Chile colocará su Marina de Guerra en el nivel más poderoso que ha tenido en mucho tiempo, aseguró el vicealmirante Adolfo Walbaum Wieber, quien asumió la comandancia en Jefe de la Escuadra. Añadió: "Es honroso poder decir que la escuadra de 1975 estará constituida por unidades dotadas de armamentos muy modernos y agregar que esta es la más poderosa que hemos tenido en mucho tiempo".
La Ley 19.863 define como "gastos reservados" aquellos egresos que sólo pueden ser realizados por instituciones específicas, como la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Agencia Nacional de Inteligencia. Estos gastos están destinados al cumplimiento de funciones relacionadas con el orden público, la seguridad interna y externa, la inteligencia y contrainteligencia, y deben ser reservados o secretos por su naturaleza.
El monto de los gastos reservados se establece anualmente en la Ley de Presupuestos y se detallan en glosas específicas. Para el año 2024, se asignaron 11 glosas para estos gastos, alcanzando un total de $ 5.312.271.000 y US$ 3.524.000. Las Fuerzas Armadas utilizaron ambos tipos de moneda, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores sólo dólares, y el resto pesos chilenos.
El control de estos gastos está a cargo de la Contraloría General de la República y el Congreso. En cuanto a la Contraloría, existen tres mecanismos de control principales. Primero, las instituciones que manejan estos gastos deben emitir una resolución reservada, en la que se identifican las unidades operativas que los requieren. Este documento, y sus modificaciones, son enviados a la Contraloría, manteniendo siempre su carácter confidencial.
Segundo, la Contraloría recibe informes semestrales sobre el uso de los gastos reservados, acompañados de una declaración jurada que acredita el cumplimiento de los fines establecidos por la ley. Este informe debe ser firmado por el jefe de servicio y los responsables de las unidades operativas encargadas de los gastos. Por último, la Contraloría también debe analizar la información recibida y, en caso de detectar irregularidades, debe informar de manera secreta al ministro de Estado correspondiente.
En cuanto al Congreso, existen dos aspectos clave. Las instituciones que gestionan gastos reservados deben informar semestralmente, en sesión secreta, a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre el cumplimiento de los objetivos para los cuales se destinaron estos recursos, según lo establece la ley Nº 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado. Además, si se requiere modificar los montos asignados, deben ser informados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, con los fundamentos correspondientes.
Respecto a las sanciones, la transgresión al deber de guardar secreto en los informes es castigada con presidio mayor, en su grado mínimo a medio, y con la inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos, derechos políticos y profesiones. Además, si los gastos reservados se usan para fines distintos a los establecidos por la ley, se considera una falta grave a la probidad, lo que puede derivar en sanciones administrativas, civiles y penales. En caso de malversación de estos recursos, se puede aumentar la pena correspondiente.
Aunque los detalles de los gastos reservados se mantienen en secreto, los mecanismos de control son claros y están establecidos por la ley. Se espera que las autoridades actúen de acuerdo con las competencias y principios de probidad y transparencia que deben regir la gestión pública, ya que el secreto no es sinónimo de opacidad.
La historia de la joven cosmetóloga boliviana que encontró en Antofagasta una oportunidad para crecer y construir una vida es solo una muestra de la realidad migratoria que define a esta región. Con más de 128.000 migrantes residiendo en su territorio, Antofagasta se ha consolidado como un polo multicultural que refleja las transformaciones sociales de Chile en las últimas décadas.
Las cifras oficiales confirman esta realidad. Antofagasta es la segunda región con mayor presencia de personas extranjeras en Chile, representando el 6,7% de su población total. Más de la mitad de estos migrantes son mujeres, lo que subraya la importancia de analizar la migración desde una perspectiva de género. La mayoría de estas mujeres no solo trabajan, sino que también sostienen familias y aportan significativamente al tejido social y económico.
El informe del Servicio Nacional de Migraciones y el INE ofrece datos cruciales para comprender el panorama actual. El aumento del 12,2% en la población extranjera en la región entre 2022 y 2023, así como el crecimiento acumulado del 46,8% desde 2018, evidencia un patrón sostenido que demanda atención. Además, el alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes migrantes destaca la necesidad de fortalecer la educación y los servicios de apoyo para garantizar igualdad de oportunidades.
Antofagasta ya es una ciudad transformada por la migración. El desafío es continuar construyendo un espacio donde la diversidad sea celebrada y las oportunidades se multipliquen para todos, sin importar su lugar de origen, porque habrá que reconocer que problemas hay y muchos graves; no obstante, tener una migración ordenada es una necesidad.
El fuerte viento sur ha seguido dificultando los embarques de salitre en los puertos del norte. En Iquique y Caleta Buena, el trabajo portuario se ha tenido que interrumpir por la braveza del mar. En Pisagua y Junín no hay naves, porque debieron salir de las bahías, temiendo que se acentuara el temporal de viento. En Tocopilla se habían reanudado algunos embarques de salitre, pero con flojedad.