Es peor
La fallida compra por parte del estado de lo que fue la residencia del presidente Allende muestra, como en un resumen, los niveles de torpeza a que han llegado algunos funcionarios gubernamentales.
Para advertirlo basta revisar algunas reglas.
Desde luego, la constitución prohíbe a un ministro celebrar contratos con el estado, y establece que un senador o diputado que celebra ese tipo de negocios jurídicos cesará inmediatamente en su cargo.
Lo complicado del caso -decir complicado es una manera eufemística de decir escandaloso- es que el contrato fue celebrado, es decir, concurrieron ambas partes y prestaron su consentimiento según consta en la escritura pública suscrita el treinta de diciembre que se encuentra ya incorporada en el protocolo o registro público bajo el número 95.512. En ella comparecen como vendedoras mediante un representante, entre otras, la ministra Fernández y la senadora Isabel Allende, y como comprador el Fisco de Chile mediante un funcionario del Ministerio de Bienes Nacionales. Que lo hagan mediante un representante por supuesto no las excusa puesto que la ley (artículo 1448 del Código Civil) dispone que los actos del representante producen respecto del representado "iguales efectos que si hubiese contratado él mismo".
Es decir, el contrato se perfeccionó, puesto que prestaron su consentimiento ambas partes ante un notario cuya presencia hace plena prueba de que las partes manifestaron su voluntad (artículo 1700 del Código Civil). Ese instrumento hace plena fe contra los declarantes según lo establece ese mismo artículo.
Es decir, en esa escritura pública consta una flagrante violación de las reglas constitucionales que podría ser conocida por el Tribunal Constitucional. Para declarar esa infracción, el perjuicio institucional que causa y el efecto que le sigue (nada menos que la cesación en el cargo de la ministra y la senadora) existe acción pública en el caso de la ministra Allende, o un requerimiento de al menos diez diputados en ejercicio en el caso de la senadora. El asunto se agrava más todavía si se tiene en cuenta que en el derecho vigente se dispone que "nadie puede alegar ignorancia de la ley" (artículo 8 del Código Civil) agregando el artículo 706 del mismo Código que "el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario".
El resultado de todo esto es que la ministra, la senadora y el ejecutivo han actuado de mala fe -según las reglas lo establecen- sin que pueda proveerse una prueba para demostrar lo contrario (puesto que el artículo 706 ubicado en el libro de los bienes establece una presunción de derecho) ¿Formalismo excesivo? Sí, pero en eso consisten las reglas: ellas prescriben formas de obrar de las que la conducta (al margen de los motivos que la animen) no puede apartarse. Y este error de derecho configura una indudable mala fe a la luz de las reglas.
¿Cómo es posible que se haya llegado a este extremo de torpeza y descuido en el manejo de los asuntos de estado? ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto que, no vale la pena ocultarlo, da vergüenza ajena? ¿Cómo explicar que quienes tienen a su cargo hacer valer la constitución y las leyes las ignoren, no sepan de qué se trata, ni ellos ni los abogados que los asesoran?
Muchas veces se han excusado los errores en que el ejecutivo ha incurrido recordando que se trata de personas carentes de experiencia, de manera que habría que aceptar que aprendiesen de sus propios errores. El mismo presidente ha reconocido, en una de sus varias autocríticas (interrumpidas por los variados tropiezos que le brindan la oportunidad de excusarse de nuevo) que es necesario aprender.
Pero en este caso no es inexperiencia, no es falta de tiempo para habitar los cargos, no es falta de comprensión de los críticos, no es la falta de apoyo de la oposición.
Es peor.
Es pura ignorancia.