Carabineros y la PDI hemos preparado estrategias y un despliegue por la provincia El Loa, con el objetivo de brindar un 18 seguro a los habitantes del territorio.

En primera instancia, se identificaron sectores que pudiesen ser focos de delitos o accidentes de tránsito y con ello se elaboró un plan integral de fiscalización y control para afrontar estos cerca de diez días de festividades.

Por su parte, Carabineros con la tercera Comisaría de Control y Orden Público y el Escuadrón Centauro, ya programó servicios especiales en las rutas con controles preventivos y también dispondrá de un contingente especial para, quienes visiten las ramadas populares en Calama y San Pedro de Atacama. En este sentido, la Seremi de Salud también preparó un plan de fiscalizaciones para verificar que los alimentos que se estén comercializando no representen una riesgo para la población.

Asimismo, la Policía de Investigaciones pondrá énfasis en fiscalizaciones de situación migratoria y la Dirección del Trabajo, se preocupará de difundir y revisar que las y los empleadores cumplan con lo establecido en la ley con los feriados irrenunciables que deben brindar a sus trabajadores.

El plan 18 Seguro, será complementado con el operativo Tolerancia Cero que, trae desde Antofagasta la ambulancia SENDA, la cual aplica alcotest y narcotest a conductores.

Asimismo, los fiscalizadores del Ministerio de Transportes intensificarán sus controles en las rutas urbanas y carreteras, pero también, estarán en los terminales de buses junto a Carabineros fiscalizando la nueva normativa que permite vincular el equipaje a los pasajeros en los buses interurbanos, medida que busca evitar el traslado de drogas por esta vía y así tener detenidos en este tipo de procedimientos. Iniciativa que se le dio el vamos a inicios de esta semana.

Otra acción relevante y que se estrenará por primera vez en Calama, serán los "puntos morados" una iniciativa del Sernameg que buscan entregar resguardo y atender a las mujeres que sufran acoso y/o violencia en las ramadas y con ello garantizar su seguridad en estos espacios. Aquí los municipios, de Calama y San Pedro de Atacama serán clave, ya que son ellos quienes los implementarán.

En tanto, durante estos días se proyecta que cientos de personas dejen la provincia o se dirijan a la turística comuna de San Pedro de Atacama, es por ello que se ha proyectado un trabajo especial en las rutas de la provincia El Loa con el objetivo de evitar accidentes graves y/o fatales que puedan empañar las festividades. Para ello, Carabineros dispondrá de controles de velocidad y una acción de prevención para educar a las y los conductores. .

Es que, las y los chilenos queremos disfrutar de estas fiestas que serán muy prolongadas y es la obligación del Estado desplegar al máximo sus capacidades para lograr que sean seguras, pero independiente del esfuerzo que hagamos, se requiere también un esfuerzo de los ciudadanos que, festejen con autocuidado y responsabilidad siempre apelando a la prevención.

Miguel Ballesteros,

delegado presidencial provincial de El Loa

La seguridad pública en Chile y Antofagasta ha dejado de ser un tema secundario para convertirse en una preocupación central de la ciudadanía. A pesar de tener una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina, el país enfrenta un desafío creciente: la expansión del crimen organizado. La situación en la Región de Antofagasta, en particular, es crítica debido a su ubicación estratégica y la vulnerabilidad de sus fronteras.

A diferencia de las antiguas bandas delictivas que operaban de manera centralizada, hoy en día el crimen organizado funciona como un "holding" diversificado de actividades delictivas como el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de personas . En Chile, la tasa nacional de homicidios consumados el año 2023 se ubicó en 6,3 cada 100 mil habitantes, mientras que la región de Antofagasta en el mismo periodo registró una tasa de 8,3 víctimas por cada 100 mil habitantes. Si bien la región anotó una baja del 15,5% con respecto al 2022, está en el tercer lugar de asesinatos a nivel país, lo cual ha resultado en un aumento exponencial del temor. La Encuesta Barómetro Regional de Antofagasta reportó en noviembre del 2023 un índice de temor que ascendía a un 95 %.

Antofagasta es un claro ejemplo de cómo las organizaciones delictivas encuentran oportunidades en la debilidad de las fronteras y la falta de control. La región es utilizada como punto de entrada para el tráfico de drogas provenientes de Bolivia y Perú. En 2024, los decomisos de drogas en Antofagasta aumentaron un 170% en comparación con el año anterior, según un informe de la fiscalía regional. La vulnerabilidad de las fronteras, combinada con el flujo migratorio irregular, ha facilitado la infiltración de redes criminales, lo que ha generado una crisis de inseguridad, lo cual requiere una respuesta regional internacional coordinada.

Una de las principales recomendaciones es la necesidad urgente de fortalecer las capacidades de inteligencia y de investigación judicial. A pesar de que el país tiene una ciudadanía activa y unos medios de comunicación que no dudan en denunciar la criminalidad, las autoridades judiciales y policiales carecen de las herramientas adecuadas para enfrentar de manera efectiva a estas organizaciones.

Además, el sistema penitenciario chileno enfrenta grandes desafíos, un sistema colapsado que hace imposible la segmentación en su interior. En muchos casos, las cárceles se han convertido en centros de operación para las redes criminales, en lugar de ser instituciones de rehabilitación. Según un estudio de reincidencia realizado por Gendarmería el año 2019, la reincidencia general de la población egresada del sistema cerrado es alta, alcanzando al 42,9%. En varios países de la región, las prisiones están siendo utilizadas como centros de mando por organizaciones delictivas.

En conclusión, Chile enfrenta un momento crítico en su lucha contra el crimen organizado. La seguridad pública, especialmente en regiones vulnerables como Antofagasta, requiere no solo acciones reactivas sino políticas con un enfoque integral que combine inteligencia, cooperación internacional y una reforma del sistema penitenciario.