Antofagasta compite con Santiago, Concepción y La Serena, 91.000 personas que trabajan en la Región viven en una de estas ciudades, debemos transformarla, cambiando su estructura que hoy genera segregación y pobreza por su baja densidad y sus largos recorridos, necesitamos inversiones en obras que incrementen la accesibilidad a las oportunidades urbanas, a través de la regeneración urbana, promoviendo la densificación en equilibrio con el espacio público, la movilidad sustentable, la cercanía a los servicios. Lograr una economía diversificada que genere nuevos empleos superando nuestra economía extractiva, que cada vez se relaciona menos con el territorio. Desarrollando nuestro borde costero que es su más importante activo al recorrer todo el largo de la ciudad y nos relaciona con la naturaleza, es nuestro espacio público natural. Hacer de Antofagasta una ciudad cohesionada socialmente y con una economía y medio ambiente sostenible, en una palabra atractiva para vivir.

Por esta razón, la relación público-privada es relevante, por la adición de capitales privados a las inversiones públicas en infraestructuras.

Se ha logrado concretar en la ciudad infraestructuras de gran tamaño con la Ley de Concesiones del MOP, como el Aeropuerto Andrés Sabella, el Hospital Regional y la Cárcel en el Nudo Uribe.

En el año 2003 se promulga la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC) con su reglamento, que permite a los SERVIU y Municipalidades celebrar con terceros contratos de participación destinados a la adquisición de bienes o a la ejecución, operación y mantención de las obras urbanas a cambio de una contraprestación consistente en otorgar derechos sobre bienes muebles y/o la explotación de uno o más inmuebles u obras.

A través del FUC se podría construir estacionamientos subterráneos, centros de salud, colegios, jardines infantiles, veredas, parques y otros. Se trata de iniciativas de menor escala donde la Ley de concesiones no es el instrumento más adecuado.

Otra posibilidad es invitar a Desarrollo País S.A. o Fondo de infraestructura S.A., sociedad anónima del Estado dedicada a impulsar proyectos de infraestructura en Chile, con una mirada a largo plazo, contribuyendo al desarrollo del país, puede acceder a distintas fuentes de financiamiento, lo que forma parte de su flexibilidad y oportunidad.

Otra, hacer alianzas asociativas con las dos empresas públicas que tenemos en la Región; Econssa, que tiene como rol dar solución a la crisis hídrica y aportar al mejoramiento sanitario y la Empresa Portuaria Antofagasta, con múltiples roles desde el desarrollo logístico hasta el turístico, pudiendo ambas empresas concretar infraestructuras habilitantes, posibilitando nuevas actividades económicas e infraestructuras, además tienen el potencial de acceder a financiamiento internacional con bajos intereses y largo plazo.

El reciente anuncio del Gobierno sobre una reducción de $7.064 millones en el presupuesto del Ministerio Público ha generado una oleada de críticas en un momento especialmente delicado para la seguridad pública en el país.

Este recorte, que forma parte de un ajuste global de $544 mil millones para el presupuesto fiscal de 2025, es comprensible por los menores ingresos de años mediocres en este ámbito, pero ciertamente también pone en tela de juicio las prioridades del Ejecutivo en el combate contra el crimen organizado y la protección de la ciudadanía.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, no ocultó su preocupación respecto al impacto de esta decisión. Entre los ámbitos afectados se encuentran la seguridad de los fiscales, el mantenimiento de las fiscalías, estudios sobre el impacto de las actividades del Ministerio Público, y la adquisición de herramientas informáticas para el análisis criminal. Estos elementos son fundamentales para garantizar el funcionamiento efectivo de una institución que, según Valencia, ya opera "bien ajustada" con los recursos disponibles.

Un punto particularmente controvertido es que esta rebaja afecta a una institución que actúa como eje en las investigaciones que involucran a Carabineros, la PDI y Gendarmería, cuerpos cuyos presupuestos no se han visto alterados.

El recorte al Ministerio Público no solo es difícil de justificar, sino que también envía un mensaje preocupante sobre el compromiso del Estado con la seguridad y el fortalecimiento institucional. En tiempos de incertidumbre y aumento del crimen, garantizar el pleno funcionamiento de las fiscalías debería ser una prioridad ineludible.