Armas y crimen organizado
El aumento del 218% en la entrega voluntaria de armas es un avance alentador. Programas que promuevan esta práctica deben seguir promovida. Más allá de los decomisos, es imperativo invertir en prevención, educación y programas de reintegración social.
La incautación de 564 armas en la Región de Antofagasta durante 2024 es una noticia que refleja tanto avances como desafíos en la seguridad pública. Las cifras, entregadas por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), revelan un esfuerzo coordinado por enfrentar el tráfico y uso de armamento ilegal, pero también dejan entrever las complejidades del fenómeno.
El decomiso y recuperación de armas de fuego, de aire comprimido, fogueo, hechizas y adaptadas, así como municiones, muestra una diversidad preocupante en el acceso a estos elementos. Sin embargo, el incremento del 200% en la entrega voluntaria de armas destaca como un indicador positivo que no debe pasarse por alto. Esto refleja una mayor conciencia ciudadana sobre los riesgos asociados a la tenencia de armas y el impacto que estas pueden tener en la seguridad de las comunidades.
El problema de las armas ilegales está profundamente ligado a fenómenos como el narcotráfico, los robos y la delincuencia organizada. Las cifras entregadas por la PDI, que identifican a Calama como la comuna con más incautaciones (208 armas), resaltan cómo ciertos sectores enfrentan niveles de violencia más elevados. Esto exige políticas diferenciadas, adaptadas a las realidades locales, que combinen el control policial con programas sociales para abordar las causas subyacentes del delito.
La Región de Antofagasta ha dado pasos importantes en la lucha contra el tráfico de armas y el crimen organizado, pero el camino hacia una sociedad más segura aún es largo. La clave estará en mantener el equilibrio entre control policial y políticas sociales, garantizando que el miedo no defina el día a día.