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COP29: ¿Qué son los mercados de carbono?, la llave maestra de la mitigación climática

ECONOMÍA. La compra-venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero apunta a la descarbonización a través de un cobro para aplacar las emisiones de CO2.
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El que "contamina paga". Esa es la premisa del comercio de emisiones que obliga a gobiernos y empresas a pagar por el CO2 vertido a la atmósfera, herramienta clave para la mitigacion climática cuya aplicación es extensa, aunque con aspectos pendientes de resolver en la COP29 para su plena implementación; ¿qué son los mercados de carbono?

La compra-venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero es el eje del funcionamiento de este mecanismo climático cuyo objetivo es estimular la descarbonización de la economía global mediante la mitigación de emisiones de CO2, principal gas causante del calentamiento global.

La asignación de un precio a las emisiones de carbono como moneda de cambio es un incentivo para animar a las compañías y gobiernos a reducir su contaminación.

Pero además los países y empresas pueden compensar parte de sus emisiones con acciones "verdes" fuera de sus fronteras mediante créditos de carbono. Existen proyectos de todo tipo, desde la reforestación que es el más habitual para absorber CO2, hasta la instalación de huertos solares, instalaciones eólicas u otras iniciativas de eficiencia energética.

La conferencia de la ONU sobre el clima, la COP29, que se desarrolla en Bakú, la capital de Azerbaiyán, hasta el 22 de noviembre, tendrá entre sus desafíos impulsar este tipo de mercados de carbono para combatir el cambio climático.

¿Cuáles existen?

Por un lado están los mercados de carbono regulados, dirigidos a gobiernos y grandes empresas que están sometidos a normas de obligado cumplimiento para la compra-venta de emisiones; entre ellos, destaca el sistema europeo, que fue pionero con su lanzamiento en 2005.

Por otra parte, están los mercados de carbono voluntarios de carácter flexible para entidades de menor tamaño que quieren compensar su huella de carbono. Su funcionamiento parte de la adquisición de créditos de carbono para financiar proyectos que absorben y capturan CO2.

A algunos compradores les preocupa que no haya reglas adecuadas ni transparencia, ni contabilidad rigurosa en estos mercados de carbono voluntarios para impedir que los países cambien los términos de los acuerdos o los revoquen.

Denuncian además problemas de contabilidad y desorden dado que tampoco existe un sistema sólido para garantizar que los créditos comprados y vendidos no se los apunten tanto los países compradores como por los vendedores.

¿Qué es el artículo 6?

El artículo 6 del Acuerdo de París insta a los países a cooperar para reducir sus emisiones de carbono; en virtud del mismo un país puede transferir a otro los créditos de carbono que haya obtenido mediante la reducción de sus emisiones. Esos créditos podrían generarse mediante proyectos aprobados que se lleven a cabo en ese país.

Existen dos mecanismos principales para que se lleve a cabo el comercio. En virtud del artículo 6.2, los países pueden establecer acuerdos bilaterales de comercio de carbono, y el 6.4 describe un sistema en que el comercio se implementa a través de un mercado de carbono respaldado por la ONU.

Este última opción nunca se había establecido adecuadamente, porque los países no lograban ponerse de acuerdo sobre sus normas. Sin embargo, justo en el arranque de la COP29 se ha aprobado respaldar la creación de dicho mercado de carbono de la ONU.

La decisión allana el camino para la puesta en funcionamiento del esperado mercado de carbono tal como está previsto en el artículo 6 del Acuerdo de París.

Además, hará más atractivas las transacciones para las empresas dado que cuentan con el respaldo de Naciones Unidas, al contrario de lo que ocurre actualmente en los mercados voluntarios de carbono donde las reglas de juego generan más inseguridad a los participantes.

Según la presidencia de Azerbaiyán, la creación del Mercado de Carbono de la ONU podría desbloquear flujos de inversión de 250.000 millones de dólares al año, lo que podría facilitar a los países el cumplimiento de sus respectivas contribuciones climáticas nacionales (NDC) que en cumplimiento de los acuerdos climáticos habrán de ser más ambiciosas.

Lavado verde

El "greenwashing" o lavado verde es una práctica extendida por la que las empresas buscan disfrazar acciones que presentan como "verdes", pero que no lo son tanto y que por otra parte, pueden ser incluso contraproducentes para el clima.

Amplios sectores científicos vienen reclamando vigilancia, supervisión y trazabilidad de las acciones en estos mercados de carbono voluntarios. Los expertos reclaman planificación y orden, no proyectos arbitrarios que muchas veces son abandonados sin monitorización, ni supervisión, ni seguimiento.

Es el caso, según denuncian algunos expertos, de determinadas plantaciones masivas de árboles en el sur global en países muchas veces sin apenas lluvias y desérticos en donde se crean bosques artificiales con la excusa de absorber CO2 pero que al no ser vigilados, muchas veces contribuyen a alterar los ecosistemas originarios.

Y lo peor es que a menudo acaban siendo pasto de las llamas de incendios, generando desertificación de terrenos y nuevas emisiones de CO2.

El plan que anunció Australia para obligar a las redes sociales a proteger a los usuarios

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El Gobierno de Australia anunció un plan para obligar a las plataformas digitales y las redes sociales a tomar medidas para proteger y velar por la seguridad de sus usuarios, especialmente a los niños, tras presentar hace días un proyecto de ley para impedir el acceso a los menores de 16 años.

"El deber de diligencia es un concepto de derecho consuetudinario y un requisito legal que impone la obligación de adoptar medidas razonables para proteger a los demás de cualquier daño", explicó la ministra australiana de Comunicaciones, Michelle Rowland.

Este plan incluye "sólidos mecanismos sancionadores" en caso de que las plataformas digitales -entre ellas Meta (Instagram, WhatsApp, Facebook), X o TikTok- contravengan gravemente su "deber de diligencia digital", precisó Rowland.

El llamado modelo del "Deber de diligencia digital" también contempla que las plataformas digitales realicen una evaluación periódica de los riesgos frente a los daños en línea, en concordancia con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea y de la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido.

"La armonización con países de ideas afines es un objetivo clave, porque los principios políticos que se aplican en todos los mercados, llegando a cientos de millones de usuarios, serán más eficaces para impulsar el cambio", precisó.

El plan -formulado tras una revisión independiente de la Ley de Seguridad en Línea de 2021 - se enmarca en la cruzada emprendida por el Gobierno del primer ministro, el laborista Anthony Albanese, para mitigar los problemas de salud mental y suicidios entre los niños.

Albanese y Rowland anunciaron la semana pasada que limitarán el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales en virtud de una propuesta de ley que ya habían anunciado en septiembre pasado.

Este proyecto de ley, que podría llegar al Parlamento en las próximas semanas y entraría en vigor doce meses después de ser aprobado, pone la responsabilidad de controlar el acceso en las redes sociales, aunque Meta considera que ésta debería recaer en las tiendas de aplicaciones.

"Junto con el deber digital de diligencia, esto creará un poderoso incentivo para que las redes sociales valoren la seguridad y el bienestar de los usuarios junto con los beneficios", acotó Rowland.

Australia ha adoptado desde principios de década una serie de medidas para obligar a las plataformas digitales a pagar a los medios del país por los contenidos periodísticos que publican o a retirar contenidos violentos como el apuñalamiento retransmitido en redes en una iglesia de Sídney en abril pasado de un obispo asirio.