Una de las exigencias más significativas que la ciudadanía manifiesta constantemente a las autoridades es abordar los problemas y dificultades que se presentan en torno a la seguridad pública en el país, incluyendo la necesidad realizar acciones efectivas para generar la reinserción social de quienes han infringido la ley.

Pero primero, debemos tener presente que la reinserción social es un proceso sistemático de acciones orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley penal. Estas acciones buscan abordar la mayor cantidad de factores que han contribuido al involucramiento de la persona en la actividad delictiva, con el objetivo de disminuir sus probabilidades de reincidencia y promover el cambio hacia conductas prosociales.

Es por ello, que nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha trabajado decididamente en esta tarea, instruyendo la implementación de una serie de iniciativas regionales que promuevan la reinserción social de la población penal adulta, y que requieren además potenciar acciones de coordinación intersectorial en materias como educación, a través de la Mesa de la Comisión Mixta de Educación, empleo con el Programa +R, y las mesas intersectoriales para la población beneficiada con libertad condicional o en proceso de eliminación de antecedentes penales.

Es así, que como secretarios/as regionales ministeriales hemos asumido un liderazgo en el desarrollo de éstas y el fortalecimiento del trabajo mancomunado que ha permitido una coordinación permanente con el intersector, para generar alianzas con la empresa privada para fomentar la empleabilidad, desarrollar actividades de sensibilización, alianzas y convenios con la academia y otros actores relevantes, además de acciones innovadoras en varios de estos ámbitos, produciéndose así, una coordinación sinérgica y con logros favorables para la población usuaria infractora de ley adulta.

Para concretar lo anterior, al iniciar 2025 se constituirá la Mesa de Coordinación Regional de Reinserción -liderada por esta Seremi-, aunando el funcionamiento de las materias antes señaladas para promover el trabajo intersectorial, generando el desarrollo de iniciativas que permitan contribuir a la integración social y laboral de la población infractora de ley.

Esta instancia convocará a representantes del intersector, del mundo empresarial, sociedad civil, donde además considera la ejecución del Plan de Trabajo 2024-2025 que contempla algunas materias como una evaluación de la tramitación del DL 409, levantamiento de necesidades de mano de obra y supervisión de la ejecución de la oferta de capacitación y nuevas estrategias de intermediación laboral, acciones de constitución, reactivación o continuidad de la comisión mixta regional de educación, orientada al desarrollo y fortalecimiento de la educación en contexto de encierro.

Nuestro Ministerio, en conjunto con Gendarmería de Chile trabajan permanentemente en ampliar la oferta programática para abordar la reinserción social, con enfoque en derechos humanos que pueda conciliar los intereses del sistema de justicia criminal, los de la sociedad civil y la seguridad pública, asumiéndola como un compromiso ineludible, de manera de superar aquellos aspectos sociales, económicos y personales que obstaculizan la participación en la sociedad de las personas que egresan del sistema penitenciario.

La incautación de más de dos toneladas de marihuana en un operativo conjunto entre la Fiscalía de Calama y Carabineros de OS7 no solo representa un hito en la lucha contra el narcotráfico, sino que también pone sobre la mesa desafíos urgentes en materia de seguridad pública. Con más de 20 toneladas de drogas decomisadas en la región durante 2024, los resultados son históricos, pero también nos obligan a reflexionar sobre la magnitud del problema.

El operativo desarticuló una banda criminal integrada en su mayoría por ciudadanos colombianos, quienes operaban con niveles de coordinación que evidencian la profesionalización del crimen organizado en el norte del país. Con vehículos adaptados para el transporte de drogas, armamento y municiones, esta estructura refleja la capacidad logística de estas redes, así como su peligrosidad.

El general Juan Francisco González Albornoz destacó que, a nivel nacional, Carabineros ha retirado más de 37 toneladas de drogas en 2024.

Este caso evidencia la diversificación del crimen organizado en Chile. Ya no se trata solo de redes locales, sino de estructuras internacionales con conexiones en distintos países. La presencia de ciudadanos extranjeros en estas organizaciones plantea la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y revisar las políticas migratorias para evitar que las fronteras se conviertan en puertas abiertas para el crimen.

El éxito de este operativo es innegable, pero no debe llevarnos a una falsa sensación de seguridad. La lucha contra el narcotráfico no se gana solo con incautaciones. Es necesario avanzar en estrategias integrales que incluyan prevención, rehabilitación y reinserción social.