Este 2025 puede ser un año histórico para la Región de Antofagasta en materia de inversiones, tanto privadas como públicas. Nunca hemos visto un escenario como este.

Se trata de cifras gigantescas, enormes en cualquier parte del planeta, del irse de los 100 mil millones de dólares, en distintos niveles de avance y desarrollo, pero todos deben concretar la tramitación ambiental exigida por la ley.

Se trata de un desafío inmenso para la autoridad y el sistema adhoc que deberá enfrentar el desafío de revisar proyectos mineros, de energía y otros, cada uno con sus propias complejidades y características.

A modo de ejemplo, no es lo mismo un parque eólico que uno solar y no es lo mismo un proyecto minero para producir cobre que uno de litio. No es lo mismo ejecutar una obra en Sierra Gorda que en San Pedro de Atacama, etc.

Ciertamente, cada estamento debe hacer lo que por ley le corresponde y eso implica celo en su desarrollo, pero también eficiencia en las respuestas, entendiendo que los inversionistas no esperan para siempre con su iniciativa, por cuanto, los negocios tienen ventanas de oportunidad específicas.

Esto es lo que explica el fenómeno que apreciamos en la Región: los altos precios del cobre, la electromovilidad, las transformaciones tecnológicas estructurales y la preocupación por el cambio climático, están empujando el desarrollo de nuevas formas de producir energía y una alta demanda por minerales estratégicos.

Ojalá que esto se entienda y que las empresas también sienten las bases para consolidar al territorio con sostenibilidad. Tal énfasis es lo que permitirá una mejor relación con la comunidad y una mejor respuesta de cara al futuro. La inversión debe hacer sentido a las personas y comprometerlas con que esto es bueno y justo para todos.

La Región de Antofagasta, con casi 700.000 habitantes, enfrenta una grave crisis habitacional que no solo se circunscribe a sus principales ciudades, Antofagasta y Calama, sino que también se extiende a todas las capitales provinciales y a los pequeños núcleos urbanos de la región. El auge minero ha encarecido el valor del suelo y estimulado la construcción de proyectos inmobiliarios para estratos de altos ingresos, mientras miles de familias quedan rezagadas en asentamientos precarios. Según el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de un Techo para Chile, casi 13.000 familias viven en estas condiciones. La Cámara Chilena de la Construcción (2023) estima la necesidad de al menos 37.000 viviendas para paliar el déficit, pero el Estado, con sus actuales herramientas, difícilmente logrará cubrir esta brecha en plazos razonables.

El alto costo del suelo, la especulación inmobiliaria y los subsidios insuficientes generan un círculo vicioso que dificulta la participación de inversionistas privados en proyectos de vivienda social. Por un lado, empresas inmobiliarias se inclinan hacia iniciativas con mayores retornos económicos, como edificios y condominios de gran valor. Por otro, las personas que habitan en campamentos se enfrentan a condiciones muy difíciles, con acceso limitado a servicios básicos como agua potable, electricidad y alcantarillado. A pesar de los esfuerzos de distintas instituciones, el traslado a viviendas sociales muchas veces implica ubicarse en zonas periurbanas alejadas de las oportunidades laborales y del equipamiento urbano, lo que no soluciona las necesidades reales de las familias.

Ante este escenario, se vuelve urgente una estrategia que articule esfuerzos públicos y privados, pues sin una coordinación sólida, el Estado carece de los instrumentos y la capacidad suficiente para resolver el déficit habitacional en plazos aceptables para las familias. Además de inyectar más recursos y agilizar la burocracia, el rol estatal debe fortalecerse con una gestión más activa de los terrenos fiscales, a través de Bienes Nacionales. La planificación temprana de espacios clave permitiría abaratar costos de suelo y asegurar localizaciones próximas a fuentes de empleo y servicios urbanos.

En paralelo, el Estado podría establecer normativas que obliguen a destinar un porcentaje de cada proyecto inmobiliario a viviendas de menor costo, promoviendo la integración socioeconómica y reduciendo la formación de nuevas zonas marginales. También, el mejoramiento progresivo de los campamentos, dotándolos de agua, alcantarillado y regularizando legalmente los terrenos cuando proceda, permitiría consolidar un tejido urbano más equitativo. De esta manera, el crecimiento económico de la Región de Antofagasta podría ir de la mano con el bienestar de las familias, sin reproducir la desigualdad que hoy evidencia la brecha habitacional.

Al finalizar un año, es imposible no hacer balances, para analizar lo bueno, lo malo y realizar los ajustes correspondientes para emprender con todas las energías en el nuevo año que comienza. Este 2025 lo iniciamos con buenas noticias, puesto que cerramos el año en la provincia El Loa con 533 casos menos de delitos de mayor connotación social, de estos los que presentaron más disminución fueron el robo violento de vehículo, el robo de vehículos y el robo de accesorios de vehículos. Asimismo, se logró un decomiso histórico de drogas que superó las 6 toneladas.

En esa misma línea, finalizamos el año con una tasa de detención que alcanzó el 19,6% esto significa que por cada 100 delitos que se cometieron, casi el 20% tuvo detenidos, esta cifra nos situó por sobre la media nacional.

En cuanto a drogas, en el recién pasado 2024 se logró el decomiso de 6 mil 300 kilos de diversas sustancias ilícitas, incautación avaluada en más de 18 mil millones de pesos, dando duros golpes al narcotráfico y al crimen organizado.

Además, en otras cifras relevantes podemos decir que se incautaron 179 armas, se denunciaron más de 600 personas extranjeras por ingreso irregular al país y se incautaron 2 millones de cajetillas de cigarros de contrabando.

Con estas cifras, damos cuenta que el trabajo se está realizando y las estrategias están funcionando dando resultados positivos. Y aquí, quiero detenerme para comentar que uno de los principales planes que tenemos en ejecución, específicamente en Calama, es el Plan Calles sin Violencia, el cual nos ha permitido implementar en la ciudad intervenciones focalizadas con Carabineros, así como también el trabajo de los detectives del Grupo de Investigaciones Especiales (GIE) de la Policía de Investigaciones y del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, tienen resueltos y con imputados conocidos todos los homicidios ocurridos este año, los cuales disminuyeron en un 53% en relación al 2023.

Ante esto, en este año que iniciamos reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando y continuar con fiscalizaciones intersectoriales, clausuras de locales clandestinos y ejecutando estrategias integrales que permitan coordinación entre todos los actores para seguir midiendo los objetivos y así, realizar los ajustes necesarios, con el fin de brindar más seguridad a los y los vecinos de la provincia El Loa.

Camila Cortés,

Delegada presidencial provincial de El Loa (s)