Desde hace varios años la educación superior se ha convertido en el foco de los énfasis de sucesivos gobiernos, lo que ha permitido que cientos de miles de jóvenes accedan a estas alternativas, pero claramente en desmedro de otras instancias educativas.

El esfuerzo materializado por Chile en las universidades, centros de formación técnica e institutos es muy importante, pero no se condice con lo obrado en edades más tempranas.

El presupuesto total de educación para 2023 llega a casi $14,1 billones (+4,6%), de manera que el Mineduc) está a cargo del 19,9% del gasto público total proyectado por el gobierno, de acuerdo a datos de Libertad y Desarrollo. Aproximadamente, el 20% de los recursos tienen por foco a los estudiantes y planteles superiores.

Al mismo tiempo, es efectivo que sigue siendo un esfuerzo insuficiente, sobre todo con los sectores de menores ingresos. En 2020, por ejemplo, el gasto en educación superior realizado por el Estado y por las familias chilenas llegó a cerca de US$ 6.600 millones, lo que representa alrededor de 2,6% del PIB en este período, de acuerdo a datos OCDE.

Chile es uno de los países donde las familias deben aportar más para educar a sus hijos.

No obstante, la situación observada en la educación preescolar, primaria y secundaria es aún más deteriorada y preocupante. Lo que puede revisarse en varios establecimientos de nuestra región así lo dejan en claro.

Lo crítico de lo anterior es que es en edades más tempranas donde debemos hacer el mayor esfuerzo y, hasta ahora, esto no parece nada claro.

Durante la reciente visita del Presidente Gabriel Boric a la región de Antofagasta, destacó una supuesta disminución en los homicidios y robos de vehículos, cifras que generaron dudas entre los ciudadanos y representantes políticos. Lo que el Mandatario describió parece muy lejano a la realidad que enfrenta el norte del país, en especial Antofagasta.

Como representante de la región, me parece necesario que se aclare lo que el Presidente mencionó ya que los datos oficiales del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros no coinciden con su relato. Según Boric, los homicidios habrían disminuido en más del 20% y los robos de vehículos en un 70%. Sin embargo, los datos proporcionados por STOP muestran que los homicidios no han disminuido de manera significativa y, en las últimas semanas, han aumentado un 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estas discrepancias generan confusión y, lo que es más grave, debilitan la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Aún más alarmante es el incremento del 225% en los casos de violaciones en la región, un problema que no puede ser ignorado. Además, los antofagastinos continúan siendo testigos de balaceras en zonas residenciales y otros actos de violencia que afectan su vida diaria. Esto contrasta drásticamente con el optimismo que mostró el Presidente.

Además, el descontrolado flujo de inmigración ilegal es otro factor crítico que agrava la inseguridad en el norte de Chile. Si bien muchos inmigrantes llegan en busca de una mejor vida, es innegable la conexión entre el narcotráfico, la trata de personas y la entrada de inmigrantes ilegales. En Colchane y Huara, el tráfico de personas es una realidad diaria. Este problema trasciende lo local, impactando al país entero.

Desde el Congreso he impulsado la tipificación del ingreso ilegal como delito, propuesta ignorada sistemáticamente por el gobierno. Mientras tanto, estamos debatiendo si implementar una zanja o barreras en las fronteras, pero la pregunta es clara: ¿Se están tomando las medidas correctas para frenar la inmigración ilegal? ¿Tienen las policías y el Ejército las herramientas necesarias? Además de la violencia física, enfrentamos una crisis de confianza. Muchas personas han dejado de denunciar delitos porque sienten que no obtendrán una respuesta efectiva. Un ejemplo recurrente es el de las fiestas clandestinas en sectores como Casa de Piedra, donde los vecinos soportan balaceras, ruido constante y posible tráfico de drogas y prostitución sin intervención policial.

Para diseñar políticas públicas efectivas, necesitamos basarnos en cifras claras y veraces, no en números que no reflejan la realidad. Minimizar los problemas -o acusar rencillas entre políticos- no traerá soluciones ni progreso. Si queremos enfrentar la delincuencia en Antofagasta, necesitamos compromiso y transparencia, reconociendo la magnitud del desafío.

Es urgente que el gobierno reconozca la verdadera situación de seguridad en la región y actúe en consecuencia. Los antofagastinos merecen vivir sin miedo y contar con autoridades que hablen con la verdad. Este es un llamado a rectificar, a basarse en datos reales y a tomar las medidas necesarias para devolver la tranquilidad a nuestras familias.

La seguridad ciudadana no se logrará con discursos complacientes, sino con acciones concretas, como el refuerzo de las policías, el endurecimiento de penas y políticas migratorias claras. Solo así podremos recuperar la confianza de la ciudadanía y devolver la paz a nuestras calles.