Willy Briceño Romero

La Fiscalía de Calama acogió por segunda vez la solicitud para ampliar por 90 días más el proceso de investigación en el caso por violación que involucra a excadetes de Cobreloa, y de mantener las medidas cautelares de prisión preventiva para todos los implicados en la denuncia del hecho acontecido en septiembre del 2021.

Han transcurrido más de 200 días, desde que el 3 de mayo del año pasado la Fiscalía de Calama formalizó a nueve excadetes de la sub-21 de la escuadra naranja. Además, en la ocasión, a petición del Ministerio Público, los imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, y se dispuso un plazo inicial de investigación de 120 días.

Posteriormente, se amplió la investigación en 90 días más, el 4 de octubre, y recientemente se volvió a aplicar esta misma medida. Algo que resulta fuera de plazo, a decir de uno de los abogados que defiende a uno de los involucrados en este hecho (Rivaldo Hernández), Gustavo Menares, quien manifestó que "nos hemos encontrado con un Tribunal que ha vulnerado bastante las garantías del imputado, en resoluciones bastante contrarias a derecho. Una de las garantías más importante que tiene un imputado privado de libertad es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Es decir, que esto no se dilate en el tiempo, ya que goza de la garantía de presunción de inocencia, que es una regla de trato y de prueba".

Fuera de Plazo

Es así, como relató que "el día 6 de enero estaban convocados los intervinientes para apercibir al Ministerio Público para el cierre de la investigación", ya que explicó que el 4 de octubre del 2024 el Tribunal le concedió una ampliación a la Fiscalía del plazo de investigar de 90 días, que venció el 2 de enero del 2025. "Es decir, que la investigación estaba vencida, y dentro de esos días la Fiscalía no pidió aumento de plazo. La Fiscalía pidió aumento de plazo el 3 de enero, es decir, fuera de plazo con la investigación ya vencida", puntualizó al respecto.

Asimismo, planteó que esta solicitud debió ser rechazada por esta fuera del plazo. "No obstante ello, haber sido la petición efectuada fuera de plazo, y no obstante los imputados están privados de libertad, el Tribunal accedió a una nueva ampliación por 90 días, lo cual es absolutamente arbitrario e ilegal", donde aseguró que un derecho se extingue por no efectuarlo dentro del plazo, y que se debió cerrar la investigación, y abrir paso a la etapa intermedia de preparación del juicio oral, y posterior desarrollo del mismo, que de no haberse aprobado la ampliación podría haberse realizado en marzo de este año.

De igual manera, detalló que la Fiscalía no dio lugar a la sustitución de la medida de cautelar del imputado, ya que solicitaron cambiar por arresto domiciliario total en consideración a la irreprochable conducta anterior, y que el defendido no interactuó con la víctima, aunque residía en la vivienda en donde acontecieron los hechos.

Queja contra magistrado

Además, aseguró que la resolución de no cambiar la medida cautelar va a ser objeto de apelación, y el tema de la ampliación de la investigación vencida "va a ser objeto de queja en contra del magistrado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta", la que ingresarán mañana de acuerdo a las normativas que vulneran los derechos de los imputado, tal como la presencia del abogado en el proceso.

Una instancia similar aplicará la defensora de Cristóbal Saravia, Marcela García, quien indicó que "se hizo mención además por esta parte y por otras codefensas que en definitiva que esta causa, que si viene cierto tiene un período de formalización de mayo del año pasado, y que el Ministerio Público tiene dos años para investigar por ley hasta que se cierre esta investigación. No es menos cierto que esta investigación ya tiene un promedio de tres años de investigación , sumado el plazo de formalizado, donde el Ministerio Público hizo diversas diligencias de investigación, donde se entiende, por lo tanto, que desde esa fecha las personas que están siendo imputadas tenían la calidad porque había una investigación dirigida en su contra".

"Al momento de discutirse el plazo, esta defensa hizo mención al Tribunal, al juez que vamos a presentar un recurso de queja porque está actuando en contra de derecho, en definitiva, que el plazo judicial se encontraba vencido y que el Ministerio Público no había solicitado la ampliación de plazo dentro de lo que correspondía. Esto es antes que venciera el plazo de investigación", expuso la defensora.

De acuerdo a lo manifestado por ambos defensores, la solicitud de la ampliación del período de investigación acontece en el día 92, y no como planteó el Tribunal en el 89, donde solicitan la certificación del Ministro de Fe . "Está pendiente la presentación de recursos de queja a fin de invalidar toda esta situación que claramente vulnera los derechos de las personas privada de libertad, y el debido proceso en todo sentido sumado a la medida cautelar más gravosa".

"No obstante los imputados están privados de libertad, el Tribunal accedió a una nueva ampliación por 90 días, lo cual es absolutamente arbitrario e ilegal".

Gustavo Menares, Abogado Defensor

"Pendiente la presentación de recursos de queja a fin de invalidar toda esta situación que claramente vulnera los derechos de las personas privada de libertad".

Marcela García, Abogada Defensora